• 26 junio, 2008

Las movilizaciones sociales, ¿amenazan la estabilidad o representan el sentir ciudadano? Según nuestro columnista, la clave está en diferenciar el derecho de reunión con un escenario de presiones donde ronca el más fuerte. Por Ricardo Solari. 
Las movilizaciones sociales, ¿amenazan la estabilidad o representan el sentir ciudadano? Según nuestro columnista, la clave está en diferenciar el derecho de reunión con un escenario de presiones donde ronca el más fuerte. Por Ricardo Solari.

En los últimos meses hemos visto recrudecer distintas formas de presiones, manifestaciones y movilizaciones, por diversas motivaciones pero –en lo principal– destinadas a conseguir beneficios de la caja fiscal abultada por la marcha alcista del precio del cobre. Es el crecimiento de las expectativas, que hace tiempo se avizoraba en el país, en medio del debate sobre las desigualdades y los mínimos éticos. También pesa fuerte un nivel mayor de incertidumbre local y global que, con razón, se apropia de las personas y de los grupos sociales.

Las movilizaciones sociales son una temática compleja en la memoria de Chile. El país ha vivido en su historia, como una gran tensión, la acción de grupos sociales organizados. Algunas de éstas, como el paro camionero en el gobierno de Allende y las protestas sociales contra Pinochet, fueron signos evidentes del bloqueo del sistema político. ¿Estaremos cerca de una situación de ese tipo, por cierto en un contexto distinto, con dificultades para procesar al interior del sistema democrático la complejidades de la sociedad?

Al entrar en el tema, lo primero que se percibe es la dificultad de parte de todos los actores, medios de comunicación, instituciones y partidos políticos, de analizar estos fenómenos con alguna pretensión de objetividad e, incluso, de serenidad Como ejemplo, para algunos las manifestaciones mapuches son, básicamente, actos subversivos; para otros, son legítimas acciones de protesta ante distintas formas de exclusión. Pero al revés, si los transportistas –agobiados por el precio del petróleo– bloquean carreteras, están expresando una reivindicación razonable, a juicio de los mismos que cuestionan el accionar mapuche. Ello, aunque estos bloqueos vulneren gravemente el Estado de Derecho. Doble estándar que no debería sorprendernos, porque este modo de proceder pareciera ser parte del código genético de la chilenidad.

Es evidente que las movilizaciones de hoy no tienen la belicosidad del pasado. Es evidente que en ellas la influencia partidaria es de mucha menor intensidad y que no tienen la magnitud ni la duración de ayer. Recuerdo de mi infancia en los 70, en plena democracia, huelgas del magisterio, de la salud, que duraban meses, con manifestantes muertos y seguidas de paros nacionales que, efectivamente, interrumpían toda forma de actividad en el país. Incluso las Fuerzas Armadas, bastante antes del 73, se subieron al carrusel de las movilizaciones reivindicativas.

Todas las democracias desarrolladas permiten formas de expresión, movilizaciones y marchas. En las últimas semanas, en toda Europa han ocurrido fuertes manifestaciones exigiendo políticas que enfrenten la escalada de precios del petróleo.

Pero la convivencia de la democracia con la movilización social es posible y se completaría con un funcionamiento institucional adecuado, bajo determinados y categóricos requisitos. La cuestión consiste en diferenciar los legítimos derechos de reunión y manifestación, versus la constitución de un escenario de presiones donde ronca el más fuerte; en que la autoridad no consigue respaldo para que el país funcione y donde, al final, el sistema político no es capaz de debatir los asuntos de la sociedad y se transforma en apenas una caja de resonancia de diversos grupos corporativos. Cautivo de los grupos de interés, en democracia, es impensable cualquier posibilidad de propulsar proyectos nacionales relevantes.

Afortunadamente, hay muchos dirigentes sociales y gremiales en Chile que defienden, incluso a costa de la impopularidad, el valor del diálogo por sobre las medidas de fuerza. El Parlamento hasta la fecha ha podido realizar su labor, en una lógica, en lo esencial, de independencia y autonomía. Y el gobierno, en el balance final, ha logrado las más de las veces mantener la ruta. Es claro que no se han tomado grandes riesgos, pero se ha rechazado explícitamente el camino del populismo y la inmediatez.

En Chile, la duda relevante tiene que ver con la creciente pérdida de la legitimidad de las instituciones democráticas. Las últimas encuestas son muy duras y revelan una gran distancia de los ciudadanos respecto del Parlamento y de los partidos. Las peleas electorales de los últimos meses deben haber acentuado esa imagen. Y esa imagen es el capital esencial que tienen las instituciones para operar en representación el interés general sobre el caso particular. Por eso son tan claves el proceso de fortalecimiento de nuestras instituciones y construir un consenso nacional para revitalizarlas. En el caso del Chile actual, una condición indispensable para un sólido crecimiento futuro.