Condenado a 14 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, el ex zar antidrogas de Bolivia, René Sanabria Oropeza, era considerado un policía ejemplar en su país. De origen humilde, llegó a convertirse en un poderosísimo general, cuya caída complica al gobierno de Evo Morales y salpica al de Chile: su novelesca captura partió con una trampa tendida en Arica por el OS-7 de Carabineros y la DEA. Esta es la historia. Por Fernando Vega.

  • 7 octubre, 2011

Condenado a 14 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, el ex zar antidrogas de Bolivia, René Sanabria Oropeza, era considerado un policía ejemplar en su país. De origen humilde, llegó a convertirse en un poderosísimo general, cuya caída complica al gobierno de Evo Morales y salpica al de Chile: su novelesca captura partió con una trampa tendida en Arica por el OS-7 de Carabineros y la DEA. Esta es la historia. Por Fernando Vega.

Ni mansiones, ni mujeres ni autos de lujo. Su más de metro ochenta de estatura, su morena cara de hombre serio, su amplia sonrisa y su intachable hoja de vida profesional eran lo más lejano a la imagen de un narcotraficante. De andar pausado, sobrio de modales y comentarios bien medidos, René Sanabria Oropeza, el ex zar antidrogas de Bolivia, era uno de los policías más respetados de su país. Hasta que una operación que partió secretamente en Chile lo desenmascaró como el capo de un cartel internacional.

El 23 de septiembre pasado el tribunal federal del sur de Florida, en Estados Unidos, lo condenó a 14 años de prisión por haber integrado una banda que importó cocaína a ese país. La dura sentencia fue pronunciada por la jueza Ursula Ungaro, la misma que condenó al ex dictador y narcotraficante Manuel Antonio Noriega, de Panamá, y a un sobrino del ex dictador Anastasio Somoza, de Nicaragua. Además de Sanabria, su amigo y socio Marcelo Foronda Acero fue sentenciado a 9 años de reclusión.

El ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) era uno de los más estrechos colaboradores del presidente boliviano, Evo Morales. De 58 años, llegó a ser el general más destacado en la lucha antidroga de todos los que habían pasado antes por ese mismo puesto.

Narcotraficante sin alias, Sanabria provenía de una humilde familia campesina de seis hermanos de la zona de Tumusla, al sureste de Bolivia. A los 19 años se trasladó a La Paz para convertirse en policía.

En la escuela policial se granjeó fama de tipo duro, pero justo. Egresó en 1977 y desde entonces no paró de ascender hasta llegar a general. En su carrera sólo figuran aciertos. Fue profesor de Investigación Antinarcóticos en la misma academia y, paradójicamente, hasta jefe del tribunal de disciplina de la institución, sancionando a uniformados involucrados en hechos delictuales.

Buen conocedor de Chile y de su policía, amante de la buena mesa y del buen whisky –el que sólo bebía con moderación, aseguran–, Sanabria fue condenado como líder de una organización criminal que internó 144 kilos de cocaína a Miami en 2010.
Casado y padre de cuatro hijos, destacaba por su alta capacidad de trabajo. Durante su gestión se produjeron gigantescos decomisos de estupefacientes y dinero de las principales bandas narco de Bolivia. Ello le permitió ganarse la confianza de diversas autoridades, que veían en él a un hombre íntegro. En febrero de 2010 fue invitado a formar parte del nuevo centro de inteligencia nacional, desde donde –se sospecha–obtuvo valiosísima información sobre las redes de narcotraficantes y las facilidades que había para exportar cocaína a los mercados de Estados Unidos y Europa.

Su caída significó un duro golpe al gobierno boliviano, pues puso en tela de juicio la credibilidad de su política antinarcóticos. Y también salpicó al Ejecutivo chileno, debido a que en su detención colaboró secretamente el OS-7 de Carabineros en conjunto con la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

Enterado de los hechos, Morales se enojó. Acusó directamente al gobierno chileno de deslealtad por no haberle advertido sobre la investigación y posterior operación en contra de Sanabria. “Si había una investigación, ellos (Chile) podían informarnos. Qué interés habrá detrás de eso; espero que no sea de carácter geopolítico o una especie de agresión política, que siempre busca Estados Unidos”, declaró.

Incluso la penúltima semana de septiembre, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Evo Morales acusó a Estados Unidos –país con el que rompió la colaboración antidrogas en 2008– de “usar políticamente al narcotráfico para implicar a líderes antiimperialistas”.

Una trampa en Arica

Al contrario de lo que pasa con otros capos de la droga, Sanabria era un hombre muy conocido por las policías de casi toda América. Con su trato directo y sus éxitos investigativos había participado en varios seminarios y encuentros relacionados con la lucha contra el narcotráfico en el continente.

De hecho se le consideraba como a uno de los mejores alumnos de la DEA, de la cual recibió numerosas capacitaciones. En círculos policiales se asegura que más de una vez se pensó incluso que podría ser un agente de esa entidad.

En los 45 minutos que duró la audiencia, a partir de las 10.05, la jueza Ungaro fue cada vez más dura. El general lloró y pidió perdón. Pero no hubo caso. Le dieron 14 años.

Es por ese factor que hoy muchos no se explican cómo cayó tan fácilmente, en una historia plagada de errores ingenuos. Tampoco “cuadra” por qué estaba asociado delictualmente a Marcelo Foronda, un conocido reducidor de autos robados de Bolivia. Por lo mismo, se dice que su arresto –sin pegar un solo tiro– también podría ser consecuencia de la delación de alguno de sus colegas o de un pacto con las autoridades. Otras versiones apuntan a que Sanabria temía por su vida y se dejó atrapar.

Pero lo concreto es que la detención de quien supuestamente combatía a las mafias fue fruto de un acuerdo entre el OS-7 y la DEA.

Todo partió a comienzos de agosto de 2010, cuando uno de los agentes de la entidad estadounidense aseguró que existían indicios claros de que Sanabria era uno de los peces gordos del envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, a través de Arica.

Tras conseguir una orden para investigar por parte del fiscal de Arica, Jorge Valladares, el OS-7 inició las maniobras para desenmascarar a Sanabria. Bajo estricto sigilo y simulando la realización de un seminario de capacitación en Iquique, más de 20 agentes de la institución fueron traslados a la ciudad nortina. Sólo conocieron la magnitud de la operación a medida que ésta avanzaba.

Y es que existía el temor de la policía chilena y de la DEA de que Sanabria y sus socios reconocieran a alguno de los efectivos chilenos o que el inusual movimiento de agentes encendiera las alertas en el norte.

Pero el 19 de agosto René Sanabria cayó en la trampa. Quiso viajar personalmente desde La Paz a Arica para cerrar el trato con los que suponía serían los nuevos clientes que le traía su amigo Foronda. Junto al coronel Milton Sánchez Pantoja, comandante de la policía sur de La Paz, se embarcó en la noche en un Pullman Bus, para no despertar sospechas. A la mañana siguiente ya estaba en el centro de la ciudad chilena.

A eso de las 11 de la mañana del día 20, Sanabria y Pantoja llegaron en taxi al hotel que habían fijado para concretar el negocio. Allí los esperaba un matrimonio que supuestamente era parte de una nueva red narco en Miami. Lo que no sabían los policías era que esa pareja la conformaban dos agentes encubiertos del OS-7.

Las conversaciones fueron grabadas completamente y enviadas como prueba a la fiscalía estadounidense. En ellas se puede oír a los involucrados hablando del negocio y de las futuras compras. Sanabria afirmó tener contactos para recolectar y proteger la coca en su tránsito hacia Chile. Se hicieron, incluso, el tiempo para almorzar y tomarse unos vasos de whisky.

Cerca de la 5 de la tarde los bolivianos se marcharon con el trato cerrado: 144 kilos de cocaína a 75 mil dólares. La droga entraría por camión a Arica dentro de un contenedor cargado con minerales y desde allí se iría por barco hacia Miami. De adelanto recibieron 50 mil dólares, plata que fue provista por la DEA.

Su suerte ya estaba echada. La noche del sábado 21 de agosto Sanabria tomó el bus de vuelta a Bolivia. Hasta ahí, la operación era un éxito. Pero faltaba lo principal: la cocaína. La DEA quería juzgar al general en Estados Unidos por importación de drogas. Y sin pruebas, no había delito.

El 27 de septiembre el contenedor ingresó a Chile. Dentro de un camión, atravesó por el paso Chungará y siguió por la carretera internacional hasta entrar al puerto. Allí comenzó una de las etapas más de delicadas de la vigilancia: como el container no saldría hacia Miami muy pronto, existía el riesgo de que fuera abierto por ladrones en busca de especies, o por otras bandas que quisieran quitar la droga.

Nada de eso ocurrió y el 4 de octubre de 2010 el contenedor fue cargado en el navío Esther Schulte. Demoró casi un mes en llegar a Estados Unidos, donde fue confiscado secretamente por la DEA. Sanabria estaba feliz con la aparentemente exitosa operación. La droga ya había llegado a puerto.

Un par de meses después, volvió a recibir un llamado telefónico del matrimonio para concretar un nuevo negocio: 2,8 toneladas de coca a 5,6 millones de dólares.

Las negociaciones, eso sí, se cerrarían en República Dominicana. Los supuestos narcos chilenos invitaron a Sanabria y a Foronda junto a sus mujeres a un resort en la isla. El plan consideraba un vuelo con escala en Panamá.

Su caída

El jueves 24 de febrero, a las 4 de la mañana, los Sanabria y los Foronda abordaron en el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el avión Copa que los llevaría a República Dominicana.

Pero sólo llegaron a la escala en Panamá. La decisión de apresarlos allí y no en el destino final vino de la DEA. La explicación fue que una operación de esa naturaleza era más favorable en el istmo que en medio del Caribe.

A las 8 de las mañana, nada más verlos bajar del avión, los agentes comandados por el director de la policía panameña, Gustavo Pérez, los detuvieron. Ni un solo tiro. Inmediatamente fueron entregados a la DEA y enviados a Miami.

Su suerte ya estaba echada. La noche del sábado 21 de agosto, Sanabria tomó el Pullman Bus de vuelta a Bolivia. Hasta ahí, la operación era un éxito.

Mientras tanto, en Bolivia varios policías que serían parte de la red fueron capturados y el presidente Morales reclamó a Chile por no haber sido informado. Por si fuera poco, el ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter, destacó el éxito de la operación.
Recluido en el Federal Detention Center (FDC) de Miami, Sanabria estuvo varios meses como un preso más de Estados Unidos, levantándose a las 6 de la mañana para acostarse a la 21.30. Sólo recibía la visita de su abogada Sabrina Vora-Puglisi, mientras que en Bolivia su familia defendía su inocencia y el caso era aprovechado por la oposición de ese país en contra de Morales.

En las primeras diligencias que siguió la justicia de Estados Unidos se incautaron sus cuentas, las que sumarían cerca un millón de dólares. Clave fueron las pruebas aportadas desde Chile, entre las que figuran más de cuatro horas de grabación. Hasta ahora ningún chileno ha sido llamado a declarar, lo que demostraría la calidad de las evidencias.

Según el director del OS-7, general Christian Fuenzalida, ello muestra “el profesionalismo del personal especializado del OS-7 reflejado en la aplicación de técnicas investigativas del más alto nivel. Sobre todo, con la calidad, calificación y nivel de confianza que se nos entregó de parte del órgano persecutor norteamericano”.

Asegura que fue “todo un desafío” y que actualmente se encuentran en curso varias investigaciones, tanto con la DEA como con otras entidades antidrogas. No todas de la misma envergadura, eso sí.

En junio pasado, Sanabria se declaró culpable ante la Fiscalía Federal del Distrito de Florida de enviar la coca a Estados Unidos. Mientras oía los cargos –que incluían contactos criminales con organizaciones de América Central y del Sur y lavado de dinero– pidió un calmante para los nervios. El altivo general se había tornado obediente y sumiso. Tenía, además, la esperanza de negociar una pena menor a cambio de entregar más antecedentes sobre las actividades del narcotráfico en su país. Pensó que era un buen seguro, pero la condena del viernes 23 de septiembre le indicó lo contrario.

En los 45 minutos que duró la audiencia, a partir de las 10.05, la jueza Ungaro fue cada vez más dura. El general lloró y pidió perdón. Pero no hubo caso. Le dieron catorce años.

Su abogada intentó convencer a la magistrada de que su cliente merecía sólo nueve años de prisión, porque –argumentó– el general no organizó ni mucho menos lideró el negocio. Pero le fue mal. No le quedó otra que anunciar que apelará en los próximos días.

Mientras, en el gobierno de Evo Morales respiraron tranquilos. Según se comentaba en las esferas políticas, en Palacio Quemado se temía que el ex jefe antinarcóticos lanzara diversas acusaciones.

Sin embargo, para muchos el caso está lejos de cerrarse. El diputado opositor Adrián Oliva es uno de ellos: “esta investigación va a generar una serie de consecuencias en el país y fuera de él. Va a ser fundamental que el gobierno actúe de manera diligente en una investigación dentro del país”, adelanta.

Por estos días, la justicia anti droga de Bolivia ha procesado a otras 13 personas por el mismo caso. Entre ellas, Lourdes Nava, la mujer de Sanabria. Y las investigaciones siguen: se busca entre sus bienes la existencia de posesiones que demuestren su enriquecimiento ilícito.

Al estilo de los grandes capos.