• 1 diciembre, 2011

El mercado no es perfecto, tampoco el Estado. Por eso son vitales las alianzas público-privadas para disminuir la brecha de ingresos y aumentar la movilidad social.
Tenemos un país desigual, qué duda cabe. Las diferencias que existen entre las zonas urbanas y las rurales, así como entre la Región Metropolitana y la de la Araucanía, por ejemplo, son abismantes. A la vez, si usted tuvo la suerte de nacer en una de las comunas más ricas del Gran Santiago debiera vivir en promedio seis años más que si hubiera nacido en una de las comunas más pobres. Y para qué decir sobre el nivel de acceso a bienes y servicios.
La inequidad también está presente en los ingresos. De acuerdo a las cifras de la CASEN, una persona que pertenece al 10% más rico recibe ingresos que son 17,7 veces mayores que si fuera del 10% más pobre. Si uno tomara el ingreso de los hogares y los ajustara por los subsidios monetarios que entrega el Estado, entonces el 20% más rico se lleva un 54,6% de los ingresos totales del país, mientras que el 20% más pobre sólo un 4,6%.
En términos de empleo no mejoramos mucho. Tal como aparece en el libro escrito por Andrés Velasco y Cristóbal Hunneus Contra la desigualdad: el empleo es la clave (2011), una mujer que pertenece al decil 10 (más rico) tiene 3,6 veces más probabilidad de trabajar que si perteneciera al decil 1 (más pobre). Mirando los ingresos del trabajo, la brecha de 17,7 veces mencionada en el párrafo anterior aumenta a 55,8 veces.
Hay algunos que creen que la desigualdad es positiva porque entrega incentivos para que las personas se esfuercen, y en un modelo económico capitalista esto se debiera traducir en mayores ingresos. Otros piensan que en un país como Chile, donde un alto porcentaje de la población considera que las personas que tienen bajos ingresos es porque son flojos o bien por vicios (alcoholismo o drogadicción), hace sentido la existencia de desigualdad para premiar el esfuerzo.
Como en todas las discusiones, existe la otra cara de la moneda. Aquella que dice que la desigualdad es un problema por temas éticos/morales y que las sociedades desiguales reducen los niveles de confianza y legitimidad que requiere el mercado para funcionar. También se mencionan los efectos negativos que tiene ésta sobre las tasas de crecimiento y sobre las tasas impositivas que existen en los países.
Dada la coyuntura actual en nuestro país, pocos defenderían a rajatabla que la desigualdad es positiva. Algunos “extremistas” podrían hacerlo justificando su existencia siempre y cuando tengamos movilidad social. Aun así, la defensa es compleja porque, como menciona Larry Summers en su columna del 20 de noviembre en el Financial Times, la movilidad social no se da fácilmente.
De acuerdo a un informe de la OECD sobre educación, para Chile las noticias sobre movilidad tampoco son positivas: “los colegios a los que van jóvenes de familias acomodadas tienen consistentemente mejores tasas de graduación de la educación media que los de bajos ingresos que van a escuelas públicas, lo que se traduce en mayor acceso a la educación superior y por lo tanto mejores oportunidades en el futuro”.
Si a eso lo sumamos el hecho de que, aun cuando la cobertura en educación universitaria ha crecido de manera considerable, la brecha entre el primero y el quinto quintiles no ha disminuido como uno creería entre 1990 y el año 2009 (según datos CASEN). Y eso que dicha brecha no está corregida por la probabilidad de graduarse o por el tema de acceso a educación universitaria de calidad.
El informe del Latinobarómetro 2011 es claro cuando reconoce que la “inmovilidad social de los pobres es lo más peligroso que tiene la región en el sentido de constituir una fuente infinita de violación a los derechos básicos de todo ser humano”.
Por todo lo anterior y muchas otras cosas, la desigualdad sí importa. Tenemos que avanzar en materia de crecimiento económico, pero no a costa de dejar de lado las políticas sociales y la redistribución. En esto, el gobierno tiene un rol que cumplir: el mercado no es perfecto. Pero también lo tienen las empresas. Las alianzas público-privadas que se puedan hacer para disminuir de una vez por todas la desigualdad y aumentar la movilidad social deben ser fomentadas y bienvenidas por todos.