Por José Ignacio Ovalle Yrarrázaval, socio Barros y Errázuriz La reciente dictación de la Ley Nº 20.791 sobre afectaciones de utilidad pública ya está haciendo sentir sus negativos efectos. No sólo en la industria inmobiliaria –bajo la perspectiva de los desarrolladores– sino que respecto de las personas en lo que normalmente constituye su principal activo, […]

  • 17 Septiembre, 2015

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