• 21 septiembre, 2010


Ya es evidente que la dificultad para enfrentar los temas laborales no es una responsabilidad de la autoridad sectorial. Eso sería simplificar las cosas. Lo que se percibe en el gobierno es una completa falta de decisión de abordar el conjunto.


La disputada aprobación de los feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio, en medio de la algarabía del bicentenario, ha sido un episodio más en la dispersa discusión laboral del país. Al calor de los discursos encendidos a favor de los derechos de los trabajadores y a propósito del desastre de la mina San José, parecía que se asumía de verdad esta asignatura pendiente.

Pero el conflictivo cierre de la iniciativa legal del descanso del fin de semana ratifica que el debate sigue disperso, sin ningún hilo conductor, acentuando un espiral de desconfianza y bloqueo.

Las fuerzas políticas oficialistas y el presidente argumentaron contra la creación de comisiones especializadas en las pasadas administraciones, bajo la simplificadora consigna de “soluciones, no comisiones”, señalando que lo que habría que hacer es resolver los temas y no discutirlos y menos, diagnosticarlos. Pero a contrapelo de esas convicciones, el gobierno de Piñera ya ha creado dos grupos de expertos en menos de seis meses para abordar problemáticas específicas.

El primero, del cual este columnista fue integrante, fue la comisión Mujer, Trabajo y Maternidad, constituida para atender la demagógica propuesta de la campaña de Sebastián Piñera, reiterada en el mensaje presidencial del último 21 de mayo, de extender el actual post natal de tres a seis meses. El segundo, la comisión de Seguridad y Trabajo, fundada para estudiar reformas a las normas que promueven la prevención y la reducción de accidentes laborales. Se entiende que el real sentido de la formación de esta segunda comisión ha sido el absorber, en parte, el fuerte impacto nacional provocado por el derrumbe en la mina de la tercera región.

En otra arista de la cuestión laboral, el jefe de Estado, el 21 de mayo pasado, manifestó con enfáticas expresiones su intención de enfrentar el problema de las múltiples razones sociales con que muchas empresas se han organizado con el objetivo de eludir responsabilidades. Respecto de este tema, llamado de los multirut, muchos entendidos han planteado que el asunto se resuelve modificando el concepto de empresa vigente en el Código de Trabajo, para evitar así abusos a derechos colectivos e individuales. El Ejecutivo hasta hoy no ha aclarado su estrategia y, pese a su mutismo o ambigüedad, la rutina de la marcha legislativa ya consiguió que una moción del diputado Sergio Aguiló fuese aprobada en la Cámara de Diputados y avance exitosamente en el Senado, transformándose cada vez más en un dolor de cabeza para el gobierno.

A estas alturas, ya es evidente que esta dificultad para enfrentar los temas no es esencialmente una responsabilidad de la autoridad sectorial. Eso sería simplificar las cosas. Lo que se percibe en el gobierno es una completa falta de decisión de abordar el conjunto. Y por eso cada específica situación se transforma en una batahola. Y cada vez con menor participación de los actores sindical y empresarial.

Esta realidad la explican dos factores.

Uno de ellos es la obsesión del presidente por escapar al mito del gobierno amigo de los empresarios. Pero no hay duda de que el presidente es empresario y prácticamente todos sus amigos lo son. Por tanto, esta preocupación presidencial no tiene remedio. La otra es la prioridad del gobierno por su popularidad. Y la verdad es que los temas del trabajo son muy importantes, pero son difíciles, generan contradicciones y no son glamorosos. No están en la primera línea de las encuestas.

Pero el análisis de los datos (rotación laboral, productividad, tasas de participación, remuneraciones) exige una reflexión sistemática. Es cierto que tenemos bajas tasas de desempleo y esa es una buena noticia. Pero no hay que olvidar que estamos viviendo en un período de rebote luego de una dura crisis y que el INE estrenó este año una nueva metodología en su encuesta de empleo, que expande la condición de ocupados en todas las categorías. Por tanto, sólo a partir de los próximos años podremos comparar realmente la capacidad de creación de empleo de nuestra economía en este ciclo.

El gobierno tiene el deber de proponer una reflexión organizada y constructiva en esta área. Sin temor. Porque la discusión de los temas del empleo y del trabajo no debe ser por siempre puntual, conflictiva y circunstancial.