• 12 marzo, 2008

 

Si las cosas se han complicado, no es porque se hayan hecho bien. Y si no se reconoce eso, el panorama puede ser muy sombrío para el futuro.

 

En un estudio del CEP realizado en mayo de 2006, ante la pregunta de si usted se siente mapuche, chileno o una mezcla de los dos, el 38% de los mapuches antepuso su ancestro a la nacionalidad. Una proporción similar, 37%, dijo sentirse mapuche y chileno al mismo tiempo. El 15% se autodefinió como mapuche primero y chileno después y sólo el 7% puso los factores en su debido orden al considerarse chileno primero y mapuche después.

Más allá de los cambios tal vez marginales que puedan haber experimentado tales percepciones desde entonces, estas cifras configuran en cierto modo la cancha sobre la cual habrá de trabajar el Comisionado para Asuntos Indígenas recientemente designado por la presidenta Bachelet. Se calcula que son alrededor de un millón los chilenos que se reconocen en la etnia mapuche y que, de ellos, poco más de 600 mil son urbanos. La población rural no supera el 40% y está concentrada principalmente en las regiones de la Araucanía (25,6%), de Los Lagos (10,3%) y del Bío-Bío (2,8%). Otro dato revelador a este respecto es que la gran mayoría de quienes se consideran mapuches, el 73%, se siente plenamente integrada a Chile. El 23% dice estar integrado sólo parcialmente y el 3% expresa no estar en absoluto integrado.

Por cierto, ninguna de estas cifras es muy coherente con el clima de radicalización y violencia que se ha generado en los últimos meses en la zona de la Araucanía por culpa –como creen los más cándidos– de la represión policial y de la satanización de los medios y por obra –como suponen los más suspicaces– de la acción de grupos exaltados que se valen de la causa mapuche para enfrentar y complicar al sistema.

En cualquier caso, por mucho que lo que haya estado ocurriendo no sea enteramente nuevo (tomas de tierras, incendios de predios, atentados a camiones), sí pareciera estar recrudeciendo y generando problemas complejos de orden público. Ya hubo una muerte este año, la de un joven que se encontraba en una situación de abierta ilegalidad, participando en terreno privado en un intento de toma premunido de elementos contundentes. Las cosas no terminaron ahí y, temeroso de que se complicaran más, el ministerio del Interior por otro lado decidió estirar un tanto la cuerda para conceder beneficios penitenciarios a una activista condenada por Ley de Seguridad Interior del Estado y que se encontraba en huelga de hambre.

Si no se reconoce que detrás de todo hay un serio entredicho, cuando no un rotundo fracaso de las políticas que han seguido los gobiernos de la Concertación respecto de la cuestión mapuche, muy condicionadas por los planteamientos que viene haciendo desde hace años un hijo del presidente Aylwin, José Aylwin Oyarzún, lo más probable es que la situación siga agravándose. Las declaraciones que ha formulado hasta ahora el comisionado presidencial, exaltando todo lo que se ha hecho en este ámbito, lo muestran más interesado en cubrirles las espaldas a los gobiernos anteriores, a todos los cuales ha servido con ejemplar lealtad, por lo demás, que en buscar vías razonables para descomprimir el conflicto y facilitar una genuina integración a la sociedad chilena de los pueblos originarios.

No se requiere gran sagacidad para reconocer que difícilmente tal integración se producirá algún día si, más allá de combatir la discriminación, lo que está muy bien, y de apurar el pronto reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios a nivel constitucional, lo que tal vez sea necesario, el gobierno termina abrazando las falacias del multiculturalismo, que ya han fracasado en medio mundo. Este enfoque asume una completa neutralidad del Estado en el plano cultural frente a prácticas y conductas de grupos étnicos particulares que pueden terminar comprometiendo la identidad nacional y el carácter de la sociedad chilena. Hay un fuerte debate en estos momentos sobre estos asuntos en Europa, y sería lamentable tomar opciones de las que muchos países ya vienen de vuelta.

Para los mapuches, los cinco mayores problemas que el gobierno debería solucionar prioritariamente son pobreza, empleo, educación, salud y delincuencia. Nada muy distinto de las prelaciones del resto de los chilenos. Los mapuches creen sí muy importante el tema de la recuperación de tierras ancestrales. Por supuesto, también habrá que transparentar qué ha ocurrido a este respecto en los últimos 18 años. No está claro cuánto se ha recuperado, en qué condiciones se han hecho estas operaciones ni cuál es el destino que han tenido estas tierras. El dato es parte de una miseria mayor: la opacidad y nula evaluación que tienen las políticas públicas en Chile