Por Florencio Bernales Romero, socio Cariola Diez Pérez Cotapos y Trinidad Torres Etcheberry, asociada senior Cariola Diez Pérez Cotapos.

  • 29 agosto, 2019

Han transcurrido diez años desde el “debut” de la figura de la Delación Compensada en materia de Libre Competencia, donde se ha constituido en una importante herramienta en el combate de la colusión, la que principalmente afecta a consumidores de bienes y servicios. Durante este tiempo, la Delación Compensada se ha ido incorporando en otros cuerpos legales; uno de ellos es la Ley 21.000 que creó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), introduciendo importantes modificaciones al Decreto Ley 3.538 que regulaba la antigua SVS; lo cual, pese a ser en principio positivo, deja algunas dudas en cuanto a su forma de aplicación, algunas de las cuales se esbozan a continuación.

El Decreto Ley 3.538 en su artículo 58 se refiere a la Colaboración del Presunto Infractor (Delación Compensada); en síntesis, señala que quien se autodenuncie ante la CMF como autor de una conducta sancionable y aporte antecedentes para su acreditación, puede acceder a la reducción de la multa que le sería aplicable.

En ciertos casos, esta reducción será de “hasta” un 80% o “hasta” un 30%, y en otros incluso de un 100%; en este último caso (reducción de un 100%) si la infracción es, además, constitutiva de delito penal, la pena respectiva se reducirá en uno o dos grados, pudiendo incluso obtener la extinción de su responsabilidad penal si los antecedentes aportados permiten descubrir determinados delitos de la Ley de Mercado de Valores, además el infractor deberá contribuir efectivamente a la investigación y declarar como testigo cuando lo requiera el Ministerio Público. La norma no aclara a quién corresponde decidir la procedencia de estos beneficios en materia penal, ¿a la CMF o al juez del crimen? O ¿en qué momento el infractor tendrá certeza de que estos beneficios penales le han sido definitivamente otorgados? Más aún, cuando se conceda la reducción de la pena –no su extinción– ¿el infractor tendría entonces la condición de imputado y, en tal caso, no podría presentársele como testigo por parte del Ministerio Público?

Respecto a la rebaja de la multa, también nos parece que se dota de una excesiva discrecionalidad a la CMF, la que puede recorrer a su voluntad todo el rango de reducción de la multa, por ejemplo, desde 1% a 80%, y después determinar su monto sin mayor explicación ni fundamento. Será necesario, entonces, que la Comisión justifique cabalmente por qué aplica una determinada reducción y no otra superior, toda vez que los actos de la administración pública deben ser suficientemente fundados.

Por otra parte, es preciso aclarar que una cosa son los beneficios de la Delación Compensada y otra los criterios contemplados en el artículo 38 del Decreto Ley 3.538 para la determinación del rango y monto específico de las multas, entre los cuales se encuentra la colaboración que el infractor haya prestado a la CMF antes o durante la investigación que determinó la sanción. Al respecto, entendemos que este criterio deberá aplicarse siempre en todos aquellos casos en que exista Delación Compensada, de modo que el infractor obtendrá la rebaja propia de la Delación y, además, la del artículo 38. Esto será relevante en los casos en que la rebaja otorgada al delator no sea del 100%.

La Delación Compensada tiene la base para ser un mecanismo completamente exitoso, pero es necesario revisar su implementación para que esta herramienta sea aún más eficiente y atractiva para quienes pretendan valerse de ella. Lo que hemos visto hasta la fecha es positivo, pero todavía transita por un camino “en formación” que requiere de requisitos objetivos e información precisa al menos de los beneficios para quien se autodenuncia, particularmente en cuanto a la rebaja de las penas.