• 23 enero, 2009

 

Es evidente que la inevitable tensión entre actividad productiva y medio ambiente se verá acrecentada en esta etapa.

 

Nos hemos acostumbrado a escuchar que la protección del medio ambiente y las exigencias asociadas a la competitividad y al desarrollo económico son incompatibles. Cuando afirmar aquello resulta políticamente incorrecto, se recurre entonces a la idea de que las cuestiones ambientales son parte de un catálogo de valores propio de países más desarrollados que el nuestro. Chile tendría que preocuparse prioritariamente de crecer. Luego vendría el tiempo de preocuparse del medioambiente. No es necesario ser adivino para prever que los argumentos en esa dirección se verán fortalecidos en lo que queda de una crisis económica que aún tiene largo camino por recorrer.


Me parece un error.


La protección del medio ambiente ya no es una opción. Es una condición esencial para asegurar estándares de calidad de vida básicos para nuestra población, permitir a nuestra economía insertarse exitosamente en el mundo y reconectar a los chilenos con su democracia.


Pero tampoco podemos ser ciegos. Es evidente que la inevitable tensión entre actividad productiva y medio ambiente se verá acrecentada en esta etapa. Por eso debemos anticiparnos a construir acuerdos técnicos y políticos en aquellas materias en que esta tensión pueda ser atenuada y canalizada positivamente.


Por ahora, planteo sólo tres cuestiones en esta dirección.


El primer desafío es superar el provincianismo que nos hace creer que nuestras decisiones y conductas como país sólo nos competen a los chilenos. Eso no sólo es infantil sino, además, irresponsable. Cuando los delegados a la Conferencia ONU sobre Cambio Climático se reúnan a fines de año en Copenhagen, definirán regulaciones que afectarán nuestra oferta de productos y servicios. No nos engañemos. Aun cuando esa conferencia termine en punto muerto, es sólo cuestión de tiempo para que nuevas y más estrictas exigencias en materia de emisiones de carbono entren en vigor. Y cuando ello ocurra, ¿alguien podría sostener seriamente que los países más desarrollados que constituyen mercados de destino para nuestros productos, aquellos que diseñarán y se someterán a estas mayores exigencias, no las harán también efectivas respecto de Chile? Esto, obviamente, sin mencionar el próximo ingreso de nuestro país a la OECD.


Conocer y adaptarse a este “entorno regulatorio global” será una exigencia central de los próximos años.


En segundo lugar, es indispensable abordar cuanto antes la debilidad normativa del sector. Contrariamente a lo que pudiéramos creer, lo que se ha multiplicado en el país no es la regulación ambiental propiamente tal, sino que las decisiones administrativas sectoriales con impacto ambiental. Es lo que un abogado experto en materias administrativas definía como una regulación “episódica”.


En buen chileno, eso significa que lejos de construir un piso de regulación consistente y técnicamente sustentable, lo que tenemos es una gran variedad de instituciones públicas que siguen dictando normas con impacto ambiental sin ninguna exigencia de coherencia o coordinación. El resultado es lamentable desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y también lo es desde el punto de vista de la actividad económica. El proyecto de ley que reforma la institucionalidad ambiental busca enfrentar parcialmente esta cuestión, pero es insuficiente. Finalmente, el debate ambiental no podrá eludir las exigencias crecientes por participación ciudadana. Cuando uno de cada cuatro proyectos aprobados o en tramitación en el Sistema de Calificación Ambiental presenta algún conflicto con la comunidad, la señal es demasiado potente. La principal advertencia aquí es que eludir este tema, apostando a resolverlo caso a caso, sólo puede resultar más caro para quienes quieran emprender e inútil para proteger el medio ambiente.


Aún más: eludir el debate en torno a la participación ambiental es un camino seguro a aumentar el distanciamiento de las personas con su democracia y con el valor de lo público y la política. Es obvio. Las personas exigen cada vez más del sistema político, y mientras esperan trabajo y condiciones laborales adecuadas, también demandan que sus familias crezcan y se desarrollen en un ambiente sano.


A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, los chilenos debemos comenzar a debatir sobre estas cuestiones. Ellas no serán sólo importantes durante la crisis. Se trata, probablemente, del que será uno de los debates centrales durante las primeras décadas de este siglo: cómo potenciar nuestra capacidad productiva protegiendo la calidad de vida de las personas y el entorno en que vivimos.