El 9 de mayo del 2017, Donald Trump despidió a James Comey, el director del FBI que, hasta entonces, era más conocido por haber anunciado, dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016, que había recibido nueva información que lo había obligado volver a investigar a Hillary Clinton. Para los demócratas, esto implicaba una interferencia directa en el proceso electoral. Pero para Trump, una vez instalado en la Casa Blanca, Comey se había convertido en un problema. Se había negado a declarar su lealtad absoluta, y el FBI continuaba su investigación sobre el papel que jugó Rusia en las elecciones. La sospecha de que Trump estaba intentando obstruir una investigación federal llevó al subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, a nombrar un Fiscal Especial para investigar todo el asunto. Después de casi dos años, ese fiscal, Robert Mueller, ha entregado su informe.

La responsabilidad de Mueller fue determinar si Rusia o agentes rusos tomaron medidas para intentar alterar el resultado de las elecciones a favor de un candidato en particular (sí); si la campaña de Trump estuvo dispuesta a recibir esa ayuda (sí); si dicha colaboración fue parte de un complot premeditado (no se pudo establecer); si el candidato mismo estuvo al tanto de todo (sí); y si el presidente o su equipo tomaron medidas para evitar que todo lo anterior se supiera públicamente (sí).

Trump desde un comienzo lo negó todo y logró instalar en el discurso la idea de que el objetivo de Mueller era comprobar la existencia de colusión. Pero como indica el informe, la colusión no es un término usado por el código penal estadounidense. Según la especialista en contrainteligencia, Asha Rangappa, la Casa Blanca usó una técnica rusa conocida como control reflexivo, en que se instalan conceptos en el debate público para luego manipular la respuesta.

Si la colusión no es un delito, la obstrucción de la justicia sí lo es. Mueller se niega a acusar al presidente de dicho crimen porque se apegó a dos opiniones legales del Departamento de Justicia (una de la época de Nixon y otra de la época de Clinton) que señalan que no se le puede imputar crímenes a un presidente en ejercicio, pero el informe describe en detalle el proceso de obstrucción. Mueller sostiene que “aunque este informe no concluye que el presidente cometió un crimen, tampoco lo exonera”. Sin embargo, para el actual fiscal nacional, William Barr, como no hubo colusión, cualquier intento de ocultar los contactos de la campaña de Trump y Rusia no constituyen obstrucción. 

El informe aún no se divulga completamente, pues se publicó con muchas partes tachadas. Lo omitido dice relación con otras investigaciones que aún continúan, en particular por parte del fiscal del Distrito Sur de Nueva York (fans de la serie Billions sabrán que eso implica la investigación de delitos financieros posiblemente cometidos por parte de Trump, su familia y sus asociados). En otras palabras, aunque la investigación de Mueller haya finalizado, aún queda mucho por descubrir, y posiblemente más imputaciones.

Lo anterior nos lleva a tres conclusiones.

Primero, un país vio su democracia corrompida debido a los esfuerzos de otro país. Rusia quiso interferir en la elección y lo logró. Y como los beneficiados ahora controlan el sistema, no ha habido ninguna reacción por parte del estado afectado.

Segundo, Mueller describe en detalle los esfuerzos por parte del presidente de los Estados Unidos, sus hijos, sus asociados y la Casa Blanca por ocultar la verdad, o, en términos legales estadounidenses, por obstruir la justicia. El fiscal Mueller no imputó al presidente, pero al decir que es el Congreso el que tiene el derecho de aplicar la ley “a todas las personas, incluyendo el presidente”, le ha pasado la pelota al Poder Legislativo.

Efectivamente, la obstrucción de la justicia es un delito por el cual el presidente podría, o debería, ser censurado (impeachment). Recordemos que a Bill Clinton lo censuraron por haber mentido sobre su relación con Monica Lewinsky (pero al final el Senado no lo condenó). Lo descrito en el Informe Mueller es mucho más serio que lo que se le imputó a Clinton.

Lo que lleva a la tercera conclusión. La censura presidencial no es (solamente) un proceso legal, sino más bien político, y en el escenario actual, es uno que no les conviene ni a los republicanos ni a los demócratas. Estos últimos saben que no tienen los votos en el Senado para remover a Trump, y que, a diferencia del caso de Nixon, los republicanos no se darán vuelta la chaqueta por miedo de perder el apoyo de su base. Los demócratas tampoco quieren convertir a Trump en un mártir, y prefieren hacer campaña en 2020 en contra de un presidente debilitado que en contra de un Mike Pence legitimado.

Pero como todo proceso político, el impeachment también manda señales políticas. El experto constitucional Laurence Tribe, que anteriormente se oponía a este, ahora lo apoya. El Congreso tiene el deber, escribe Tribe, “de ofrecer una luz de principios y valores democráticos al pueblo estadounidense”. Aunque no sea exitoso, el Congreso debe señalar que no es cosa de simplemente aceptar el comportamiento de Trump, tal como lo han hecho durante décadas sus padres, sus profesores, sus ex esposas, sus hijos, sus socios de negocios, sus ministros y ese 30% del electorado que lo apoya por una razón u otra.

Si Trump no logró más en sus esfuerzos por ocultar los hechos, es porque las instituciones y las personas no se lo permitieron. El hecho de que el proceso electoral haya sido hackeado y que el sistema no pueda responder, ni esté dispuesto a asegurar que lo mismo no ocurra en futuras elecciones, representa un grave deterioro de la institucionalidad norteamericana.

Mueller deja en evidencia la crisis, pero aún falta mucho para poder resolverla.