• 21 septiembre, 2010


Es la nueva presión social. Los actores se ven impelidos a entrar al juego y conocer sus reglas. Todos quieren sentirse integrados, nadie quiere quedarse en la sala de espera.


La imagen puede ser para tiritar: en una tarde fría de invierno las redes sociales se activan y se movilizan contra la aprobación del proyecto Barrancones. En pocas horas, miles de personas se toman el centro de Santiago. Otros tantos hacen lo mismo en varias ciudades del país. El resultado: el proyecto queda en jaque mate. Esa misma semana, la Anef se empecina y gatilla un nuevo paro del sector público –en 2009, estos paros alcanzan cifras similares a las de 1973–; dirigentes sindicales mineros dicen que las cosas no van a ser como antes y advierten a las empresas que se preparen; las comunidades de Totoral, ante la amenaza que le atribuyen a la termoeléctrica Castilla, se toman una mañana sabatina en Copiapó y copan el centro con más de mil simpatizantes; y lo que parecía ser una huelga de hambre más termina por comerse la agenda pública, dejando al descubierto las debilidades de la política indígena de la Concertación. Así, después de experimentar un momento de gloria, el gobierno de Piñera vive su minuto de mayor presión social.

Al parecer, las personas creen que las cosas se juegan en la calle, en el pronunciamiento individual, en la adscripción a nuevas causas. El que no llora, no come.

¿Es el fantasma de la ingobernabilidad, que por algunos años se atribuyó a la eventualidad de un gobierno de derechas, el que está surcando los cielos del país? ¿Hay un estado de conflictividad tal que las personas creen que estamos frente a un escenario de sostenida ingobernabilidad?

En absoluto. No hay ningún espanto social: para las personas es natural lo que está pasando. Es parte del contrato público que se estableció durante la campaña que llevó a Piñera a La Moneda.

Por años, el negocio de la Concertación consistió en asegurar gobernabilidad, capacidad para gestionar a los grupos de interés, regular expectativas y confiar en que el sacrificio tendría compensación: más temprano que tarde todos podrían subirse al tren del bienestar, de la modernidad. Hoy, con la Concertación alejada del gobierno y sin una oposición que contenga o guíe los diversos intereses, las personas se han liberado. Junto con desdramatizar el conflicto, han visto una oportunidad. En efecto, en un gobierno impulsado por los principios de las oportunidades, la individualidad entra al mercado y su posición se juega todos los días. Así, todos queremos ser más performáticos, ir más rápido, mejorar la capacidad de adaptación y cumplir el mejor rol posible en cada escenario que se nos presenta. Y esto es extensible a los sindicatos, a los intereses corporativos, o bien, a los intereses de las minorías sociales o culturales.

Es la nueva presión social. Los actores se ven impelidos a entrar al juego y conocer sus reglas. Todos quieren sentirse integrados, nadie quiere quedarse en la sala de espera. Nadie va al sacrificio. Hay más voluntad ganadora pero, sobre todo, más necesidad de controlar sus propias vidas, recuperar poder y obtener más autonomía; en consecuencia, más apertura a la negociación y a la obtención de resultados. Pero todo tiene un límite. Detallo dos situaciones:

La nueva forma del uso del espacio público. Hoy, la relación con lo público es sin duda menos intensa –menos ideológica–, pero no por ello menos auténtica. Ante la crisis de la política, las personas instalan el valor de lo público en otro ámbito, menos institucional, y apuestan por espacios de confianza. Paradojalmente, la menor participación en partidos políticos y en la política en general no genera una involución hacia lo privado. Por el contrario, todos quieren ser más públicos: nada más ejemplificador que el uso de las redes sociales. Hoy, las personas encuentran sus ámbitos de confianza, se exhiben y reinventan un espacio propio en lo público. Desde allí presionan, ponen en juego su voz, pero sin tener que sentir que se están jugando la vida.

La nueva relación entre las empresas y las comunidades. Barrancones apostó a estar muy bien con un sector de la comunidad y eludió –o no pudo alcanzar– un acuerdo con el otro. Un asunto es tener grupos resistentes y otro es trabajar con una comunidad dividida. Haber desconocido este aspecto fue lo que hizo insostenible la viabilidad del proyecto. Dividir para reinar, tratar de pasar piola, apostar al bajo perfil, son tretas que están claramente en retirada. Hoy, la conflictividad se enfrenta, no se elude: una comunidad organizada, y que sabe a dónde quiere ir, es un grupo social que siente que tiene capacidad de negociación, que favorece la colaboración; en definitiva, que busca beneficios para su gente. Las empresas que generan impacto en sus entornos van a tener que aprender a entrar en estos procesos de diálogo y desarrollar nuevas habilidades de relación, si quieren demostrar que son un aporte a las comunidades en que se insertan.

Hoy, definitivamente, no tiene valor patear la mesa. Es evidente el rechazo a los políticos que descalifican al adversario y es anticuada una empresa soberbia. En definitiva, las personas entienden que la conflictividad es un espacio de oportunidad, y por tanto todo síntoma de falta de ponderación en la administración de esta conflictividad atenta contra el valor atribuido a ésta: su sentido de logro.