La gobernación provincial de Antofagasta acaba de facilitar una propiedad fiscal al “centro de sanación espiritual Luz y Progreso” que, según la declaración de la propia autoridad, trata a los enfermos con la ayuda de “médicos que han fallecido y que siguen trabajando en esta tierra, pero desde otra dimensión”. El comunicado detalla que estas almas (¿en pena?) tendrían “diferentes especializaciones”, las que se harían efectivas a través de la acción de una médium.

Como era de esperarse, apenas la noticia llegó a los medios, despertó la indignación de las sensibilidades más racionalistas y de las comunidades científicas. El senador por la zona, Alejandro Guillier, pidió incluso un informe del ministro de Bienes Nacionales, comparando las actividades del centro en comento con el tierraplanismo y el movimiento antivacunas. El gobierno provincial, por su parte, se defendió argumentando que la casa estaba infestada de drogadictos y okupas. Desde ese punto de vista, la asignación sin duda mejora la situación actual. Sin embargo, se supo que había otras instituciones –como la Cruz Roja– que también habían postulado –sin éxito– a terrenos fiscales para desarrollar su labor social. La diputada RN Paulina Núñez avaló las actividades del grupo –aparentemente cristiano– Luz y Progreso, por su larga trayectoria sirviendo a la población local a través de actividades de extensión social y cultural. Pero esa no fue la razón por la cual se les asignó el inmueble, según el propio documento oficial. La discusión está circunscrita a sus métodos controversiales de sanación vía participación sobrenatural.

A primera vista, este es un clásico caso donde falla la separación entre Estado e iglesia. Al aceptar la validez de las prácticas de este centro de sanación espiritual, el Estado chileno estaría reconociendo la veracidad de un postulado metafísico de textura religiosa: que los muertos siguen participando de alguna manera en los asuntos terrenales. No obstante, tal como lo sugiere Guillier, estos rituales de sanación espiritual se parecen al tierraplanismo y al antivacunismo, pero estos últimos no son fenómenos religiosos sino bastante seculares. Lo que los hace problemáticos desde el punto de vista político no es su carácter religioso o secular, sino ciertas deficiencias epistémicas: no cuentan con evidencia a su favor, no siguen el método científico, no son creencias justificadas ante estándares de razonamiento compartido, no funcionan, etcétera.

En Estados Unidos, por ejemplo, los creacionistas que desafían la teoría de Darwin han intentado varias veces hacerse un espacio en los textos escolares y las clases de biología. Las cortes han fallado que, en la medida que se propone una hipótesis sobrenatural para explicar la biodiversidad, el creacionismo es religión y por tanto debe quedar fuera del currículum. Sin embargo, esta lógica parece igual de equivocada: la razón por la cual el creacionismo queda fuera del currículum no es porque invoque agencia sobrenatural sino porque es mala ciencia.

Piense en el caso de la homeopatía. En Reino Unido y Francia se ha debatido intensamente si acaso los servicios públicos de salud deben costear tratamientos y medicinas homeopáticos. Mucha gente piensa que no. Y sus razones no tienen ninguna relación con la religión, sino con que se trata de una pseudociencia igual de desacreditada que la quiromancia, la numerología, la iridología o las teorías agrícolas de Lysenko en la Unión Soviética. Lo que se advierte es que solo la ciencia occidental establecida y convencional basta como estándar justificatorio para el desembolso de recursos fiscales y como base para las políticas públicas. Ninguna medicina alternativa, por ejemplo, cumpliría esas condiciones. Los ciudadanos conservan el derecho de recurrir a ellas, pero no pueden esperar ayuda del gobierno para ese acceso.

Piense ahora en el siguiente ejemplo. Tenemos tres alternativas y debemos escoger una para el currículum escolar obligatorio: dos horas de educación física, dos horas de Yoga, o dos horas de plegarias. A mucha gente le parece obvio que debemos optar por lo primero. El Yoga todavía suena demasiado oriental, místico, esotérico. Sin embargo, si se hacen explícitos sus objetivos beneficios físicos y mentales, quizás estén dispuestos a reevaluar su decisión. La razón por la cual no escogerán las plegarias no tiene que ver con su carácter religioso, sino con que no son efectivas como práctica gimnástica o deportiva. Es decir, la decisión dependerá de cuál de las alternativas parece ser más efectiva para los propósitos específicos. Lo mismo ocurre con la ciencia: damos por sentada su primacía justificatoria porque casi siempre funciona.

Pero esto no resuelve el problema que se genera en sociedades pluralistas donde coexisten grupos de personas que tienen distintas ideas de lo que funciona para ellos. Esta discusión comienza con el tipo de reconocimiento que deben (o no deben) tener los placebos y se extiende hacia las distintas nociones de efectividad que caben en medio de la diversidad cultural y cognitiva contemporánea. No basta, por tanto, decir que la casa de los espíritus de Antofagasta es una afrenta contra la ciencia. Hay que explicar por qué la ciencia goza de un lugar preferencial en la estructura de justificación en democracias donde hay gente que cree en métodos alternativos. Esa tarea está incompleta, y es cada vez más urgente en un mundo donde las grandes autoridades epistémicas se han debilitado y las personas reivindican su derecho a conducirse de acuerdo con teorías que desafían el consenso científico.