Más allá de lo cuestionable de la propuesta de reforma tributaria, cabe preguntarse si el producto de los impuestos puede usarse exclusivamente para un fin específico.

El principio de no afectación de los tributos es una verdadera garantía para las personas frente al Estado. Esto suele olvidarse en los debates sobre reformas impositivas. Sería peligroso que estuviera ausente de la ley propuesta o –peor aún– del stock de principios de una sociedad libre.

Imaginemos lo siguiente: una persona muy ordenada, responsable y trabajadora organiza su presupuesto mes a mes. Sus ingresos provienen de distintas fuentes de trabajo. Por uno de esos trabajos recibe 30.000 pesos. Toma la decisión –aparentemente, correcta– de destinar la totalidad de esos dineros a la compra mensual de remedios. Por diversas razones, un mes determinado se le termina el dinero proveniente de las otras fuentes y se ve enfrentada a una necesidad aún más esencial: alimentarse. ¿Parece razonable que muera de hambre, pero que siga comprando remedios? ¿Debería comerse los remedios?

Este ejemplo es, a grandes rasgos, lo que sucede cuando afectamos por ley el producto de los impuestos a un fin determinado y fijo. En principio, suena seductor: cobremos sobre esto para destinarlo a aquello; pero pronto vemos lo equivocado de esta decisión. Por esa razón es que la Carta Fundamental se encarga de resguardarnos frente a la tentación del Estado de amarrar los impuestos, consagrada en el principio de no afectación de los tributos.

¿Tiene límites el Estado cuando nos quiere cobrar impuestos? Afortunadamente los tiene, y están en nuestra Constitución: esa que a veces solemos olvidar. Estos límites operan a favor de las personas y son verdaderas garantías frente al legislador en materia tributaria. Una de ellas es la no afectación de los tributos.

La lógica que subyace a este principio es impecable: si se afecta el producto de un impuesto que grava un determinado hecho a una necesidad, y esa necesidad desaparece, el tributo se seguirá cobrando a las personas, no obstante haberse extinguido el motivo que generó su creación. Por otro lado, si desaparece el hecho gravado, resultará más difícil financiar esa política pública. Junto con lo anterior, se ata de manos al propio Ejecutivo, que tiene la administración de los dineros de la nación, ya que le será intricado discutir año a año y frente a la ciudadanía –en la ley de presupuestos respectiva– las necesidades que para ese periodo sean más importantes para el país, dado el amarre de los recursos.

La Constitución Política, en su artículo 19 Nº 20, ha dispuesto sabiamente que los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresen al patrimonio de la nación, y no pueden estar afectos a un destino determinado, señalando también excepciones muy precisas. Ello reconoce el valor intrínsecamente fungible del dinero y otorga una oportunidad para que el Estado esté verificando constantemente las necesidades y prioridades por quien tiene la finalidad de velar por el bien común.

Ello constituye una verdadera garantía en materia tributaria en favor de las personas.

Las cosas, por sabidas, no se dicen y por no decirse, se olvidan. Bueno es recordar este importante principio recogido en nuestra Carta Fundamental, el cual no sólo debiera ser respetado en nuestras leyes, sino que también por gobernantes y gobernados, no teniendo otro objetivo que defender a las personas poniendo límites al Estado.

Pero el olvido de tan fundamental principio –que comenzó como una tenue señal en anuncios (“el 100% de los recursos iría destinado a la educación”)– termina rampante y sin anestesia de ningún tipo en el propio título del proyecto de ley: “Perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional”. Como la explicación agrava la falta, el mensaje –que acompaña a esta y a toda iniciativa legal propuesta– se encarga de confirmar y rematar el olvido.

Luces constitucionales amarillas encendidas: no nos vaya pasar que terminemos comiendo remedios.