• 18 noviembre, 2011

Nuestra judicatura necesita reformas urgentes. Mientras no se modernice, poco puede lograr al reivindicar su independencia.

Mucho se ha discutido en estos días sobre la independencia y el rol de nuestro poder judicial, pero lo cierto es que poco nos acordamos de esta institución fundamental de la república. Como sabemos, nuestro sistema judicial, desde un punto de vista orgánico, permanece intacto, empolvado con talco y naftalina en una caja de cristal hace –literalmente– dos siglos. En efecto, nada conceptualmente significativo ha cambiado en 200 años en ese ámbito.
Nuestra institucionalidad judicial descansa sobre un modelo rígidamente jerarquizado y militarizado, propio de un orden monárquico de fines del siglo XVIII, época de carretas. Se trata de una estructura estrictamente piramidal, en la que los buenos jueces que no logran ascender no tienen buenos incentivos para permanecer en el poder judicial, lesionando la calidad de nuestros tribunales y su reputación.
¿Por qué en Chile los abogados prestigiosos no postulan la carrera judicial? En otras naciones esta opción es apreciada como el corolario de una exitosa trayectoria profesional, y la competencia por el cargo tiene como resultado jueces experimentados y versados. Por el contrario, el poder judicial chileno ha ocupado sistemáticamente los últimos lugares en los rankings y encuestas de confiabilidad ciudadana. Y dado que su nombramiento corresponde a un sistema de autogeneración y designación por el gobierno de turno, no existe un real accountability a la ciudadanía.
Por su parte, la Corte Suprema tiene facultades directivas, correccionales y económicas sobre todos los tribunales de la nación. Este anacronismo hace que los ministros realicen excesivas labores administrativas y disciplinarias, desconcentrándose de aquello que saben hacer mejor: resolver los conflictos judiciales. Además, se crea una lógica perversa, en que los tribunales inferiores carecen de independencia interna (se debe complacer al superior) o bien, no tienen buenos incentivos para ejercerla. El sistema de evaluación actual es inútil y no permite apreciar las diferencias entre buenos y malos jueces.
Nuestro máximo tribunal es uno de los más grandes del mundo, con 21 miembros. La razón radica en que existe la tendencia de que todo asunto judicial debe llegar a la Corte Suprema. El año pasado, el numero de fallos de ésta bordearon los 8.000 (a modo comparativo, la Corte de Estados Unidos –que sólo cuenta con 9 miembros– falla entre 80 y 150 causas anualmente).
Esta situación tiene dos consecuencias: al tender a revisarlo todo, existe la necesidad de ir ampliando cada vez más el número de ministros de la Corte y de sus salas. Asimismo, con esa cifra de causas falladas resulta difícil o casi imposible recoger algún precedente claro, preciso, concordante y fundado, a partir del cual la calidad de los fallos sea la óptima, o al menos exista el tiempo necesario para dedicarles el estudio debido. Esto hace más confuso determinar el sentido y el alcance de la ley, lo que redunda en más juicios (que podrían haber sido resueltos inicialmente de existir un precedente) que, una vez más, sobrepoblarán los tribunales.
¿Propuestas? Se dice que las únicas respuestas interesantes son aquellas que destruyen la pregunta. La existencia de jueces ad eternum, sujetos a malos sistemas de evaluación y con más incentivos a ser funcionarios antes que solucionadores de conflictos jurídicos, no resiste más tiempo. Resulta indispensable no sólo repensar la carrera judicial en que los jueces puedan tener mejor estatus y remuneraciones sin la necesidad de “ascender” en la orgánica judicial, sino establecer un sistema de competencia real, en que puedan participar tanto abogados externos como jueces. Y sobre todo, eliminar la perpetuidad del cargo: un Estado de derecho moderno no se puede dar el lujo de tener personas designadas en cargos públicos de jerarquía sin un límite de tiempo (como sí existe con los ministros del TC, el contralor, parlamentarios y el propio presidente de la República) y sin un sistema de rendición de cuentas.
¿Está preparada nuestra judicatura para enfrentar los exigentes desafíos que le impondrá el siglo XXI? ¿Es éste el modelo que un Chile libertario, democrático y pujante necesita? La carreta judicial no puede seguir circulando en el país de las autopistas. ¿Qué saca el poder judicial con reivindicar su independencia si no tiene chasis, motor ni tag para correr la carrera de la modernización? Lo preocupante es que tarde o temprano a todos –sin excepción– nos tocará subirnos a esta anticuada diligencia.