El psiquiatra Thomas Sazs decía que el castigo está pasado de moda: crea distinciones morales entre los hombres, las que, para la mente igualitarista, son odiosas. Optamos por un sentido de culpa colectiva en vez de una responsabilidad individual significativa.

A raíz del caso Pitronello –“Luciano”, en palabras del Defensor Público- muchos han querido buscar responsabilidades en fiscales, leyes y, por cierto, jueces. Se ha afirmado que cuando los jueces no quieren castigar, siempre disponen de argumentos para absolver o aminorar la sanción. Se comenta asimismo que uno de los magistrados lloró con el testimonio del inculpado y la cuestión entonces es si de verdad nos sorprendimos con el resultado del fallo.

En el juego democrático, el Poder Legislativo aprueba las leyes. Es papel de los jueces aplicarlas. Es por esta razón que en la mayoría de los casos la solución no es cambiar las leyes o crear más de éstas (como lamentablemente parecieran entenderlo muchos legisladores que semana a semana tapizan la secretaría del Congreso con ingeniosas soluciones legislativas que nos librarán de los males de la Tierra), dado que finalmente dicha norma será interpretada y aplicada por un juez. Las leyes no hacen que los jueces sean más justos. El punto central entonces es entender por qué los jueces fallan como fallan; cuáles son sus motivaciones; su carga histórica, su formación y, por de pronto, a qué incentivos (o la falta de ellos) responde su accionar.

Ya desde la universidad es posible identificar ciertos perfiles. Existen, por un lado, esos alumnos con temprana y absoluta vocación de juez, que sin importar las atracciones económicas o personales de otras alternativas, siempre van a preferir esta opción. Están también los que sin mucha convicción, por descarte, o simplemente por no encontrar mejor opción, decidieron entrar a la Academia Judicial.

En uno y otro grupo encontramos a los que podríamos denominar jueces con agenda. Ya no se trata de resolver el caso concreto, sino más bien de impartir “justicia social” casi como una labor correctora al imperfecto legislador. Buscan no dar a cada uno lo suyo, sino más bien dar a todos los que estiman debe ser una sociedad justa, sin importar que en el caso que conocen puedan cometer una que otra arbitrariedad: lo relevante es la agenda. Esa especie de juez redentor, una suerte de caudillo, que busca más que hacer justicia, hacer política pública. Un activista, donde el derecho no tiene otro propósito que servir a sus objetivos mesiánicos.

Esta imagen tiene a su vez otro alter ego: la figura del juez probo, austero y abnegado, pero sujeto a las propias tensiones de un jurista. Sin prejuicios, abierto a encontrarle la razón a cualquiera de las partes que le pruebe y demuestre sus alegaciones, sin subsidios procesales ni sentimentales. Ha comprendido que el debido proceso es una igualdad matemática entre ambas partes, sin importar su posición relativa de riqueza, poder, apariencia física, calidad de sus abogados ni influencia, donde no hay verdaderamente una parte débil ni otra fuerte, pues lo relevante es quién tiene la razón en lo discutido.

Ambos perfiles –extremados y caricaturizados, por cierto– admiten un sinnúmero de matices y combinaciones de todo tipo. Pero ello es algo relativamente inevitable: corresponde al final del día a las distintas convicciones de cada persona.

El problema entonces es que unos y otros están sometidos a un esquema que no logra corregir los abusos del primero, pero que tampoco logra resaltar las virtudes del segundo. Un modelo anacrónico de lógica monárquica, donde los propios jueces proponen a sus sucesores, donde no se puede crecer profesionalmente sin comprimirlos en la pirámide jerárquica que no articula ni la debida independencia interna ni desincentiva la creación de castas y, donde por último, no existe límite de tiempo en su ejercicio, convirtiéndolo en el único cargo con alto poder de decisión en todo el sistema público con duración indefinida: un verdadero resabio decimonónico. Así, nos equivocamos cuando decimos “los jueces no rinden cuenta a nadie”, ya que, en estricto rigor, el problema es que no rinden cuenta a quienes debieran. Un puesto público sin el debido accountability no se condice con el mínimo estándar democrático republicano propio de un Estado de Derecho.

De vuelta al caso Pitronello, en palabras de la madre del inculpado “él rechaza a todo el sistema capitalista, porque obviamente veía a sus papás que estaban todo el día trabajando”, como si el 95% de los que tenemos trabajo en este país estuviéramos incubando en nuestras casas potenciales terroristas (perdón, “infractores que protestan”). Para muchos, el delincuente es un “producto de su entorno”, consigna que aún no ha podido explicar por qué otros sometidos al mismo entorno son sin embargo personas honestas. ¿Se aplicará lo mismo para los jueces? ¿O será que seguimos prefiriendo la culpa colectiva a la responsabilidad individual? •••