José Ramón Correa, abogado

  • 7 noviembre, 2019

El año pasado, luego de conocer el resultado de una acusación constitucional en su contra, un destacado profesor universitario y ministro de la Corte Suprema señaló que “yo no tengo por qué aceptar que un parlamentario que no tiene la más mínima idea de los temas jurídicos involucrados, que a la Constitución a lo mejor le ha leído solo la tapa, me venga a revisar las sentencias que yo dicte”.

Hace 14 años, el presidente Lagos dijo: “Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional”.

Las afirmaciones transcritas permiten preguntarse razonablemente, respecto a la primera, si ante el desafío de un proceso constituyente nuestros parlamentarios tienen la idoneidad para discutir los cambios que vienen y el país que queremos construir. En relación con la segunda, si la Constitución del presidente Lagos es la causa de todos nuestros males.

La respuesta obviamente no es simple, siendo insuficiente tratar de encontrarla en la frase “es que Chile cambió”, cuestión que por cierto no comparto, ya que nuestro país es exactamente el mismo, solo que esta vez gritó con más fuerza los mismos e idénticos dolores de siempre, pudiendo identificar los de quienes difícilmente llegan a fin de mes; o el de los padres que dependen de la integración de la Tercera Sala de la Corte Suprema, para que los medicamentos de alto costo necesarios para que sus hijos vivan puedan tener cobertura; o el de los que mueren esperando una cirugía, que para cualquiera de los que leemos esta columna se nos agendaría en tan solo un par de semanas.

La Constitución no es la causa ni mucho menos la solución a todos los males, y pensar que es “la casa de todos” es de un populismo intolerable, ya que nunca los albergará en su totalidad junto con instar a creer que porque ella reconozca algo, casi por arte de magia, aquello se transformará en un derecho adquirido respecto del cual se pueda exigir su inmediato cumplimiento. Los habitantes de las llamadas “zonas de sacrificio” pueden dar clases de esto, porque a ellos el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación les parecerá una declaración a ratos irrisoria.

Procurar que los costos los asuman los otros y que nuestras posturas, creencias y beneficios queden prácticamente indemnes se ha vuelto una costumbre. Si queremos entrar en un proceso de cambios constitucionales, hay que discutir seriamente sobre la legitimidad de nuestras instituciones haciéndonos cargo de las decisiones que en el pasado unos y otros adoptaron. Resulta inexplicable que en el Tribunal Constitucional un tercio de los ministros no tenga méritos académicos de ningún tipo, o que al nombrar jueces lo importante sean sus padrinos y no la calidad de sus fallos. Sobre los operadores políticos en la Administración no me referiré ya que eso da para una tesis de postgrado.

La discusión que comienza implica discutir no son solo las cuestiones pretendidas por aquellos que se arrogan la representación de la calle, sino que abre un espacio para debatir muchas otras, entre las cuales se podría plantear, por ejemplo, la elección democrática de los fiscales del Ministerio Público, para que sean los ciudadanos quienes determinen el perfil de aquellos que dirigirán la persecución penal. O tal vez incluir otras menos estudiadas, como repensar el Congreso Nacional, y avanzar hacia una democracia directa, aprovechando así los avances en inteligencia artificial y que en nuestro país los smartphones superan el número de personas habilitadas para votar, pudiendo los ciudadanos pronunciarse sobre muchas materias, evitando que las decisiones las adopten personas que han sido electas con menos votos que los que se requieren para ser presidente de un centro de alumnos.

Esperamos que en este proceso los beneficios sean mayores que los costos, ya que parafraseando una columna del abogado Gabriel Zaliasnik, si los segundos superan a los primeros, estoy convencido de que nuestros representantes harán perro muerto a la hora de pagar la cuenta.