Jorge Luchsinger, hijo mayor del matrimonio Luchsinger-Mackay, dijo que nos e opondría de conceder un permiso especial al machi Celestino Córdova, condenado por la muerte de sus padres, para que pueda acudir a su rewe. En esta entrevista que Luchsinger dio a Capital en junio de 2017, aseguró que las balaceras, la quema de camiones y el continuo estado de vigilia en los campos de la IX Región son terrorismo.

  • 27 julio, 2018
Ilustración: Ignacio Schiefelbein

Jorge Andrés Luchsinger decidió ir a vivir a la ciudad. Tras el asesinato de sus padres, Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, quienes murieron tras el incendio de su casa en Vilcún, IX Región, en enero de 2013, el hijo mayor del matrimonio quiso cambiar de aire para darle un respiro a su familia.

“Consideré, después de varios cortes de caminos y balaceras en campos cercanos y que mis hijos tenían que ir al colegio con escolta policial, que no era sostenible seguir viviendo en el campo”, cuenta.

Hoy, vive en Temuco y hace su vida normal. “No se puede decir que hay actos terroristas en Temuco”, dice, pero no duda en afirmar que lo que se vive en los campos es bien distinto.

“Evidentemente hay un clima de terror. La gente que vive en los campos está aterrorizada. Estoy hablando de balaceras, cortes de caminos, que causan temor, se vive en un estado de vigilia. Claro, no estamos viviendo lo que se vive con Isis o con Al Qaeda, evidentemente que no, pero sí hay hechos que el mismo Estado califica de carácter terrorista. No son con afán de robar, sino con el afán de causar temor en la población”, dice.

Por eso, le resulta incomprensible que dos candidatos presidenciales, Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier, afirmen que no consideran terrorismo lo que ocurre en la zona de La Araucanía. Más aún cuando desde el mismo gobierno han calificado de terrorismo los ataques y la quema de camiones. “Yo me imagino que las autoridades de gobierno tienen mucha más información de la que tiene una persona común y corriente e incluso un candidato a presidente. Y en ese sentido, yo hago un llamado a informarse mejor”, dice.
Pero más allá de cómo se califica un delito, a Jorge Luchsinger le gustaría que los candidatos estuvieran debatiendo las medidas para terminar con la violencia en La Araucanía.

“Si son actos terroristas o no, eso déjenselo a las entidades que corresponden que son las fiscalías, los candidatos debieran estar discutiendo las vías de solución. Las modificaciones a la ley indígena que en muchos de sus artículos ha promovido la violencia, ha premiado a los violentistas”, opina.

Esa es la razón que lo llevó a aceptar la invitación del comando de Sebastián Piñera para formar parte, junto a otras 64 personas de diferentes realidades del país, del consejo ciudadano, un organismo que busca compartir diagnósticos e ideas que sirvan como insumos de campaña.

Ya se reunió una vez con el grupo y espera volver a hacerlo en las próximas semanas.

-¿Cómo fue su aproximación con el comando de Piñera para formar parte de este consejo ciudadano?

-Tras dejar la presidencia, Sebastián Piñera ha estado en nuestra casa en más de una oportunidad, al menos dos que recuerde. Lo único que yo he exigido es, dada la velocidad con que andan los candidatos, que se diera tiempo para escuchar con calma la situación. Y eso es lo que hizo. Por eso, más los antecedentes que tiene como ex presidente, creo que él habla con conocimiento de causa. Por eso, cuando se contactaron conmigo, me convencieron de que fuera parte de este consejo ciudadano de 65 personas que no están metidas en política y que creemos que podemos aportar en algo a las ideas de campaña que de alguna forma se transformen en acciones del futuro gobierno.

-¿Le interesa jugar un rol político más activo?

-No soy un político, nunca me ha interesado, no lo estoy viendo así. Lo que pasa es que a través de esta situación que me ha tocado vivir, he participado de muchos seminarios y he tenido contacto con mucha gente. Y veo con preocupación que algunos candidatos ligados a movimientos de extrema izquierda lleven al país por un mal camino y es por eso que de alguna forma quiero hacer ver eso a través de esta comisión a los demás miembros y hacer llegar estas visiones al candidato presidencial.

-¿Qué es lo que más le preocupa de las candidaturas de Beatriz Sánchez o Alejandro Guillier?

-Es que creo que lamentablemente dentro de los comandos tienen de socios a personas que son bastante extremas y eso yo lo ligo a movimientos con los cuales uno se siente atacado.

-¿Quiénes?

-Por ejemplo, el Partido Comunista. He visto antecedentes que los ligan a movimientos revolucionarios o violentistas. Los mails de las FARC a dirigentes del Partido Comunista para mí son nexos. Me preocupa que estos grupos, que son socios con estos partidos, formen parte del gobierno.

Tierras, presiones e impunidad

-¿Qué medidas, a su juicio, debieran tomarse para evitar la escalada de violencia?

-Aquí hay mucha plata involucrada y hay muchos que están siendo beneficiados con esta plata y mientras esto ocurra, el conflicto no va a parar. Es por eso que hay que hacer ver que las platas que se dedican a estas causas –no sólo en la entrega de tierras, hay fondos millonarios a través de Indap– se entregan con muy poco control y con un criterio más político que técnico y benefician a gente que muchas veces no lo merece y deja fuera a mucha gente que sí lo merece.

-¿Hay corrupción o irregularidades en la entrega de dineros y tierras?

-No puedo generalizar, pero hay casos que no se explican. Por ejemplo, en enero de 2016 se compró el fundo San Juan a una comunidad que lamentablemente está vinculada con nuestro juicio. En beneficio de algunas comunidades, perjudican a muchas otras pacíficas y que, a lo mejor, con mucha más justicia están esperando que se les entreguen tierras. Y esas personas ven que la única forma de lograr tierras es a través de la violencia. Por eso digo que es un problema de la Ley Indígena.

El artículo 20 B de la ley, a nuestro juicio, promueve la violencia. Y muchos de los artículos de esa ley debieran ser modificados. Pocos dicen lo que hay que decir: que se pare la entrega de tierras y que si se va a hacer se haga con transparencia y con criterios que no promuevan la violencia.

-¿Cree que hay que mejorar la ley antiterrorista, incluir figuras como agentes encubiertos, mejorar la inteligencia, como planteó Sebastián Piñera?

-Aquí lo que uno ve es que hay mucho de política en entidades que no deberían ser políticas. Hay presiones. Yo soy parte del directorio de una Asociación de Víctimas y veo con impotencia la impunidad con la que quedan gran parte de estos hechos, donde también hay personas fallecidas y familiares que han sido afectados que no logran justicia. Uno le puede echar la culpa a la inteligencia, a la fiscalía, a las policías que llevan a cabo las investigaciones, a los tribunales de garantía, porque hay de todo un poco.

-¿Siente que hay un ambiente de impunidad?

-La mayoría de los casos quedan en la impunidad. Y hay responsabilidad de todas estas instituciones. Tengo conocidos que han sido atacados con armamento de guerra, con fusiles, grupos armados, hace pocos meses. Y las investigaciones quedan en nada, no prosperan, quedan archivadas y eso hace que sigan quedando en la impunidad y que estos grupos violentos actúen con mayor fuerza y violencia porque no ven consecuencias.

-¿Desde dónde vendrían las presiones que usted menciona?

-Yo puedo responder por el caso nuestro que es donde tengo más antecedentes. Por ejemplo, hace algunos meses cuando estábamos apelando a una resolución en un juzgado de garantía, por la revisión de una medida cautelar a Francisca Linconao, el gobierno mandó abogados desde Santiago para que actuaran con las defensas y pasó por sobre los abogados que representaban al gobierno como querellantes acá. Nos pareció incomprensible que el gobierno se cambiara de bando por, a mi juicio, una conveniencia política de ese momento. Fue una gran desilusión que nunca entendimos. Eso nos confirma que hay presiones políticas.

Cupos e integración

-Qué opina de las propuestas que buscan que el pueblo mapuche tenga mayor representación en el Congreso, se habla de generar cupos…

-Creo que no es constitucional hacer cupos especiales. Esto es lo que yo he hablado con abogados. Si quieren tener representación, alguien podría decir “yo soy mapuche y quiero que todos los mapuches me sigan” o “soy pascuense y voten por mí”. Que ganen su cupo como corresponde.

-¿Falta mayor integración con el pueblo mapuche?

-Aquí, en la ciudad no nos separamos entre los que sí son mapuche y los que no. En la ciudad se vive un ambiente tranquilo, hay mucha gente que sostiene que aquí hay un mestizaje. Lamentablemente, en el sector rural están más segregadas las comunidades y hay que reconocer que viven con mucha más pobreza que a lo mejor muchos propietarios de terrenos o agricultores. Pero eso no tiene que ver con ser o no mapuche. También hay gente con ascendencia mapuche que son grandes agricultores y es bueno que con mucha capacidad y empeño personal puedan llegar a eso.

-Hay quienes plantean que existiría una especie de apartheid en La Araucanía…

-Eso es lo que tratan de usar estos grupos violentistas para crear resentimiento, tanto en la región como fuera de ella. Y para que desde otros países lo vean como un ataque de los blancos hacia los indígenas. Eso yo nunca lo viví. Es una caricatura. En el campo vivíamos tranquilamente.

-¿Cómo ha sido su historia con el pueblo mapuche?

-Yo no puedo decir si tengo o no relación con el pueblo mapuche. Conozco gente que tiene apellido mapuche y uno no segrega por el apellido que tienen. Hay algunos con apellido mapuche y otros con apellido suizo como el mío o palestino, pero todos vivimos y compartimos. Ahora, sí en el campo hay mucha pobreza, no sólo en las comunidades, sino personas que están sufriendo mucho y que se consideran desplazadas y dejadas de lado por los programas de gobierno que van en beneficio del pueblo mapuche. Con esto se está generando una brecha tremenda y una rivalidad infranqueable entre dos grupos.