Una de las características más comunes del populismo es su desprecio por las instituciones. Por diseño, limitan la posibilidad que tienen líderes populistas de implementar su voluntad (o su interpretación de lo que serían las preferencias políticas del “pueblo”). Es por esta razón que, en los últimos años, varios han estado observando la capacidad de aguantar la presión que les presenta el auge del nuevo populismo. En el caso de los EE.UU., destaca el papel que han jugado el poder judicial y la prensa. El Congreso ha sido menos resistente. En el Reino Unido, hasta ahora, el poder legislativo está liderando la batalla.

La dramática votación en la Cámara de los Comunes la semana pasada, en que el parlamento británico votó a favor de tomar el control de la agenda legislativa para así evitar una salida de la Unión Europa sin acuerdo previo, fue vista como un tremenda derrota para Boris Johnson. El primer ministro había calculado que todo sería win-win: o el parlamento votaba a su favor, y procedía con el Brexit, o en contra, y pediría elecciones adelantadas. Muchos sospechaban que el apuro que mostraba Johnson en ir a las urnas antes de la fecha clave del 31 de octubre surgía menos de su deseo de resolver el impase político (que, juzgando por las encuestas, sería poco probable), y más por querer tener las elecciones mientras el país todavía no notaba los efectos de desabastecimiento que puede significar la salida de la Unión Europea sin un acuerdo. Además, dada la baja popularidad del líder de la oposición, Jeremy Corbyn, el nuevo primer ministro apostaba por un respaldo electoral.

Se equivocó. Johnson no contó con tanta oposición interna, y supuso que funcionarían las amenazas que había hecho para mantener la disciplina partidaria. Sin embargo, dentro de poco, un parlamentario conservador cambió de partidos –restándole la mayoría a la coalición gobernante– y luego 21 conservadores votaron en contra del gobierno. Johnson se vio obligado a expulsar a los que no se cuadraron con el partido, incluyendo a próceres como Sir Nicholas Soames, nieto de Winston Churchill, y Kenneth Clarke, ex ministro de Hacienda, conocido como el “Padre de la Cámara”, por ser el parlamentario que, electo en 1970, es el que más tiempo lleva en Westminster.

El plan de Johnson de adelantar elecciones también se tropezó, puesto que el gobierno no logró la necesaria mayoría de dos tercios. Sin la posibilidad de avanzar con un Brexit a toda costa, ni tampoco poder realizar elecciones, el parlamento estaba efectivamente obligando al gobierno a volver a negociar, o al menos, a pedir una extensión. Si Johnson ignora lo que le impone el parlamento, podría incluso ir a la cárcel por desacato a la autoridad del poder legislativo. Otra posibilidad es renunciar. Eso podría darse de todas maneras, si es que el primer ministro llegara a enfrentar una votación de confianza, resultando en la caída del gobierno. En esas circunstancias, Su Majestad le podría dar tiempo a reconstruir una mayoría con otros socios, o pedirle a otro sector que lo intente. En los últimos días ha salido a la luz que durante el verano el partido Liberal Demócrata había estado en conversaciones con Clarke para tantear la posibilidad de crear un gobierno de unidad nacional. 

Johnson llegó al poder con solo 93.000 votos –una mayoría abrumadora dentro de su partido– pero en el contexto del proceso que le corresponde guiar, no es precisamente un mandato democrático.  Como ha notado The Economist, el Partido Conservador hoy por hoy es un partido de hombres (70%) blancos (97%) y viejos (la mayoría tiene más de 55 años de edad). Tal vez la expulsión de los miembros menos extremistas le agrade a ese sector, pero el peligro es que al restringir el debate y la diversidad interna, Johnson comienza a transformar su partido en una copia del Partido Brexit. Cabe preguntar si un país moderno y multicultural necesita dos partidos representando un segmento de la población tan específica (y demográficamente en declive).

Pareciera entonces que el parlamento en Westminster se ha metido en un tremendo lío, en territorio desconocido. Observamos algo que la literatura politológica nos había enseñado no debiera ocurrir: mientras las confrontaciones que entre el poder ejecutivo y legislativo son comunes en sistemas presidenciales, no debieran ocurrir dentro de los sistemas parlamentarios, donde el ejecutivo –el primer ministro y su gabinete– forma parte del legislativo. Pero Johnson apela al resultado del referéndum del 2016 como respaldo para su mandato democrático, así poniendo en duda la legitimidad del parlamento. En este sentido, el impase actual se parece a muchos casos latinoamericanos de nuestro pasado no tan lejano.

Pero a la vez, los eventos de las últimas semanas demuestran la fuerza del sistema británico. La confusión e incertidumbre surgen precisamente del hecho de que el parlamento ha logrado hacerle el contrapeso a un gobierno empeñado en satisfacer a su base a toda costa.