• 21 octubre, 2011



Este divorcio de sensibilidades expresa una antigua fractura que enfrenta a visiones contrastantes de la Iglesia, y cuya raíz tangible remite al Concilio Vaticano II.


Hace poco, las iglesias cristianas, bajo la batuta del arzobispo de Santiago, divulgaron una carta al presidente, a los jueces y a los parlamentarios. Se trata de un intento concertado por frenar cualquier avance respecto a las uniones de hecho, el aborto terapéutico y los derechos de los homosexuales.

Nada nuevo, se dirá. Se vuelve a invocar el argumento de la familia tradicional como pilar de la sociedad, alarmando sobre los riesgos en caso de comprometerse la salud de esa institución. Y otra vez las posiciones valóricas de la jerarquía eclesiástica, contingentes, como todas, son fundamentadas aduciendo su carácter natural y por tanto inmutable, ajeno a las transformaciones de la historia o de la cultura.

Lo menos trillado es el uso del recurso estadístico como apoyo argumental. Como “más de un 85% de la comunidad nacional se declara de convicciones cristianas”, alegan, legislar contra lo predicado por los pastores cristianos implicaría vulnerar el “sentir mayoritario del país”.

El argumento es falso y lo seguiría siendo incluso si el 100% del país se declarase cristiano. Para comprobarlo, basta pensar en el caso de la Iglesia católica, el único relevante en esto, dada su gravitación en nuestra historia. Decirse católico nunca ha supuesto, y ahora menos que nunca, acatar sin chistar el magisterio oficial de la Iglesia. Las formas de la religiosidad se han desinstitucionalizado, adquiriendo independencia respecto del dominio de la elite clerical. Lo que ésta propone no refleja necesariamente el sentir de las bases católicas.

La última encuesta nacional UDP (octubre 2011) confirma que la jerarquía eclesiástica experimenta, por así decir, una crisis de representación. Se advierte una brecha contundente entre los dictados de las autoridades de la Iglesia y las opciones de los católicos de a pie. Éstos son bastante más liberales, proclives a la autonomía individual y tolerantes de la diversidad que sus pastores más eminentes. La mayoría de los católicos encuestados, además, cree que la opinión de la Iglesia no debiese ser considerada por las autoridades en asuntos tales como el acuerdo de vida en común o el matrimonio homosexual.

Este desacuerdo valórico y esta postura a favor de la inhibición clerical respecto al debate público, ¿sólo responden al desplome de la confianza en la Iglesia, producto de los casos de abusos sexuales y su negligencia al abordarlos?

De ningún modo. Y eso que la mayoría de la población cree que la Iglesia intentó ocultar el tema y, algo inquietante, el 65% de los encuestados juzga que los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes son “prácticas recurrentes”. La divergencia entre los guardianes de la ortodoxia y los católicos rasos tiene raíces más profundas. Fermenta hace décadas. Curas disidentes como Felipe Berríos, en su momento, avalaron con la autoridad del pastor la contrariedad de vastos sectores de la feligresía y la opinión pública. Los escándalos sexuales sólo han radicalizado esta tendencia.

Este divorcio de sensibilidades expresa una antigua fractura que enfrenta a visiones contrastantes de la Iglesia, y cuya raíz tangible remite al Concilio Vaticano II y a los esfuerzos por desactivar su legado de apertura dialogante con el mundo moderno y la cultura laica.

Ese concilio (1962-1965) implantó cambios radicales en la doctrina, la práctica y la identidad del catolicismo. Acercó la Iglesia a los fieles como nunca antes; declinó sus posturas más intransigentes; abonó el terreno para el desarrollo de la teología de la liberación y alentó la opción preferencial por los pobres como una fuerza ética que, más allá de la caridad, apuntaba a la transformación de las estructuras socioeconómicas del capitalismo, bajo el imperativo de la justicia social.

Las iglesias locales, desde luego la chilena, ya se estaban moviendo en esa dirección, pero el concilio reforzó esa tendencia y prestó fuerza a la desautorización política de las elites latinoamericanas, por su desidia histórica ante los desheredados. La culpa individual del pecador cedió ante la culpa social de las clases privilegiadas. El reclamo de solidaridad opacó los rigores de la penitencia solitaria. El compromiso político cobró un valor cuasi sacramental. Días de curas obreros, de religiosas que se van a vivir a las poblaciones, de renuncia a los hábitos en pos de la inmersión en la historia que bullía en los márgenes de la sociedad. Tajantes, los teólogos de la liberación predicaban: “sin compromiso con los pobres no hay vida cristiana”.

Los concilios son eventos raros, ocurren a una distancia de siglos, y sus acuerdos pueden tomar cursos imprevistos. En el Vaticano II, el triunfo sobre los sectores tradicionalistas fue contundente, casi en todas las líneas y más allá de lo esperado. Los conservadores desafectos no fueron pocos, dada la triunfal embestida de sus contendores; y la radicalización político-teológica que agarró vuelo hacia fines de los 60 pronto enfrió el entusiasmo reformista de varias eminencias vaticanas. Al rato, la idea rupturista de la Iglesia como el pueblo de Dios antes que como una institución jerárquica con el monopolio de las formas legítimas de la ética y la praxis cristiana, perdió adeptos en las cimas clericales y detonó reacciones en cadena.

Entonces entró en escena el cardenal Wojtyla, el veterano del concilio que asumió como papa en 1978, con el nombre de Juan Pablo II. Para unos, se trató de un santo, de un pastor providencial que ordenó la revuelta comunidad católica, encaró al comunismo, fulminó a los espíritus liberales y relativistas con la voz atronadora de los valores universales y encabezó una cruzada pro familia y contra las licencias de la carne. Para otros, sólo fue un líder autoritario con ínfulas de celebridad mediática, un reaccionario que defraudó a millones de católicos ilusionados con una Iglesia acogedora, menos obsesionada con la moral sexual, receptiva a la pluralidad de sus fieles. 

Juan Pablo II, el pontífice carismático, efectivamente endureció las posturas de la Iglesia, cerró filas contra el mundo moderno e hizo oídos sordos del anhelo anti absolutista de muchos católicos. Liquidó la tregua liberalizadora. ¿Resultados? Divorcio entre la rígida doctrina del establishment eclesiástico y la conciencia de los fieles aclimatados al aire de la autonomía. Bonos a la baja de los jesuitas y al alza los del Opus Dei. Rigorismo moral para el estado llano de la feligresía, pero licencia para los abusos de la aristocracia clerical. Y clausura de los laboratorios de experimentación teológica, tarea liderada por el cardenal Ratzinger antes de volverse Benedicto XVI.

Tal como declaró, temprano en los 80, un prócer de la teología de la liberación hoy en desgracia vaticana, “el teólogo católico va a Roma como los checoslovacos van a Moscú a un coloquio con el Politburó soviético”. Tras sucumbir la Unión Soviética, el símil perdió sentido, pero la crítica al sesgo autocrático del gobierno de la Iglesia sigue vigente. Hasta nuevo aviso.