Por Fernando Vega Ilustración: Ignacio Schiefelbein Los casi 200 mil recursos de protección por el alza de planes de las Isapres son sólo un síntoma (quizás el más evidente) de que algo no anda bien en el sistema de salud privado, cosa que saben tanto en el Gobierno como en las mismas aseguradoras. Sin ir […]

  • 2 mayo, 2014

Por Fernando Vega
Ilustración: Ignacio Schiefelbein

isapres

Los casi 200 mil recursos de protección por el alza de planes de las Isapres son sólo un síntoma (quizás el más evidente) de que algo no anda bien en el sistema de salud privado, cosa que saben tanto en el Gobierno como en las mismas aseguradoras.

Sin ir más lejos, el pasado miércoles 23 de abril sesionó por primera vez la nueva comisión de reforma a esta industria que acaba de cumplir 33 años. Una labor de diseño de propuestas que finalizaría en noviembre, pero que algunos anticipan que finalizará con una recomendación de cirugía mayor.
Aunque la primera reunión –de casi cinco horas– entre los 18 miembros de la comisión se centró en coordinar el trabajo semanal en La Moneda, las novedades ya asoman la nariz: no habrá un desmantelamiento del sector, y lo que saldrá no será ni tan estatista, ni tan liberal.

Con miras a instalar sus puntos en esa negociación, tanto en el Gobierno como en el sector privado trabajan silenciosamente, pero como nadie tendría la fuerza para imponerse, se cree que se buscarán acuerdos e, incluso, el apoyo de expertos internacionales.

Hasta ahora, eso sí, hay una gran coincidencia entre las partes: el sistema no ofrece las suficientes certezas jurídicas. Ni para los cotizantes, ni para las Isapres y sus accionistas o el Estado, que a la larga garantiza el derecho a la salud de todos los chilenos.

Por ello, uno de los primeros objetivos de esta nueva reforma será mejorar los estándares de transparencia. Lograr que los precios sean conocidos de antemano y que las alzas no continúen generando un aluvión de recursos de protección ante la justicia, como ha sucedido en los últimos cuatro años.
Sólo para 2014, las instituciones de salud privada estiman que unos 200 mil cotizantes llegarán a tribunales a impugnar el aumento en el valor de los planes, empujados, sobre todo, porque la recomendación de los expertos es recurrir a esa instancia no sólo para evitar el reajuste, sino que para no pagar más que los demás por un mismo plan y más encima tener que financiar la defensa jurídica de las Isapres en las cortes.

En 2013, cuando el alza fue menor que 5%, se presentaron 145.304 recursos de protección y aunque varios se fallaron contra los afiliados, la mayoría fueron aceptados.

BIENVENIDOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
La comisión de reforma se centrará en los grandes temas, pero en la lógica de integrar a los privados al enjambre de las políticas de seguridad social.
Presidida por el profesor de la Universidad Católica, Camilo Cid, el grupo de expertos está compuesto por ingenieros, economistas, médicos y abogados.
Según sostienen en La Moneda, la idea es que las Isapres cumplan un rol más global que el de aseguradores privados, ya que reciben mensualmente cotizaciones obligatorias de un millón y medio de personas y sus familias, que se traducen en la atención sanitaria de casi un tercio de la población.
Además, dicen en el Ejecutivo, no sólo perciben el 7 por ciento de las rentas de estos trabajadores, sino que en promedio el 10 por ciento, porque el porcentaje legal no le alcanza casi a nadie para cubrir un plan que proteja su atención de salud. En todo caso, reconocen que los costos de la medicina han subido en el mundo y sobre todo con mayor rapidez en países emergentes como Chile, donde la mayor riqueza ha llevado a las personas a demandar más atenciones.

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A eso se suma la jurisprudencia de los últimos años en que, reiteradamente, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema, han establecido que los planes de salud no son bienes prescindibles, sino que sirven para financiar gastos vitales de las personas, lo que obligaría a las Isapres a no seguir discriminando a los más enfermos o a las mujeres. Es decir, no son un seguro cualquiera.

Hoy la mayoría de las Isapres se considera y trabaja bajo la lógica de empresas aseguradoras, lo que implícitamente considera usar la discriminación por riesgo entre sus variables. Pero al concebirlas como parte del sistema de seguridad social, el Gobierno les está diciendo que regulará para que adapten políticas de solidaridad y equidad.

Además, según sostienen en el Gobierno, otro de los ejes en el enfoque de seguridad social será la prevención. El diagnóstico es que en Chile se hace muy poco para contener gastos innecesarios en salud y que la única manera de atajar las alzas es evitando enfermedades.

“Sin duda que hay preocupación por los resultados de la comisión, pero hay confianza, también, en que debiera primar el buen criterio técnico para que salga una reforma que mejore el sistema el servicio la calidad y que sea mejor percibido por la población”, dice el director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes.

LA PELEA POR LOS REAJUSTES
Para los usuarios, uno los problemas más importantes del sistema privado son las alzas anuales, algo en lo cual hasta las mismas Isapres están de acuerdo y reconocen su principal flanco. Ello, pese a que según todas sus encuestas la satisfacción con el sistema supera el 50%.

Para este año el incremento promedio de los costos de los planes de quienes ya están en una Isapre es de 4,8%. Las mayores alzas corresponden a Colmena (6,8%), Cruz Blanca (6,6%), Vida Tres (5,5%), Consalud (5,4%) y Banmédica (4,9%). Sólo MasVida y Ferrosalud mantuvieron sus valores.
En 2013 el incremento fue del 1,9%. ¿Por qué una diferencia tan grande entre un año y otro? Por la judicialización y mayores costos, responden desde la industria.
Por eso, en general, hoy todas las firmas del sector están abiertas a modificaciones.

“La mayor parte de los reclamos son por ajustes de tarifas y no por cobertura. El gran problema está en la forma en que se ajustan los incrementos de costos, que se originan en un cambio etario del consumidor y una mayor demanda y exigencia que hacen los pacientes y eso hay que aclararlo y buscar un mecanismo que transparente esta situación, en beneficio de una mayor certeza para los afiliados y también para la industria”, reconocen en la Asociación.
Para ajustar sus planes, las entidades de salud usan tablas de factores que descreman por riesgo; es decir, que a mayor probabilidad de que ocurra una enfermedad, el cotizante deberá desembolsar más. Por eso, a un hombre joven que recién ingresa al mercado laboral su 7 por ciento le alcanza para pagar un plan, pero a medida que envejece –y se enferma o tiene familia– debe ir metiéndose cada vez más la mano al bolsillo. Para mejorar la oferta o pagar seguros complementarios.

EL ENIGMA DE LA TARIFA BASE
Con el sistema de reajustes deberán analizarse las tarifas base. Hoy, pese a todo lo que se ha legislado, todavía no existe una forma clara y sencilla que permita a los cotizantes definir dónde les conviene más pagar cada mes por su salud.

Actualmente hay casi 100 aranceles diferentes para las atenciones médicas, lo que a la larga se traduce en que el valor final del plan y sus coberturas hacen imposible hacer cualquier tipo de comparación. Basta revisar un contrato para constatar lo complejo del sistema.

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“No hay cómo comparar”, reconoce el presidente de Isapre MasVida, Claudio Santander. “Las tarifas están expresadas en unidades diferentes en cada una de las Isapres, sin que la gente sepa a qué corresponde cada una. Lo mejor sería tener una unidad común”, dice, y añade que para eso sólo hace falta que se emita un reglamento.

“Es necesario que se avance en transparencia, en poder comparar lo que se está comprando, que haya una homologación y los cotizantes puedan saber los precios, incluyendo cuánto cuesta cada prestación en cada centro y que al final no haya sorpresas”, sostiene el gerente general de Colmena, Gonzalo de la Carrera, quien participa en la comisión. Esta firma, controlada por el grupo Bethia, cobra un mismo arancel para todos sus planes.
Pero en privado, otros ejecutivos de Isapres temen que en este punto se generen los mayores desacuerdos y que la misma comisión termine convertida en un nuevo escenario de las largas peleas que se vivieron al interior de la Asociación. ¿Por qué? Todo, porque dentro del sistema hay Isapres que tienen clínicas y centros médicos y otras que sólo manejan una cartera de cotizantes. Las primeras son acusadas de hacer subir artificialmente los precios de las atenciones, generando la espiral de costos que hoy tiene al sistema cuestionado.

ENFERMOS Y CAUTIVOS
Otro tema grande de la comisión será la cautividad de los afiliados. Hoy, las personas con preexistencias o enfermedades caras que están en tratamiento prácticamente no pueden moverse de una Isapre a otra. No son admitidos, porque portan el riesgo de altos desembolsos, pero son casi un tercio de los afiliados y con el rápido envejecimiento de la población implican una verdadera bomba de tiempo.

Hasta ahora, el sistema, los legisladores y los sucesivos gobiernos han llegado a la conclusión de que la mejor manera de liberar a estos enfermos cautivos es mediante la creación de un mecanismo de compensación entre Isapres, que permita amortiguar las migraciones de cartera, de forma que la compañía receptora de un paciente con preexistencia pueda recibir un monto que neutralice el impacto del nuevo afiliado.
Pero la gran discusión es cómo se construirá este fondo y quiénes aportarán los recursos. En la comisión hay quienes consideran que por tratarse de un tema de seguridad social, debería ponerse el Estado.

La fórmula será objeto de largo debate, ya que se trata de un concepto teórico muy útil, pero de aplicación al menos complicada: cómo se valoriza un enfermo. “Hasta ahora nadie se ha podido poner de acuerdo en eso”, reconoce un ejecutivo.

De hecho, las diferencias sobre cómo y cuándo implementar ese mecanismo fue una de las razones que esgrimieron las dos Isapres que este año rompieron la unidad de la Asociación; Colmena, primero, y la penquista MasVida, el mes pasado. Ambas, suman casi un tercio del mercado.
Las dos se fueron del gremio denunciando que su alejamiento se debía a la resistencia a las reformas. “La división se produjo por los ritmos. Algunas Isapres quieren que los cambios se hagan más rápido que otras, pero creo que la unidad gremial en tiempos difíciles es necesaria”, sostiene Caviedes.
Sin embargo, a juicio del gerente de una Isapre que sigue en la Asociación, estas renuncias sólo ayudaron a darle más municiones al Gobierno, que cuando anunció la comisión lo hizo diciendo que era para terminar con los “abusos” del sistema. Algo que no cayó nada de bien en el sector, donde consideran que la salud privada ha sido injustamente criticada todos estos años, sin que se valore su contribución, descongestionando el sector público y permitiéndole a éste, centrar sus esfuerzos en las personas de menores ingresos. “Los grandes problemas de salud en Chile no están en el sistema de Isapres”, se queja un gerente.

No obstante, en Banmédica, su gerente general, Carlos Kubick, dijo durante la junta de accionistas de la entidad que éste era uno de los temas en los que se podría avanzar “todavía más”.

LICENCIAS MÉDICAS
También se avizora compleja la discusión sobre las licencias médicas. En el trabajo que se hizo en el congreso durante el gobierno de Sebastián Piñera se acordó mantener su forma de financiamiento y rebajar de tres a dos los días de no pago.

Pero con la nueva comisión habrá que empezar de cero. Los permisos por incapacidad laboral son todavía un costo importante para todo el sistema de salud, que a la larga se termina pagando con casi un 20% de la misma cotización obligatoria de todos los trabajadores.

Por eso, lo que se busca es una fórmula que permita liberar o al menos disminuir ese cargo para que las personas puedan tener una mejor salud. Existen numerosas propuestas que van desde traspasar la gestión a compañías de seguros privadas o al mismo Estado, pero es un tema que dentro de la cuadratura de las platas, habrá que analizar sí o sí.

FISCALIZACIÓN FUERTE
Mientras todo eso ocurre, la superintendencia de Salud, que dirige Sebastián Pavlovic, prepara un aumento en la fiscalización de las Isapres. “Los afiliados no pueden esperar el resultado de la comisión para que la Superintendencia ejerza sus facultades”, adelanta desde su oficina con vista a la Alameda.

Según el abogado, “nosotros estamos disponibles para incluir los criterios de mayor protección a las personas al momento de resolver los conflictos que lleguen a nuestras oficinas, como al mismo tiempo, a partir de eso, evaluar la emisión de instrucciones o de interpretaciones que contribuyen a generar así un esquema más protector de los derechos de las personas en salud”, asevera.

Por ello, adelanta que en un trabajo con los funcionarios de la institución se determinó revalorar el rol fiscalizador de la entidad. “Nosotros vamos a implementar la creación de un departamento de fiscalización y, además, pondremos a la persona al centro esta preocupación”, sostiene, no sin antes aclarar que la entidad aumentará la supervigilancia a Fonasa, la acreditación de la calidad y la ley de derechos de los pacientes.

A su juicio, la judicialización del sistema es un síntoma de un problema estructural y normativo del sistema, y es en esa dimensión donde muchos creen que se dará la batalla. •••