Con todo lo que se pueda criticar a los españoles, el hecho es que fueron capaces de gobernar unos territorios inmensos durante siglos. Es cierto que los virreinatos y capitanías generales americanas no eran el ejemplo de algo así como una ebullición cultural. Entre 1600 y 1800, las tierras americanas parecen haber dormido una larga siesta. Pero en política, los tiempos de paz son valiosos. Veinte décadas de relativa paz en tan amplios dominios lo llevan a uno a preguntarse por las capacidades detrás de tamaño rendimiento. El asunto llama a asombro cuando se comparan esos dos siglos con la debacle que vino después, con la aglomeración de caudillos y divisiones que siguió al esfuerzo independentista.

La respuesta tiene que ver probablemente con esto: España fue capaz de imprimir en suelo americano una institucionalidad, con reglas claras y flexibles que, mal o bien, fueron asumidas por los súbditos de aquende el Atlántico.

Y parece haber sido, precisamente, ese mismo factor, el que caracterizó a Chile durante el siglo XIX. Entre 1830 y 1891, el país experimentó seis décadas de un sobrio pero vigoroso despliegue, que coincide con la creación y el afianzamiento de las instituciones republicanas. Sobre las ruinas del régimen colonial, Portales, Prieto, Bulnes, Bello, Montt, logran montar un conjunto de instituciones capaces de asentarse firmemente en el pueblo y el territorio. Entre ellas: una Presidencia de la República relativamente independiente del carisma de su detentador y del poder militar, prevalente respecto de los demás poderes del Estado; cortes y un cuerpo legislativo que poco a poco va moderando el poder del presidente, hasta desatar la crisis que pone fin al régimen presidencialista. En el intertanto, sin embargo, el país vivió seis décadas de maduración política, que sentaron las bases de su estabilidad institucional posterior. Este esplendor tiene una expresión económica. Rolf Lüders ha mostrado cómo, entre 1830 y el cambio de siglo, Chile creció más que el promedio de los países que después fueron desarrollados. Si la rebelión oligárquica de 1891 acabó con el presidencialismo, no logró echar por tierra a las instituciones. A poco andar, fueron hondas fuerzas nacionales las que, tras la crisis del centenario de la república, abogan por restablecer los fueros de la debilitada autoridad presidencial, y una serie de nuevas creaciones, desde la Contraloría General de la República al Banco del Estado, desde Carabineros de Chile hasta la Corfo, dejan a la institucionalidad veintesca a la altura de su tiempo.

Cuando uno se sorprende por los casos de corrupción en el Ejército y Carabineros, en el Poder Judicial, en los municipios; cuando atiende al papel alejado de un ethos profesional discreto, que asumen el contralor general de la República y tantos fiscales; la sorpresa debiese decantar en una movilización de los espíritus de sensibilidad y calado, pues son las bases de la institucionalidad republicana las que están viéndose afectadas. La extensión del daño va a la par con el riesgo de un descalabro mayor. Es el suelo descompuesto de donde emergen el populismo y las asonadas. Una descomposición parecida fue la que vivió el país en el mentado centenario. Cuando las autoridades se disponían a celebrarlo, una generación completa, la de Encina, Alberto Edwards, Tancredo Pinochet, Luis Galdames, Darío Salas y otros, puso la voz de alerta: algo está podrido en Chile. Y lo estaba, a tal punto que por dos décadas el país se tambaleó. Recién a finales de los años treinta se recuperó una relativa paz, que persistió las cuatro décadas siguientes.

Es muy pronto para decir que estamos en una crisis del calado de la del centenario. Mientras sigan debilitándose las instituciones, mientras la corrupción avance, mientras no existan liderazgos políticos a la altura de los cargos, mientras la clase política se entretenga en la minucia sin emprender las grandes reformas institucionales que le permitan incrementar decisivamente la productividad, mejorar la educación y esparcir al pueblo por regiones poderosas, mientras –dejadas atrás ya las costas de la Transición– no asome con alguna nitidez una visión compartida respecto del país de las décadas que vendrán, el riesgo de un descalabro mayor se acrecienta.