• 24 junio, 2009


La idea es poder solicitar la información referida a cuentas corrientes bancarias no sólo cuando hay sospecha de delito –cosa que se puede hacer hoy–, sino también como medida preventiva en los procesos
normales de fiscalización.


La crisis económica aceleró una discusión internacional sobre el riesgo de que personas naturales o jurídicas usen las cuentas corrientes y los depósitos bancarios para escapar de la fiscalización de las autoridades respectivas. Los países que permiten esta mala práctica son catalogados como paraísos fiscales: detrás de cada euro, dólar o peso que está en esas cuentas corrientes y no se declara hay un delito de evasión tributaria.

Muchos estados permiten a sus autoridades tributarias acceder a la información bancaria garantizando la privacidad de los datos, para cumplir así con su rol de fiscalización. Chile está atrasado en este campo. Por ello, el gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley que permite que se pueda solicitar la información referida a las cuentas corrientes bancarias no sólo cuando hay sospecha de delito –cosa que se puede hacer hoy–, sino también como medida preventiva en los procesos normales de fiscalización. El proyecto asume que el contribuyente no tendrá problema en otorgar permiso para que sus datos sean fiscalizados por Impuestos Internos, pero también le da la opción a denegar la autorización.

Como parte de la fiscalización normal y aleatoria que realiza el Servicio de Impuestos Internos, se incluye toda la información de flujos de la cuenta corriente como un mecanismo de verificación y de consolidación de los datos tributarios. Ello permite al organismo cotejar que las rentas que el contribuyente declara coincidan con sus flujos reales. Esa es precisamente la base sobre la que funcionan los sistemas tributarios modernos: la declaración de las personas y su posterior comprobación fiscal.
Esta verificación se hace según planes de fiscalización selectivos y muestras aleatorias, y no por sospechas de evasión. A diferencia del combate del terrorismo o al lavado de dinero, la fiscalización tributaria no se organiza a partir de casos individuales.

En la discusión sobre este proyecto hay dos aspectos que es necesario precisar.

En primer lugar, se dice que la iniciativa viola la privacidad de las personas y que se generan riesgos de que circule la información y se utilice con otros fines. Sin embargo, no hay que olvidar que hoy nuestro sistema tributario ya maneja, en forma reservada, mucha información privada relativa a remuneraciones o créditos, por ejemplo. Con esos antecedentes no sólo se fiscaliza, sino que también se ofrece a cada contribuyente una propuesta de declaración de impuestos. Y esta información mantiene su carácter privado.

La reforma propuesta permite que se cuente con la información que hoy sólo es posible obtener bajo sospecha de delito, y permitirá detectar rentas no declaradas y, cuando proceda, cobrar los impuestos adeudados. Así se cumple la igual repartición de los tributos y se combate la evasión. El SII pasa a ser uno más de quienes conocen la información secreta y que deben mantenerla en reserva. Para garantizarlo, se contemplan incluso mayores resguardos y sanciones que los aplicables al banco y, el en caso de que el titular de la cuenta corriente así lo desee, se obliga a la autoridad a obtener una autorización judicial previa. Esto resguarda la privacidad y evita amparar la evasión.

En segundo lugar, se argumenta que estando de acuerdo con que el SII tenga acceso a la información, ésta debe solicitarse previa orden judicial. El proyecto sugiere una modalidad diferente y da la opción –a aquellos contribuyentes que no quieren realizar un trámite adicional ni tener que lidiar con la burocracia– de aceptar que el SII realice fiscalizaciones sin necesidad de contar con una orden judicial. Si el SII pregunta por acceso a la información bancaria, cada contribuyente puede decidir y decir que sí o que no. Si la respuesta es negativa, será la institución quien tenga que solicitar una orden judicial para poder fiscalizar la información bancaria. Como a partir de 2010 habrá tribunales tributarios y aduaneros independientes, será ahí donde se puedan argumentar las diferencias.

Hacernos parte de este estándar internacional es requisito para integrarnos a la OCDE y –a la vez– permite cumplir con acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria. Sólo cuando el estándar esté adoptado podremos concluir la negociación de tratados pendientes para evitar la doble tributación con Australia, Estados Unidos o Alemania, por ejemplo. El G20 acaba de listar los países que incumplen el estándar y analiza aplicarles sanciones. Chile no figura en esa lista, gracias a que se comprometió a hacer este cambio legal. El Congreso enfrenta así una reforma relevante y necesaria que ofrece garantías para resguardar la privacidad, al tiempo que permite combatir la evasión y proteger la imagen internacional de Chile como país transparente e integrado.