Por: Martín Gubbins y José Ignacio Vial CorreaGubbins La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) siempre ha mantenido reserva de sus expedientes de fiscalización, previo a la decisión de formular o no cargos. Esa reserva ha sido respaldada por el Consejo para la Transparencia, rechazando solicitudes de amparo interpuestas por particulares para tener acceso a esos […]

  • 15 octubre, 2015

Por: Martín Gubbins y José Ignacio Vial
CorreaGubbins

tribuna

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) siempre ha mantenido reserva de sus expedientes de fiscalización, previo a la decisión de formular o no cargos. Esa reserva ha sido respaldada por el Consejo para la Transparencia, rechazando solicitudes de amparo interpuestas por particulares para tener acceso a esos expedientes, estimando que estos procedimientos están cubiertos por una de las causales de secreto previstas en la Ley N°20.285, de Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, el Segundo Tribunal Ambiental (TA) podría cambiar este escenario si resuelve en forma distinta al Consejo. El 31 de agosto de este año, Endesa presentó una reclamación contra una resolución de la SMA que rechazó darle a conocer un expediente de fiscalización iniciado luego de inspecciones a la Central Termoeléctrica Campiche en 2013 y 2015 (rol 79-2015).

La reclamación de Endesa se funda, en parte, en que la fiscalización ambiental debe regirse supletoriamente por la Ley N°19.880 (Ley de Procedimiento Administrativo) y, conforme a ella, el sujeto fiscalizado tiene la calidad de “interesado”, y por tanto, goza del derecho a conocer el respectivo expediente. Además, según Endesa, el rechazo a su solicitud vulneraría sus garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso.

Por su parte, la SMA argumenta, entre otros, que Endesa confundió un procedimiento administrativo de fiscalización con uno sancionatorio y, con ello, las garantías que se tienen en cada uno. Y agregó que en el primer caso –correspondiente al reclamado– no se vulneró derecho alguno porque cumplió con su Ley Orgánica y la Resolución SMA N°277/2013, informando al fiscalizado del objeto del procedimiento de fiscalización y entregándole copia del acta de inspección. La SMA agrega que lo solicitado por Endesa es acceder a información pública, por lo cual debe aplicarse la Ley de Acceso a la Información Pública y no otra.

La forma como el Tribunal resuelva este caso sentará un importante precedente en materia de fiscalización ambiental. De acogerse esta reclamación, podría cambiar la forma como la SMA ha llevado adelante hasta ahora sus procesos de fiscalización, posibilitando a los sujetos investigados –u otros interesados– conocer los antecedentes antes que la autoridad decida si, en su mérito, iniciará o no un procedimiento sancionatorio.