• 5 octubre, 2010


La Iglesia no pretende poder político alguno y está más allá de la contingencia. Pero no puede quedar indiferente a todo aquello que atenta contra el hombre.


La relación de la iglesia católica y el Estado de Chile actualiza de manera permanente las palabras pronunciadas por los obispos con ocasión del término de la confesionalidad del Estado, en 1925: “el Estado se separa en Chile de la Iglesia; pero la Iglesia no se separará del Estado y permanecerá pronta a servirlo; a atender al bien del pueblo; a procurar el orden social; a acudir en la ayuda de todos, sin exceptuar a sus adversarios, en los momentos de angustia en que todos suelen, durante las grandes perturbaciones, acordarse de ella y pedirle auxilio” 1. Ellas expresan en profundidad el ser de la iglesia y su relación con el Estado.

Para comprenderla a cabalidad, es menester saber que la Iglesia reconoce que la autoridad política y el Estado son fundamentales en la sociedad, para que el hombre, la familia y las organizaciones alcancen su plena realización. Cuando los obispos hablan del bien del pueblo se refieren al bien común entendido como “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección”2.

La exigencia del bien común surge de la condición social del hombre y de la necesidad de promoverle en cuanto tal, custodiando sus derechos fundamentales. Todos los ciudadanos –cristianos, creyentes de otras religiones y no creyentes– estamos llamados a promoverlo y nadie puede abstraerse de ello, pero es menester reconocer que se trata de una tarea prioritaria del Estado y la razón de ser de la autoridad política. En efecto, a quienes ostentan el poder político les corresponde promover y garantizar una organización adecuada de la sociedad y fomentar su unidad, de tal manera que cada uno pueda lograr su plena realización en aras del bien común.

El bien común exige garantizar algunos elementos esenciales. El primero es el respeto de la persona en cuanto tal; es decir, custodiar su dignidad, asegurar la protección de su vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural, así como de su vida privada y de su justa libertad, además del derecho de profesar su fe religiosa. El segundo consiste en garantizar la posibilidad de desarrollarse de tal forma que mejore sus condiciones para llevar una vida verdaderamente humana, lo que significa poder formar una familia, alimento, vestido, salud, educación, trabajo y cultura. Y en tercer lugar se deben procurar estabilidad y seguridad a la población, así como un orden justo que garantice la paz.

Es tarea importante de un gobierno velar para que los intereses de cada grupo, que a veces son antagónicos entres sí, se armonicen en justicia y verdad. No siempre resulta una tarea fácil pero, dado que es fundamental, no se puede abdicar de ella si se quiere preservar la paz y el orden social. La misma constitución Gaudium et spes nos recuerda que “el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas, … y no al contrario” 3, pues tiene como base la verdad, se edifica en la justicia y se vivifica en el amor. Es evidente que lograr el bien común es arduo y requiere del trabajo y del sacrificio de todos.

La Iglesia no se identifica con el Estado ni con programa político alguno, pero coopera en la construcción de una sociedad más fraterna y justa a través de su misión evangelizadora. En efecto, la labor de la Iglesia es anunciar el evangelio de nuestro señor Jesucristo y proclamar la verdad acerca del hombre a través de ese anuncio, de la educación y de la promoción de múltiples obras sociales como testimonio de su amor por el hombre, especialmente del más necesitado. La Iglesia promueve un mensaje de amor y pretende que los hombres, conociendo a Jesucristo, tengan una vida nueva en él. Y es que la tarea de la Iglesia es fundamental en una sociedad, dado que ayuda al hombre a encontrar sentido a su vida. En la adhesión a una persona, Jesucristo, el hombre comprende su vida como un servicio para los demás, constituyéndose en testimonio vivo de amor entre los hombres. Por otra parte, la Iglesia –al proclamar la verdad acerca del hombre revelada por Jesucristo, verbo del Dios hecho carne– promueve valores inherentes a tal dignidad, como el respeto por la vida humana, la promoción del matrimonio como fundamento de la familia y el derecho de cada ser humano a ser concebido y llevado en las entrañas por su madre y educado por sus padres. De la misma manera, se promueve un orden social justo en virtud de la dignidad de la persona humana como causa, centro y fin de la acción del hombre en el mundo, desde una concepción integral de éste en sus condiciones corporal y espiritual.

Desde esa perspectiva, se colabora como alerta de los peligros de una sociedad materialista que pierde el sentido trascendente de la vida del hombre y lo reduce a su condición biológica o a un mero engranaje de la sociedad. La Iglesia no pretende poder político alguno y está más allá de la contingencia. Reconociendo que la sociedad tiene el derecho y el deber de organizarse por sí misma, así como la legítima autonomía del orden temporal, no puede quedar indiferente a todo aquello que atenta contra el hombre. La Iglesia colabora para que en todos los campos de la vida social se tengan presentes el hombre y la dignidad que lleva grabada en cuanto imagen y semejanza de Dios. En la promoción del evangelio, la Iglesia no se inmiscuye en las labores del Estado, sino que ofrece un precioso servicio a la humanidad, dado que está convencida de que el hombre puede conocerse al conocer a Dios.

En su rol educativo y en la defensa del derecho de los padres de educar a sus hijos, la Iglesia también realiza su misión irrenunciable. En cuanto institución fundada por Jesucristo, está siempre dispuesta a servir a quien necesite de ella, dado que allí está su razón de ser al igual que lo hizo Cristo.

La credibilidad del mensaje evangélico es inseparable del testimonio de cada uno de los católicos en sus ámbitos de competencias, y los obispos tenemos la mayor responsabilidad como sucesores de los apóstoles, primeros testigos del Señor y a quienes dejó la responsabilidad de anunciar la Buena Nueva hasta el fin de los tiempos.

1 Obispos de Chile, Pastoral colectiva de los Obispos de Chile sobre la separación de la Iglesia
y el Estado, en La Revista Católica 25, (1925) 578, p. 49.
2 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes nº 26.
3 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes nº 84.