No todas las versiones del pasado son válidas. La investigación sólida aporta evidencias y acota el ámbito de lo debatible.

Escribir biografías de personajes políticos de la historia reciente o, lisa y llanamente, escribir historia contemporánea de Chile a veces resulta un trabajo ingrato y poco apto para los eruditos que prefieren el sosiego de las bibliotecas y rehúyen el barullo mediático de las discordias públicas. Nuestra historia política reciente, esa que se arremolina furiosamente en torno al golpe del 73, sigue despertando pasiones algo estridentes. Basta pensar en las trifulcas provocadas por el estrafalario homenaje a Pinochet, en la magnificada relevancia otorgada a las declaraciones de Aylwin sobre Allende o en el debate en curso sobre la pertinencia ética e histórica del Museo de la Memoria.

La historia como disciplina, en Chile, nació marcada por las discordias de la política del pasado más próximo y aún candente. Ya Guillermo Matta, el primer biógrafo de Manuel Rodríguez, sabía que nuestra historia reciente era un campo minado donde distintas formaciones de la memoria nacional libraban batallas por la supremacía. En la década de 1850, constató que los odios entre los bandos patriotas en pugna durante la Independencia se habían transmitido, incluso con un encono creciente, de generación en generación, y que el historiador de ese periodo, por eso mismo, pisaba un terreno inestable, de animosidades vivas, de guerra de castas. “Estoy seguro —apuntó— que no ha sido tan rabioso y encarnizado el odio entre O’Higgins y Carrera como lo es entre sus herederos”.

Benjamín Vicuña Mackenna también insistió sobre este punto. Dado que publicó libros sobre personajes tan controvertidos como los Carrera, O´Higgins y Portales, la bestia negra del liberalismo, experimentó en carne propia, más que ningún otro historiador del siglo XIX, los riesgos de escribir una historia contemporánea de Chile indiferente a las presiones de cualquier forma de poder social, llámese éste el influjo de las grandes familias o los consensos mayoritarios. Escribió sabiendo que aclarar lo sucedido, durante la Independencia o después, sobre la base de una investigación documental sólida, le acarrearía odios y venganzas. De hecho se le quiso encarcelar e incluso desterrar alegando injurias. En Chile, la superstición de los apellidos ilustres se antepone a la verdad histórica, eso decía. Alguna vez, ya con varias polémicas en el cuerpo, declaró que la historia no era “oficio de cortesanos”.

A mediados del siglo XIX, la historia nacional era una disciplina embrionaria con débiles soportes institucionales, que recién empezaba a validar su autoridad; y en esa tarea de construcción de su prestigio apeló al rigor de la investigación empírica y a la idea del archivo como santuario del conocimiento del pasado.

Toda nueva nación necesita una historia convocante y para eso hacen falta relatos capaces de pacificar la agitación de las polémicas más agrias. Los historiadores de ese entonces, sobre todo quienes abordaron el género biográfico, solían concebirse como jueces en misión de servicio en el reino de los muertos. De regreso, había que emitir veredictos fundados y establecer una especie de justicia póstuma ante el tribunal de la opinión pública. Sólo así la historia –enalteciendo o degradando a los dirigentes del país, según correspondiera a la luz de la evidencia—podría actuar como la sabia preceptora de la república. Las biografías de los hombres públicos, expuestos de este modo al escrutinio de la posteridad, debían ayudar a disuadir a los mediocres que especulan con salir indemnes y, asimismo, estimular a los abnegados con el tónico de la emulación.

Todo esto –el historiador político como magistrado ético de la república y la historia como una pesquisa destinada a administrar justicia cívica—sigue vigente hoy día, aunque de una manera menos enfática y grandilocuente, casi como una pulsión inconsciente que conviene reprimir en público. Las biografías de Pinochet y Allende, ¿no son eso acaso; juicios más o menos fundamentados sobre sus actuaciones públicas y sus respectivas responsabilidades en la agonía de la democracia y en el terrorismo de Estado?
Nada de esto implica que todas las versiones sean válidas y que la parcialidad política sea un fantasma imposible de exorcizar. La investigación sólida aporta evidencias y ésta despeja dudas y, de a poco, acota el ámbito de lo debatible. Aunque de eso sigan sin enterarse algunos columnistas obstinados en vestir con las ropas de la historia académica los argumentos ideológicos desplegados para propiciar y excusar el golpe de Estado y sus peores secuelas.