• 27 julio, 2007

¿Cuánto de gobierno efectivo le queda a la actual administración? La pregunta es sintomática, atendido que todavía ni siquiera promedia su mandato. por Hector Soto

Cuando las cosas en una empresa van mal –la operación se volvió deficitaria, se están perdiendo mercados, entre los clientes hay evidencias de rechazo a los productos y están apareciendo competidores amenazantes– lo normal es que el directorio tome cartas en el asunto y pregunte a la administración de qué modo piensa afrontar la emergencia. Cuando eso mismo ocurre en un gobierno por estar perdiendo apoyo o por estar proyectando una imagen perdedora o de indisciplina en su base de sustentación, la lógica diría que la reacción tampoco debiera hacerse esperar. Más allá del autoanálisis acerca de qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, el sentido común sugeriría un plan para rearticular la función gubernativa.

El gran problema es que en política eso nunca es fácil. La combinación de lealtades partidarias con convicciones erróneas, sumada a la inercia que tiene el sector público cuando está cruzado por intereses corporativos poderosos, es pésima para afrontar las crisis y estimular los golpes de timón en la dirección que requerirían los cambios. Pareciera estar además en la naturaleza de la función gubernativa la tendencia a tapar los errores cometidos del pasado con nuevos errores en el presente, en parte para disfrazarlos de coherencia y en parte porque los gobiernos tiemblan cada vez que reconocen errores y han de enfrentarse a la pesadilla de las responsabilidades políticas.

Por eso estamos como estamos. No obstante que la constitución chilena prescribe un presidencialismo de contornos francamente mórbidos, La Moneda se ha estado enjaulando en una patética dependencia de los votos oficialistas que se le arrancan en el Senado. Curiosamente, el intento de retenerlos no hace otra cosa que retroalimentar la indisciplina y rebajar los costos políticos asociados a la deserción. Pero el gobierno no cambia de estrategia y aunque ahora los ministros del área política se acordaron que si de negociaciones se trata también sería posible llegar a acuerdo con la oposición –lo que sería posiblemente más provechoso, más presentable y también más barato– al parecer tendrá que pasar mucho tiempo antes que la presidenta convoque a la oposición a consensuar criterios y programas en torno a dos o tres grandes políticas de Estado. Educación debiera ser una de ellas y es el ámbito donde mejores son las perspectivas de colaboración. Las otras debieran salir de algunas de las áreas donde el panorama se ha vuelto cada vez más complicado: energía, seguridad pública, trabajo, modernización del Estado, seguridad social, medioambiente… La lista de opciones puede ser larga.

Se dirá que no es así como funcionan los gobiernos, porque este camino tiene costos políticos. Quizás sea cierto: históricamente no han operado así. Pero así es como debieran funcionar, puesto que los costos políticos de la pasividad, la indolencia y la falta de coraje para afrontar con efectividad los problemas son todavía mayores, como se está viendo por lo demás en la actualidad. No cabe duda que si la Concertación, como se ha dicho tantas veces, tiene dos almas, la disociación plantea efectivamente al Ejecutivo dilemas difíciles. Pero no vendría mal un poco de pragmatismo para enfocar el tema. Es peligroso cuando la política pierde de vista el principio de realidad. Cuando se observa en la última encuesta CEP que el 56% de la gente que se declara de izquierda o centroizquierda aparece aprobando la gestión económica gubernativa encabezada por el “neoliberal” Andrés Velasco, es casi ridículo que sectores del gobierno sigan desconfi ando por anticipado del “modelo” y viendo heridas o desencuentros donde no los hay. No solo eso. Cuando faltan dos años y medio para la próxima elección presidencial, no tiene tampoco mucho sentido entrar a un enfrentamiento demoledor con el candidato opositor, porque eso implica necesariamente adelantar la campaña. Porque no se ha descubierto una fórmula para anticiparla tan solo respecto de la oposición pero no del oficialismo, que es el espacio político donde las dos almas volverán a disociarse, dividiendo la plataforma de apoyo y complicando al gobierno.

Si no es capaz de destrabar resueltamente sus conflictos internos y sus conflictos con el mundo opositor –en este orden–, el gobierno de Michelle Bachelet corre el serio riesgo de llegar solo hasta aquí. Hasta aquí en términos de iniciativas modernizadoras y de contribuciones al desarrollo social y al crecimiento económico. Entre otras cosas, porque lo ha desgastado demasiado la contingencia y, siendo así, es difícil que pueda acometer con éxito –y como la mandataria lo quiso– ese programa algo mesiánico de protección social con que la presidenta entró a La Moneda. Con seguridad, el pilar solidario de la reforma a la seguridad social va a salir. También habrá más competencia en el mercado de los fondos de pensiones. Pero si estos van a ser los principales saldos, positivos aunque nada del otro mundo, el país quedará con gusto a poco. El prometido parto de los montes tendrá que esperar.