Sucedió hace tres semanas, y pese a su importancia, pasó desapercibido para el mundo legal. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados reactivó un proyecto de ley que dormía desde 2007 para reglar de una vez por todas la figura del recurso de protección. Aunque parezca insólito, este recurso constitucional –uno de los […]

  • 26 septiembre, 2018

Sucedió hace tres semanas, y pese a su importancia, pasó desapercibido para el mundo legal. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados reactivó un proyecto de ley que dormía desde 2007 para reglar de una vez por todas la figura del recurso de protección. Aunque parezca insólito, este recurso constitucional –uno de los más relevantes dentro del sistema judicial chileno, ya que cautela las garantías constitucionales– no tiene un procedimiento regulado por ley desde la dictación de la Constitución de 1980. Hasta ahora, su aplicación se ha basado supletoriamente en un Auto Acordado de la Corte Suprema, habiendo operado durante 38 años supliendo la falta de ley.

Ante esto, el 5 de septiembre, la Comisión de Constitución de la Cámara decidió, por unanimidad, nombrar a una comisión redactora, integrada por tres abogados, encargada la elaboración de un anteproyecto de ley que pueda poner fin a este vacío en la legislación chilena. Se trata del procesalista Raúl Tavolari, el constitucionalista Rodrigo Delaveau y el penalista Enrique Aldunate, quienes tienen un plazo de 60 días para realizar esta labor.

Los tres juristas tuvieron observaciones críticas hacia el proyecto presentado en 2007 que intentó terminar con la falta de regulación legal del recurso de protección, pero que finalmente no vio la luz y se durmió en el Congreso, no obstante reconocer la necesidad ineludible de legislar en torno al tema. Por lo mismo, su tarea será diseñar un procedimiento que defina cómo debe aplicarse este recurso. 

Para Delaveau, es importante estudiar legislaciones comparadas. Por ejemplo, indica, revisar los plazos para presentar un recurso de este tipo, que hoy en Chile es de 30 días desde ocurridos los hechos, mientras que en otros países llega a seis meses.

También, señala, esta es una oportunidad única para analizar la utilización de esta acción, por ejemplo, en casos masivos, como de las alzas de planes de isapres, o su interacción con recursos de orden administrativo. Otros puntos a estudiar son la procedencia de alegatos ante la Corte Suprema o el examen de admisibilidad. En el caso de España, por ejemplo, estas acciones están entregadas en última instancia al Tribunal Constitucional, por tratarse de una figura que busca justamente proteger derechos constitucionales.

“Lo que se busca es equilibrar el resguardo y la protección de manera oportuna, eficiente y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución –sin crear barreras de entrada artificiales– y, por otro lado, reducir el mal uso de la acción de protección como mecanismo de litigación oportunista con motivos diversos a la de amparar derechos constitucionales”, explica el abogado. Y agrega: “Es una labor acotada, pero de gran trascendencia jurídica e institucional. Debe ser, por lo tanto, un trabajo inmaculado, preciso, a prueba de cualquier tipo de instrumentalización. Simplemente, debe ser una vía, dotada de un debido proceso, por la cual se dé curso a la acción creada en la Constitución. Ni más, ni menos”.