La nueva ley entra a operar y, con ella, el Consejo encargado de promover, fiscalizar y garantizar el acceso a la información pública.

  • 16 abril, 2009

 

Terminó el conteo. La ley de transparencia entra a operar y, con ella, el Consejo encargado de promover, fiscalizar y garantizar el acceso a la información pública. Las primeras semanas serán clave para determinar su eficiencia e independencia. Por Guillermo Turner.

Lo que se llama partir de cero. El Consejo para la Transparencia –el organismo autónomo creado para promover, fiscalizar y garantizar el derecho de acceso a la información estatal– es un buen reflejo del esfuerzo que ha significado la puesta en marcha de la nueva normativa sobre transparencia de la función pública, la misma que entra a operar a cabalidad este lunes 20 de abril.

Hasta hace poco más de un mes, las oficinas en el séptimo piso de Morandé 115 (antes, paradójicamente, utilizadas por la atribulada EFE) parecían una gran pista de baile, sin muebles ni divisiones internas, y el personal se reducía a los miembros del mismo Consejo, una secretaria en comisión de servicio y una responsable de comunicaciones. Pero sus integrantes sabían que los plazos apremiaban, por lo que ya en su primera sesión, a fines de octubre de 2008, habían tomado la decisión de convocar a concurso público para los cargos directivos y solicitar la colaboración del Servicio Civil en orden a contar con un proceso ágil, generando así lo que sería su “primera alianza institucional”, como la define el abogado Juan Pablo Olmedo, presidente
del Consejo. Comprensible, porque se trataba de una buena prueba de fuego para ambas instituciones.

Se concursaron cinco cargos: el director general, que recayó en el ex intendente de Salud, Raúl Ferrada; el director de Estudios, Eolo Díaz-Tendero; el director jurídico, Enrique Rajevic; el director de Informática, Eduardo González, y el director de Administración y Finanzas, Javier Pérez, el único proveniente exclusivamente del sector privado y sin ninguna vinculación anterior con el aparato fiscal.

“Paralelamente, el Consejo decidió que todo el resto de las contrataciones –aunque la ley no nos obliga– se realicen por concurso público, salvo excepciones calificadas, por oportunidad o tiempo”, añade Olmedo. Así, unos 10 cargos adicionales fueron llenados con el apoyo del Servicio Civil y de la firma especializada Human Capital.

Y con esta planta de unas 20 personas –“probablemente, en los próximos meses veremos nuevos llamados a concurso”, anticipa Olmedo–, el apoyo de otras reparticiones (como la Contraloría y el ministerio Secretaria General de la Presidencia) y un presupuesto asignado de 1.842 millones de pesos, el Consejo se apresta a iniciar una labor que, especialmente en los primeros meses, será clave en la puesta en práctica de los principios de probidad y transparencia que persigue la ley.

 

El Consejo en pleno: Roberto Guerrero, Alejandro Ferreiro, Juan Pablo Olmedo y Raúl Urrutia.

 

 

Los desafíos

En términos simples, la ley de transparencia obliga a unas 800 reparticiones públicas (de las cuales 350 son municipalidades) a mantener al día en la web su información sobre estructura orgánica, planta y remuneraciones y contrataciones de terceros, entre otras cosas. Es lo que se conoce como transparencia activa. Pero cualquier ciudadano podrá solicitar otras informaciones y esperar que el organismo en cuestión las entregue –o se niegue- en un plazo máximo de 20 días.

En caso de negativa, la persona podrá reclamar ante el Consejo para la Transparencia y esperar un fallo en no más de cinco días. Teniendo en cuenta que lo más probable es que en los primeros meses serán varias las reparticiones que no cumplirán con la exigencia de transparencia activa (en especial, municipios rurales), que la ciudadanía se mostrará particularmente proclive a requerir información (al menos, los medios de comunicación) y que las causales de reserva que establece la ley se prestan para amplias interpretaciones (buen funcionamiento del órgano, seguridad de la Nación, interés nacional y derechos de terceros), es fácil prever que al Consejo no le faltará trabajo.

Nuevamente, sus integrantes están conscientes de ello. Por eso se abocaron a armar una suerte de plan estratégico, que defina sus prioridades para esta primera etapa. ¿Cómo hacerlo? Recopilando experiencia internacional en la materia y con apoyo de terceros, como el BID y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) de México (en muchos aspectos, el paradigma del Consejo chileno).

“Hemos ido desarrollando los procesos, siendo el más significativo para nosotros este año el de recepción de reclamos ante negación de información por parte de servicios públicos”, sostiene Olmedo. ¿Habrá mucha demanda? “No es posible preverlo”, dice el personero, aunque el nivel de cumplimiento del Estado en materia de transparencia activa podría servir de antecedente. Y en ese sentido, el ministro José Antonio Viera-Gallo ha señalado que el aparato gubernamental está preparado y que, en el caso de los municipios, no existiría justificación para que, al menos, los de Santiago y capitales regionales no lo estén también. ¿El resto? Viera-Gallo afirma que el Consejo tendrá con ellos un espíritu de “marcha blanca”, pero Olmedo recuerda que “la ley debe entrar en vigencia con igualdad de condiciones para todos los chilenos, aunque el Consejo tendrá que ponderar quiénes no pueden cumplir respecto a quienes no quieren cumplir”.

Los antecedentes históricos no son los mejores. Cuando en 2001 se dispuso la publicidad de los actos públicos, fueron muchos los servicios que reaccionaron decretando el secreto o reserva de sus resoluciones. “Pero en esa época el país no tenía incorporado en el ethos nacional la importancia de la transparencia. Hoy la tiene, y con reforma constitucional de por medio. En la administración del Estado tampoco existía entonces un compromiso sistémico para efectos de elevar las prácticas de la administración, el cual sí lo hemos visto desde 2007 en adelante”, añade Olmedo.

Audiencia y centralismo

La nueva legislación establece que el requirente de información debe ejecutar su solicitud por escrito, lo mismo que cualquier reclamo posterior al Consejo. Pero en la entidad afirman que habilitarán un sistema de audiencias. Lo explica Olmedo: “nos parece relevante introducir oralidad al proceso, sobre todo en las primeras decisiones, donde la calidad de las mismas es tremendamente importante, porque estaremos sentando las bases jurisprudenciales del Consejo y definiendo aspectos de carácter procesal que van a servir de indicadores. Ciertamente, debemos darnos los tiempos necesarios para que esas decisiones emblemáticas generen en la ciudadanía la certeza de que son ponderadas y fruto de una reflexión significativa”.

El inconveniente es que el legislador, para variar, diseñó un sistema con criterio centralista. El Consejo opera en Santiago y quien solicite su intervención desde regiones deberá hacerlo por medio de la respectiva gobernación provincial. Olmedo: “hemos sostenido reuniones a través del gobierno interior para la elaboración de los instructivos que den certeza de cómo debe ser el proceso de entrega de la información al Consejo”. Y añade que también están dispuestos al traslado de la persona en casos necesarios. No obstante, el objetivo es que se termine operando por Internet, lo mismo que el proceso de transparencia activa, donde a la fecha el gobierno trabaja en la formulación de los distintos portales, pero la idea –al menos, la que propugna el Consejo– es que se llegue a un gran portal de la transparencia.

¿La última palabra?

Las resoluciones del Consejo serán reclamables ante las cortes de apelaciones a lo largo de Chile. Ahí asoma un foco de dificultad. ¿Qué jurisprudencia final se irá armando, la del Consejo o la de los ministros de apelaciones? ¿Qué ocurre si para una materia similar una corte del norte falla opuesto a la de su par en el sur? Porque en el proceso no cabe apelación a la Suprema.

Pero sobre la causal de buen funcionamiento del órgano –que, probablemente, será una de las más invocadas por el servicio afectado para negar información– no existe la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones. Ahí la decisión del Consejo es definitiva para el órgano, pero el ciudadano sí podrá apelar a los jueces en caso de que se valide la negativa a entregar información.

En el resto de las causales, la posibilidad de diferencia entre el Consejo y las cortes subsiste. “Para prevenir ello, nuestro organismo depende, básicamente, de la calidad de sus resoluciones y del debido proceso”, añade Olmedo y anticipa, además, que han mantenido conversaciones con el Poder Judicial en orden de colaborar en programas de capacitación en estas materias.

“El principal desafío es identificar a todos los componentes del Estado con el principio de la transparencia, lo mismo que al conjunto de la población”, concluye Olmedo. Y añade: “la transparencia es un concepto abstracto que la población debe hacer suyo. El nacimiento de una institución nueva como esta requiere apoyo de todo el país”.

¿Riesgo de presiones? “Nuestro rol es ser incómodos. La gran garantía para mantener la autonomía
es que estas instituciones pasen a formar parte del ethos del país. Es ahí cuando alcanzan la fuerza para sostenerse ante cualquier embate que puedan sufrir”.