Expectantes están en el Gobierno ante el próximo pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el próximo 15 de julio definirá si acepta o no a tramitación la millonaria querella de 852 profesores por el llamado daño previsional. Si la corte falla a favor de tramitar el caso, se espera que un […]

  • 16 mayo, 2014

Expectantes están en el Gobierno ante el próximo pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el próximo 15 de julio definirá si acepta o no a tramitación la millonaria querella de 852 profesores por el llamado daño previsional.

Si la corte falla a favor de tramitar el caso, se espera que un nuevo –y aún más numeroso– grupo de maestros se sume a las acciones legales, lo cual podría poner un elemento adicional de presión a la ya agitada agenda educacional del Gobierno.

Según el procedimiento de la Corte, el Estado de Chile puede abrirse a una conciliación o perseverar, pero bajo el riesgo de ser condenado. Y de serlo, la factura podría ser multimillonaria, a lo que se añade que habría unos 83 mil profesores o sus descendientes esperando por esos recursos.

En 2012, los 852 maestros decidieron acudir ante el tribunal internacional para exigir el pago de estas obligaciones, nacidas tras la municipalización de la educación en 1981, cuando a los profesores no se les pagaron algunos bonos ni sus cotizaciones previsionales. Varios murieron esperando esa plata, por lo que sus descendientes continuaron la pelea.

El Estado dice que no le corresponde pagar, porque no se completaron todos los pasos judiciales para cobrar las platas y que se trata de un problema entre los profesores y los municipios. Pero si la Corte no acepta estos argumentos, se prevé un largo juicio.