Por Martín Rodríguez
Director Ejecutivo de Feedback

Piñera rotuló su gobierno con la Nueva Forma de Gobernar, poniendo por delante la eficiencia como factor diferenciador y unificador de la gestión de sus políticas sociales. Pero así como están las cosas, todo indica que el diálogo puede ser el elemento distintivo del segundo gobierno de Bachelet.

Es cosa de ver el derrotero que ha tomado el tridente de reformas del Gobierno. La calidad del diálogo es crecientemente el indicador de éxito de los cambios propuestos. La vía no lineal para avanzar con sentido de futuro. Es un tema de época.

En el Chile de hoy, hacer cambios es más difícil. Estamos obligados a dialogar. Después de décadas de mejoramiento objetivo del país, las personas han adquirido nuevos derechos, han ganado en libertad y, en general, son más autónomas, con lo cual se hacen más impredecibles. Las instituciones ya no guían el paso de la ciudadanía de manera incondicional. Hay todo un mundo independiente, donde ocurren negociaciones, se resuelven conflictos y se dan relaciones y dinámicas sociales que no son reguladas por las instituciones, y en donde la individualidad se ejerce con la única certeza de construir el modo de vida deseado.

Así, los cambios propuestos por las instituciones políticas/empresariales no pueden ser indiferentes a lo que allí ocurre. Ante la menor amenaza de que se pueda llegar a dañar la libertad o los derechos adquiridos, todo proceso de cambio pierde legitimidad.

Las personas ya no están dispuestas a asumir de manera pasiva los cambios propuestos desde el poder dictado por el señor tecnócrata. Algunos policymakers pueden tener el noble propósito de generar potentes transformaciones institucionales para mejorar la calidad de vida de las personas, pero éstas no necesariamente pondrán en práctica cambios en su vida cotidiana para hacerlas posibles (caso Transantiago).

El desarrollo –entendido como los nuevos desafíos de bienestar de la sociedad chilena– requiere incorporar simultáneamente una multiciplicidad de grupos de interés, que van mucho más allá de quienes sostienen posiciones técnicas. Se trata de abarcar un amplio rango de posiciones políticas, culturales e incluso morales. El desafío es hacerse cargo de la complejidad de las relaciones entre las personas, y entre personas e instituciones. De hecho, el malestar surge precisamente porque las personas presumen que el país puede dar más,  pero esto se ve obstaculizado por las prácticas de algunos, y sus espurias relaciones con las instituciones.

Lo que se exige es capacidad de generar condiciones para que los cambios coordinen una multiplicidad de relaciones, en aras de que las oportunidades presentes en el país se concreten. Es  importante el propósito, pero no menos la manera de lograrlo. El proceso –el cómo– es lo que captura y compromete.

Esto implica que los cambios –o reformas–no pueden sostenerse en una simulación realizada en un cuarto de macanudos técnicos (economistas por lo general), como tampoco limitarse a un debate de la elite. Por lo tanto, los que invocan a la “la política de los acuerdos” como única herramienta para alcanzar consensos y estabilidad, desconocen que en el corazón de todo diálogo deben estar presentes los ciudadanos. Lo contrario sería desconocer la esencia de la sociedad que se ha construido en los últimos 30 años: un país en el que las relaciones están determinadas por los derechos y libertades de las personas,  y que están poniendo en aprieto los modos de interacción entre ciudadanía y elite política, entre sociedad y empresarios. La política de acuerdos está obligada a evolucionar, instalando a la ciudadanía en el centro, haciéndose cargo de sus prácticas y códigos culturales aprendidos en el ruedo del esfuerzo personal y del individualismo, de modo que una vez alcanzados los consensos, las personas puedan integrarlos para que se traduzcan en acciones, en realidad.

Lo mismo ocurre con los proyectos de inversión de alto impacto. Antes, éstos se acordaban, en la esfera de la autoridad ambiental. Hoy, los proyectos de inversión requieren hacerse cargo de la pluralidad y diversidad prexistente en los lugares en donde buscan instalarse. La convivencia social está sujeta a la capacidad de establecer espacios de participación de carácter “multistakeholders”, como un modo de atraer a la mayor diversidad de intereses, prefigurar visiones compartidas y colaborar desde la esfera de cada uno de los actores, para hacer posible la vida en común.

Pero no es fácil.  Piñera pudo haber sido más eficiente si hubiera invocado el diálogo como un aspecto inherente a la gestión pública. El gobierno de Bachelet lo invoca, pero todavía no es evidente que sea garantía de éxito; hacer caer la fuerza “de la mayoría” debe ser una tentación presente. Lo cierto es que la multiplicidad de intereses envueltos en el debate de la reforma de educación es impresionante. Y coordinar e integrar todos esos intereses va a ser una tarea mayor.  •••