El gobierno la discute y todo indica que viene pronto. Pero no es solo asunto de más plata. Aqui lo que se paga es la señal política. El giro de la derecha. Por María José O’shea C.

  • 8 septiembre, 2011

El gobierno la discute y todo indica que viene pronto. Pero no es solo asunto de más plata. Aqui lo que se paga es la señal política. El giro de la derecha. Por María José O'shea C.

 

El gobierno la discute y todo indica que viene pronto. Pero no es solo asunto de más plata. Aqui lo que se paga es la señal política. El giro de la derecha. Por María José O’shea C.

 

El propio Sebastián Piñera vino a confirmar el rumor que hace días venía corriendo fuerte en La Moneda: el gobierno estudia seriamente una reforma tributaria. Hablo de La Moneda porque, claramente, no son las mismas versiones que circulan a pocos metros del palacio de gobierno, en el ministerio de Hacienda.

La reforma tributaria es una especie de fantasma que venía persiguiendo a la derecha –y a los empresarios, obviamente- hace un buen tiempo. Y a medida que se va acercando, más agudiza las diferencias de opinión al interior en esos mismos sectores. En el ejecutivo, el rostro anti alza impositiva es el jefe de las finanzas públicas, Felipe Larraín, quien el fin de semana pasado recibió un espaldarazo de su par de la Segpres, Cristián Larroulet.

Hasta ahora, Larraín se ha empeñado en decir que para la reforma educacional –el asunto que volvió a poner la discusión sobre la mesa– el fisco tiene suficientes recursos. Y que si bien el país necesita más recaudación, ésta se logra mediante el crecimiento.

Pero en la otra vereda están los sectores de gobierno que creen que la reforma tributaria es una señal política que el presidente necesita enviar en momentos en que el descontento ciudadano se hace cada vez más visible y, a la vez, golpea la popularidad del mandatario. El máximo impulsor de esa idea ha sido el ministro de Economía, Pablo Longueira. Y, al parecer, Piñera se estaría inclinando más por esta vía.

La idea que se prepara es mantener el impuesto a las empresas en 20%. Es decir, hacer permanente el alza supuestamente transitoria que se aprobó con motivo de la reconstrucción. Según los cálculos, cada punto porcentual de esta alza significa 300 millones de dólares anuales en recaudación.

Pero si de lo que se trata es de enviar un mensaje político, el anuncio vendría acompañado de una baja de otros tributos, en la lógica de más a las empresas y menos a las personas. En ese sentido, se estudia disminuir alrededor de cinco tipos de impuestos, entre los que están el de timbres y estampillas, combustibles y el tributo a la herencia.

Aunque no está contemplada esta reforma en el programa de gobierno, cosa que en algo complica al presidente, los defensores de esta medida sostienen que va en sintonía con su planteamiento respecto de las “excesivas” e “inmorales” desigualdades que persisten en Chile. Por lo mismo es que Piñera habría optado por separar este asunto del conflicto estudiantil y no ponerlo como una medida de canje para descomprimir el problema. La idea es presentarlo como una propuesta del gobierno hacia todo el país y, en especial, a la clase media. En el fondo, como un giro de la derecha.

La eventual reforma tributaria ha acaparado también las conversaciones en el mundo empresarial. Aquí las opiniones también están divididas. Mientras un grupo, liderado por figuras como Hernán Büchi y Luis Larraín –ambos del Instituto Libertad y Desarrollo– estiman que eso golpeará directamente al crecimiento económico, otro sector, al cual pertenecen poderosos grupos económicos, se han allanado a apoyar una reforma e incluso se lo habrían hecho saber al presidente.

La decisión final de Piñera tiene una hora cero: las 12 de la noche del 30 de septiembre, momento en que vence el plazo para el ingreso de la Ley de Presupuestos 2012 al Congreso. Ahí ya sabremos quién gana.