¿Recuerda el proyecto de ciudad modelo que reemplazaría al “volcánico” Chaitén? Pues bien, ya es cosa del pasado. Los altos costos involucrados, la persistencia de los verdaderos colonos por quedarse en sus tierras y los informes de salud llevaron al gobierno a “reabrir” esta capital provincial. Mientras, el intendente regional se esfuerza en transparentar los pagos y subsidios de una emergencia que la misma Contraloría optó por objetar. Por Bárbara Gutiérrez.

 

  • 30 diciembre, 2010

 

¿Recuerda el proyecto de ciudad modelo que reemplazaría al “volcánico” Chaitén? Pues bien, ya es cosa del pasado. Los altos costos involucrados, la persistencia de los verdaderos colonos por quedarse en sus tierras y los informes de salud llevaron al gobierno a “reabrir” esta capital provincial. Mientras, el intendente regional se esfuerza en transparentar los pagos y subsidios de una emergencia que la misma Contraloría optó por objetar. Por Bárbara Gutiérrez.

El 2 de mayo de 2008 los habitantes de Chaitén no lograban explicarse qué era esa enorme nube de cenizas que oscurecía la ciudad y a sus algo más de 5 mil habitantes. A sólo 10 kilómetros el, hasta ese momento, “cerro” Chaitén emergía con toda su fuerza, con la inesperada erupción de un –por siglos– inactivo volcán.

Lo que siguió fue profusamente conocido. Emergencia. Zona de catástrofe. La designación de un ministro en campaña. Un recurso de protección que permitió usar la fuerza para evacuar a los pobladores que rehusaban dejar la tierra donde siempre habían vivido. Una delegada presidencial. El inicio de un largo proceso administrativo en la zona de de catástrofe que contempló, entre otros, el desplazamiento de los afectados y su posterior indemnización.

Casi dos años después, otro gobierno y con sólo una fumarola de telón de fondo en la localidad, la reactivación de lo que fue la emergencia en Chaitén se concentra en la exhaustiva revisión de un proceso que alguna vez contempló la construcción de una nueva ciudad, de características ejemplares, en la supuestamente más segura zona de Santa Bárbara. A cargo de esta revisión están ahora las oficinas de la intendencia regional y la Contraloría General de la República.

Para el abogado y académico Juan Sebastián Montes, hoy intendente de la región de Los Lagos, bien podría entenderse como una mochila heredada, porque el proceso de Chaitén debería haber quedado cerrado en marzo de 2010, justo antes de que asumiera el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, los bonos a las familias afectadas por el desalojo, que debían entregarse en enero y febrero, se atrasaron y fue Montes quien tuvo que asumir la responsabilidad de su pago.

“Cuando vino el cambio de gobierno había mucha gente que nos decía que aquí había algo grave… Pero nos ocurrió algo que nos sirvió mucho con la investigación. Quedó una mochila pendiente: en marzo se vencía el decreto de emergencia, renovable hasta en dos años, lo que no me permitía seguir pagando el bono. En todo caso, desde el primer momento dijimos que no seguiríamos pagando porque, además, estaba la contingencia del terremoto. Pero había dos bonos que no se habían pagado, los de enero y febrero. Si los hubiese pagado la Concertación esto quizás hubiese pasado piola”, cuenta Montes a Capital.

Una noche, cuando el plazo del pago de los bonos vencía de manera inexorable, el intendente reparó en una gran cantidad de carpetas con informes que contenían nombre y RUT de personas beneficiarias de los bonos que él debía autorizar. “A mi asesora le pregunto, ¿esto está chequeado? y ella me dice que son las mismas nóminas a que se ha pagado siempre. Pero insisto a esta persona, que venía del gobierno anterior, si se había corroborado, cruzado datos, pensando casi en errores de tipeo o de salto de filas… Le dije que mejor nos demorábamos un día más pero verificábamos esos RUT con el Registro Civil… Al día siguiente me dice que estaba la escoba porque la nómina incluía 22 personas fallecidas, lo que nos dio los primeros indicios de que esa la lista nunca había sido verificada”, relata la autoridad regional. Como en una trama policial, como el mismo Montes lo describe, empezaron a surgir más dudas.

“Con una tremenda presión social, decidimos no pagar el bono completo. Cursamos los 550 mil pesos del bono que eran una parte fija, pero los 150 mil pesos correspondientes a subsidios al arriendo, electricidad, teléfono, gas, vestuario, alimentación, pasajes, traslados, compromisos financieros y comerciales, que al recibir su casa definitiva los beneficiarios dejaban de percibir, se pagarían contra verificación de documentos. Montamos una oficina para atender directamente a las familias. Cuando llegaban les hacíamos preguntas. Sólo llegaron dos tercios. Posteriormente, revisamos los pagos hechos y la entrega de casas, y nos dimos cuenta de que 1.075 millones de pesos provenían de dos partidas: 230 millones por subsidios; es decir, a quienes se les entregó la casa y nunca se les descontó el bono de arriendo; y más de 845 millones destinados a funcionarios públicos que nunca perdieron su trabajo. Estos pagos son claramente irregulares y no se debieron efectuar. También hay viviendas mal entregadas: a cada grupo familiar le correspondía una vivienda y hay grupos con hasta cuatro, denunciadas por sus propios vecinos. Si se multiplica la errónea entrega de bonos, se llega a más de 1.460 millones y, con la duplicación, se podría hablar hasta de 3.000 millones de pesos”, sostiene Montes.

La investigación especial de la Contraloría

Con fecha 15 de diciembre de 2010, la unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Los Lagos emitió un informe fi nal sobre la fiscalización al proceso de pago de bonos de emergencia a personas desplazadas de Chaitén, que concluye en tres puntos:

El gobierno de Piñera optó por reabrir Chaitén norte y volver a prestar servicios públicos, como agua y luz, cortados a los habitantes que permanecieron en el lugar desde la erupción del volcán.

1. “No se establecieron fechas de cortes para cada uno de los procesos de asignación y apelación en la entrega de bonos de desplazamiento, no se defi nieron los antecedentes exigibles, plazos de pago, forma de asignación, ni se confeccionaron nóminas ordenadas y detalladas de cada benefi ciario. Además, en el período sujeto a examen, no se efectuó un seguimiento ni validación efectiva del estado de situación de los afectados, con el propósito de comprobar la vigencia de los requisitos y la real necesidad del aporte estatal aludido”.

2. “Se observó el pago irregular de bonos de desplazamiento por un total de 1.079 millones de pesos, correspondiente a 262 casos, que comprende el otorgamiento del benefi cio a personas con viviendas obtenidas a través de subsidios Serviu y funcionarios públicos con viviendas fiscales, respecto de quienes no se descontó la parte del bono referida al arriendo; pago del bono a personas fallecidas o a propietarios de un bien raíz en Puerto Montt; cargas familiares pagadas en forma duplicada; apelaciones que no tenían antecedentes sufi cientes para poder acreditar la condición de desplazado; funcionarios públicos que fueron trasladados a otras zonas del país pero que continuaron percibiendo el bono; duplicidad en los pagos, entre otros. Respecto de esta cifra, se formulará reparo ante el Juzgado de Cuentas”.

3. “Deberán investigarse las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en los hechos reseñados en este informe”.

En síntesis, el reporte señala que en 84 casos no se descontó el valor establecido en el bono por concepto de arriendo, equivalente a 150 mil pesos; en cuatro casos, funcionarios públicos obtuvieron el benefi cio de vivienda fi scal posterior a la catástrofe y, no obstante, percibieron el pago por concepto de arriendo que contemplaba el bono de emergencia. Asimismo, se constató que hubo 16 fallecidos cuyas fecha de defunción fueron anterior a diciembre de 2009, pero no se suspendió el pago del bono. De acuerdo con los registros del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, se constató que existen benefi ciarios que tienen registrada una propiedad en esa ciudad, y aun así se les pagó la parte del bono correspondiente a arriendo. Incluso, en tres casos se determinó que en el sistema de monitoreo creado por Mideplan para la emergencia se registra la misma dirección que aparece en el Conservador.

“La emergencia se abordó sacando a la gente, el Estado tenía que ir en su ayuda, el problema es cómo se manejó ese proceso”, enfatiza.

-Aquí se entregan antecedentes de una auditoría, no hay sumarios en curso… Usted ha planteado que llevará el caso a los tribunales de justicia. ¿Cuándo lo hará?

-Esta ha sido una investigación bastante larga y pensamos que dentro de unas tres semanas concretaremos este paso. Pero este tema nos lleva a otro, referido a las capacidades del Estado para fiscalizar y generar respuesta, no necesariamente castigo… pero que los chilenos sepan qué fue lo que pasó aquí.

-¿Y usted qué concluye? ¿Corrupción, irregularidades, errores?

-La respuesta políticamente correcta es decir que aquí hay corrupción. Creo que se ve, claramente, un mal uso del aparato del Estado y una negligencia grotesca de estar casi por dos años mostrándole a la comunidad que estás administrando la crisis y te encuentras que, en los últimos pagos, las listas ni siquiera están chequeadas. Que caiga el telón y se vea que nadie fue capaz de chequear un certifi cado de nacimiento, de fi liación, de residencia. Si yo quisiera castigar, castigaría más el mal manejo que la corrupción propiamente tal. Está comprobado que por cada dólar de corrupción hay 10 de mal manejo.

-En ese momento se enfrentaba una situación de emergencia, gente subiendo a barcazas, etc. ¿Se podía catastrar más rigurosamente?

-Con un computador y seis personas se hacía perfectamente. Se necesitaba un protocolo de chequeo.

El futuro de los “desplazados”

Arden los ánimos en la zona austral: “ojalá se puedan regularizar esta y otras muchas irregularidades que se cometieron antes, en cuanto a bonos y otros desórdenes. Y espero sigan investigando, por algo los chaiteninos están calladitos, tienen casas, comida, bono, terrenos y andan en tremendos 4×4”.

Se añade: “Al parecer, concurren dos cosas: no hubo un sistema de control adecuado en el otorgamiento y, junto con ello, personas actuaron con dolo para obtener los bonos deseados”.

Párrafos extraídos de los blog en la región de Los Lagos. Desde que se anunció la investigación, las redes sociales de la zona no paran de emitir juicios públicos de lo que, según señalan, era un secreto a voces. Pero Montes va más allá y abre un nuevo flanco. “La Concertación sostiene que manejó bien la crisis en la emergencia inicial y, teóricamente, también el resto. Pero fue una crisis volcánica, la gente no iba a morir, experiencias en otras partes del mundo demuestran que los volcanes, a diferencia de los terremotos, avisan”.

Durante su primera semana de gestión, Juan Sebastián Montes, decidió recorrer la región. El itinerario lo llevó a Llanquihue, Osorno, Chiloé, Chaitén y Palena. “En Chaitén estaba lleno el gimnasio, unas 400 personas, niños, perros, gatos. Y lo primero que me advierten es que viven, desde hace dos años, en una ciudad prohibida, sin luz, sin agua”. Eran los habitantes que se resistieron a las órdenes de traslado.

-El desplazamiento se produjo por el riesgo que implicaba para sus habitantes…

-El Estado interpuso un recurso de protección contra sí mismo, donde se obligaba a cerrar una ciudad y la Corte lo negó. Las personas tienen el derecho a que las protejan, pero si toman otra decisión tienen derecho a ser respetadas.

“Nadie desconoce los riesgos, como el aluvión y la ceniza. Pero nadie cuestionará nuevamente el derecho a vivir sobre un suelo que sigue siendo el mismo que antes de la erupción”, fue la conclusión de Montes en una columna publicada en un medio local.

Renacer de las cenizas…

Pero el canasto de agua (significado mapudungún de Chaitén) aún deparaba nuevos y complejos debates. Luego que el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet desincentivara el regreso a esa ciudad a través de la no disposición de servicios básicos, amparado en informes de salud que señalaban riesgos para la salud de los habitantes o quienes decidieran regresar al territorio, el pasado 9 de diciembre el presidente Piñera determinó que la zona es “habitable y transitable, pero se encuentra sujeta a riesgos permanentes, en especial, para la propiedad y las construcciones, que hacen que la habitabilidad quede restringida a la parte norte de la ciudad”.

 

El informe de la Contraloría regional advierte sobre el pago irregular de bonos, beneficios duplicados y otras irregularidades, por lo que pide investigar responsabilidades.

Esta fue la segunda arista que enfrentó el intendente: el plan maestro de nueva Chaitén emplazada en Santa Bárbara. “Estábamos frente a una ciudad que estaba justo al frente de una isla, sin luz eléctrica; Noruega, pero sin luz y con estándares de salud y educación malas”, resume Montes su evaluación del lugar. Si bien el plan heredado no señalaba explícitamente cuál era el costo de Santa Bárbara, la autoridad lo estima en 350 millones de dólares.

El 27 de mayo, el presidente Piñera visitó la región, tomó los análisis de metales pesados, de ceniza y material particulado respirable y los riesgos de aluvión en Chaitén y optó por desahuciar el proyecto Santa Bárbara. “El estudio dice que los suelos son volcánicos, igual que en el resto de Chile, y que las concentraciones de arsénico están en los límites tolerables. Sernageomin, junto al Seremi de Salud, el presidente y sus ministros, llegaron a una conclusión: puede haber una explosión, pero en Chile existen 25 volcanes que pueden explotar; hay riesgo, pero la probabilidad es baja”.

Así, el gobierno regional trabaja ahora en demarcar un perímetro habitable dentro de la parte norte de Chaitén, que será “el único centro urbano” en la ciudad donde se podrán restablecer servicios públicos básicos y otorgarse permisos para edificar y desarrollar actividades públicas y privadas. Por otra parte, los actuales habitantes de Chaitén, “en una actitud propia y valiente de colonos, han asumido bajo su libertad y responsabilidad” la decisión de habitar su tierra y quedarse en ella “lo cual este gobierno valora y reconoce”, dice el intendente.

-¿Y cuánto vale este nuevo plan?

-El número no lo sé, pero va a ser una inversión paulatina, mucho menor que lo que costaba Santa Bárbara.

-¿Han estimado cuántos habitantes volverán?

-Aquí había una ilusión, que esos desplazados iban a volver y lo harían si el Estado se ponía con sueldos y locaciones, pero al entrevistar a la gente la mayoría decía que no volvería, porque se fueron a vivir a Puerto Montt, a Chiloé, a Osorno, con colegios, salud. En Chaitén la vida era dura. Creemos que llegarán a ser un 10%, los verdaderos colonos…

-¿El desarraigo del que tanto se habló, se superó entonces…?

-Ahí esta lo del colono adelante y el Estado atrás. Si el Estado va adelante nunca sabes cuál es la población natural del lugar. Si se va a desembarcar un Estado filantrópico que quiere colonizar a punta del fisco, la experiencia es cara y, al final, mala.

Montes resume su gestión en este caso de la siguiente forma: “a un chaitenino le dije, déme un frasco con cenizas para llevarlo a mi oficina porque yo quiero que esto envenene mis sueños y que me recuerde a cada momento que tengo que resolver el problema de Chaitén”. Pero les advirtió: “no les puedo garantizar que esta solución será del gusto de ustedes, pero el Estado no puede estar contra ustedes”.

La historia que viene está por conocerse. Chaitén del futuro, con el recuerdo de haber sido una de las comunas con mayor Indice de Desarrollo Humano de la región ubicada frente a un silente volcán, por decenios ignorado por sus habitantes.