Por Jorge Poblete y Antonieta de la Fuente Ocurrió a principios del año pasado. Citibank anunció que debía corregir a la baja sus balances de 2013 debido a préstamos fraudulentos entregados a la empresa Oceanografía por su subsidiaria Banamex, en México. De inmediato los reguladores norteamericanos encendieron las alarmas. Oceanografía era uno de los principales […]

  • 6 marzo, 2015

Por Jorge Poblete y Antonieta de la Fuente

FCPA

Ocurrió a principios del año pasado. Citibank anunció que debía corregir a la baja sus balances de 2013 debido a préstamos fraudulentos entregados a la empresa Oceanografía por su subsidiaria Banamex, en México. De inmediato los reguladores norteamericanos encendieron las alarmas.

Oceanografía era uno de los principales contratistas de Pemex, la petrolera estatal mexicana, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que la Securities and Exchange Commission (SEC)  de Estados Unidos abriera una investigación por una posible infracción a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, siglas en inglés de Foreign Corrupt Practices Act).

Oceanografía había entregado boletas falsas a Banamex como garantía para un crédito por 585 millones de dólares. Por eso, las indagaciones de la SEC apuntaban a si Citi había seguido todos los mecanismos de control interno para su subsidiara en México y si había cumplido con las normas de compliance del banco. El caso, implicó el despido de 11 altos ejecutivos de la entidad financiera y la renuncia, en octubre pasado, del director general del Grupo Financiero Banamex, Javier Arrigunaga.

Por eso, según indican fuentes cercanas a Citi, los detalles del caso Caval, en el cual el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, participó directamente de la gestión de un crédito por 6.500 millones de pesos a una empresa de Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Bachelet, para comprar tres terrenos en Machalí, no resultan indiferentes para la entidad.

 

El rigor de la ley

La FCPA fue creada en 1977 en Estados Unidos y su origen no puede separarse del todo de renombrados casos como el de Watergate. Durante los últimos años, los organismos encargados de perseguir los delitos que allí se tipifican, la Securities and Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), han endurecido la mano, potenciado sus equipos fiscalizadores y, de paso, aumentado el nerviosismo de gran parte del mundo corporativo vinculado a Estados Unidos. Porque no sólo las empresas que operan en ese país pueden ser investigadas, sino también todas las subsidiarias que operen fuera y también las que transen sus acciones en la bolsa norteamericana.

En Chile la FCPA no ha tenido alcances y, hasta ahora, no se conoce ningún caso de empresas locales vinculado a esta ley.

Pero el caso Caval y también la arista SQM del caso Penta son episodios que para algunos se podrían acercar a entrar al radar de las autoridades norteamericanas.

“Hay que preguntarse qué hará la SEC o el Departamento de Justicia si se sospecha que hubo uso de boletas falsas para financiar candidatos de parte de SQM”, dice un abogado que conoce cómo operan los reguladores estadounidenses.

¿Y con el Banco de Chile? “Ahí hay que recordar que existe una de las cláusulas de su fusión con el Citi que establece que el banco debe operar como subsidiaria del la entidad norteamericana, lo que incluye regirse por las mismas leyes. Y los socios de Luksic deben estar preocupados con la amplia cobertura internacional que ha tenido el escándalo en la prensa”, agrega un ejecutivo que conoce de cerca el sistema financiero local y norteamericano.

 

Inquietud en SQM

En el directorio extraordinario realizado por SQM el 26 de febrero pasado existía preocupación. Si bien los canadienses de PCS han optado por la calma y por mantener las buenas relaciones con Julio Ponce, las indagaciones de la Fiscalía en lo que se ha dado en llamar la arista SQM del caso Penta, los tiene inquietos. De ahí que se haya decidido crear la figura de un comité ad-hoc, integrado por José María Eyzaguirre, Juan Antonio Guzmán y Wolf Von Appen, grupo que tendrá como fin investigar las boletas, sacar conclusiones y definir cursos de acción.

Pero en el directorio no sólo preocupan las consecuencias internas que pueda tener el caso, sino también las derivaciones internacionales que pueda abrir para la empresa. Por eso, entre las consultas realizadas en el directorio del 26 de febrero también se conversó de la posibilidad de que los reguladores abran una investigación por violaciones a la FCPA.

“Por supuesto que preocupa, pero no creemos que se abra una nueva jurisdicción por la misma causa. Si ya hay una investigación en Chile, la SEC o el Departamento de Justicia no se van a meter encima”, explica un cercano a la empresa.

Consultado por el caso, el director de relaciones públicas y comunicaciones de Potash Corp., Randy Burton contestó a Capital que “la empresa no puede especular sobre el impacto de la legislación de Estados Unidos en las operaciones de SQM” y agregó que “estamos muy a favor” del comité especial de directores “creado para investigar los temas que han estado en la prensa últimamente”.

Mientras, desde SQM, declinaron hacer declaraciones sobre el riesgo de un FCPA.

 

Los efectos de la reunión

“La SEC no confirma ni niega la existencia o no existencia de investigaciones” declaran desde Estados Unidos frente a la consulta de si existe interés por parte del organismo estadounidense sobre el préstamo de 6.500 millones de pesos otorgado por Banco de Chile a la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, cuyo 50% pertenece a Natalia Compagnon.

Los alcances de la transacción–que se produjo luego de la reunión entre el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic y Sebastián Dávalos, acompañados de Eduardo Ebensperger y la mujer de Dávalos, Natalia Compagnon– han sido sujeto de múltiples conversaciones, estas semanas, tanto al interior del banco como con sus socios estadounidenses de Citigroup. Lo que tranquiliza a Citi, argumentan en el entorno del controlador de Quiñenco, es que la declaración del Superintendente de Bancos, Eric Parrado, quien afirmó que el préstamo a Caval se dio “en un contexto legal y normativo”, echaría por tierra las inquietudes sobre la apertura de una causa en Estados Unidos.

Según Matías Mori, socio de Garnham, Mori & Humphreys y ex vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras “con la información disponible no se puede concluir una infracción FCPA en el crédito de Banco de Chile. Es importante tener clara la cronología del crédito, calidad de las partes intervinientes y la finalidad del mismo”. Además, agrega, “Citi nivel mundial debiese tener un modelo de prevención de FCPA, lo que es visto con buenos ojos por los reguladores norteamericanos, por lo que la probabilidad de que puedan ser investigados se reduce”.

 

Obama mano dura

“Hoy, la segunda prioridad para el Departamento de Justicia, después del antiterrorismo, es el tema de la anti corrupción”, dice al teléfono el abogado Hunter Carter, socio de Arent Fox, desde su estudio en Nueva York.

El jurista –quien en julio pasado dictó en Santiago una charla sobre Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), en el marco de un seminario sobre Fraude Corporativo y Corrupción en que también participaron Chile Transparente y el estudio Rivadeneira Colombara Zegers–, recalca que “el tema de la aplicación extraterritorial de las normas norteamericanas en contra de la corrupción internacional está subiendo y es tan importante, porque hay mucha más cooperación entre los gobiernos internacionales con el gobierno norteamericano de investigar, denunciar y de castigar en los casos apropiados”.

Y es que los alcances de la FCPA, tanto por los múltiples casos en los que se puede aplicar, como por las elevadas sanciones que conlleva, podría cambiar los estándares con que se hacen negocios en el país, coinciden diversos agentes del mercado.

Un estudio realizado por el estudio Garnham, Mori & Humphreys detalla las multas por 800 millones de dólares que se aplicaron en 2008 a la empresa Siemens, en el marco de un escándalo de sobornos en Argentina, y los 579 millones de dólares con que se sancionó en 2009 a Halliburton y Kellogg Brown & Root LLC (KBR), por contratos irregulares suscritos para construir una planta de gas licuado en Nigeria.

Al respecto, Matías Mori explica que existe un memorando firmado entre la SEC y la SVS en Chile sobre consultas, asistencia técnica y asistencia mutua para el intercambio de información que establece que “cada autoridad hará esfuerzos razonables para proporcionar a la otra, cualquier información que descubra y que le de motivos de sospechar violaciones o anticipe violaciones, de las leyes o regulaciones de la otra autoridad”. Por lo anterior, la SVS deberá tener un rol activo en denunciar infracciones a las leyes de los Estados Unidos. Consultada la SVS sobre este tema, confirmó que no han recibido solicitudes de información de parte de la SEC, ni tampoco han compartido datos de las empresas involucradas en los casos Caval o Penta.

Acerca de quiénes podrían estar expuestos a ser escrutados por esta normativa, el abogado Andrés Baytelman, ex fiscal y actual consultor en temas de Fraude Corporativo y Compliance afirma que “la jurisdicción está constituida de manera tan amplia, que es difícil concebir una empresa grande en Chile que, de una manera u otra, no esté expuesta, aunque no esté registrada en Estados Unidos”. Y agrega que “desde la administración de Barack Obama se hizo una fuerza conjunta, la mayor fuerza conjunta general vista para aplicar esta ley extraterritorialmente”. Está por verse si Chile entrará en la lupa.•••

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Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de la Asociación de AFP: “No creo que Chile necesite de entidades externas que se preocupen de problemas domésticos”

¿A las AFP les preocupa una mayor atención a Chile por parte de entidades fiscalizadoras extranjeras y la eventual aplicación de la FCPA?
-El prestigio en Chile todavía es grande y nadie piensa que haya situaciones de corrupción generalizada. Creo que tenemos instituciones suficientemente fuertes y prestigiadas que pueden hacerse cargo de las situaciones que ocurran en el país (…). En ese sentido no creo que Chile necesite de entidades externas que tengan que preocuparse de los problemas domésticos.

-¿Las AFP apoyarían un acuerdo político privado tras los casos Caval y Penta?
-Más que pronunciarme sobre los casos particulares, creo que es bueno que se busquen acuerdos y que se busque perfeccionar las regulaciones, aprendiendo de las experiencias pasadas. Eso demuestra una sociedad sana, que es capaz de aprender de los errores.

 

José Antonio Viera Gallo, presidente de Chile Transparente: “Las empresas deben tener claro que no sólo la justicia chilena puede caer sobre ellas”

-Hay quienes creen que las autoridades norteamericanas podrían aplicar a casos en Chile normas como la FCPA que persigue las prácticas corruptas en el extranjero. ¿Existe en el país conciencia de lo que implica ser investigado?
-Si lo comparamos con los escándalos del HSBC o las sanciones al UBS, lo que se ha dado es una cosa muy menor. Imagínate el escándalo que ha significado la lista Falciani de los evasores fiscales a nivel mundial. Me llama la atención que respecto a ese listado no ha habido un mayor reproche respecto de los chilenos que aparecen mencionados. Es verdad que nosotros tenemos ley de blanqueo de capitales, pero no se le ha dado suficiente importancia.

-Estados Unidos ha intensificado la persecución de delitos financieros asociados a la corrupción?
-Hay una tendencia en Estados Unidos de hacer una aplicación extraterritorial de sus leyes. Un ejemplo es la empresa Total, imputada por pagar comisiones ocultas a autoridades iraquíes para adquirir petróleo. Estados Unidos no tenía nada que ver, pero el pago pasó por una cuenta en Nueva York. Es más, Estados Unidos puede aplicar la ley incluso por un mail que pase por alguno de sus servidores. Hoy, las empresas tienen que tener claro que no sólo la justicia chilena puede caer sobre ellas, sino que si ellos se ven involucrados en cualquier acto de corrupción ese caso se puede multiplicar al infinito. Nosotros insistimos en que además de la necesidad de cumplir con las normas éticas, las empresas tienen que tener cuidado porque hay un nuevo estándar de exigencia que viene de la justicia norteamericana.