Las cadenas farmacéuticas están bajo fuego cruzado. En el Parlamento se tramitan dos proyectos que podrían lograr que el Estado ingrese a la venta de remedios. La Fiscalía Nacional Económica las investiga por posible colusión y el Sernac las presiona para que transparenten precios. Las empresas preparan su artillería y ya mueven fichas en el mundo jurídico y parlamentario. El tema no es menor: se trata de un negocio que mueve 1.000 millones de dólares al año y que tiene cerca de 12 mil empleados.

  • 24 julio, 2008

Las cadenas farmacéuticas están bajo fuego cruzado. En el Parlamento se tramitan dos proyectos que podrían lograr que el Estado ingrese a la venta de remedios. La Fiscalía Nacional Económica las investiga por posible colusión y el Sernac las presiona para que transparenten precios. Las empresas preparan su artillería y ya mueven fichas en el mundo jurídico y parlamentario. El tema no es menor: se trata de un negocio que mueve 1.000 millones de dólares al año y que tiene cerca de 12 mil empleados. Por Lorena Rubio.

El mundo político puso el ojo en las farmacias. Lo mismo que ocurrió antes con la industria de los fondos de pensiones y el continuo debate sobre si debe haber o no lucro en la educación, ahora tiene nerviosas a las tres principales cadenas farmacéuticas del país: Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand, que juntas manejan un 90% del mercado.

Los dardos vienen de tres partes: el gobierno, el parlamento y los organismos fiscalizadores del Estado. Y aunque las farmacias han sido objeto de críticas en el pasado, las grandes cadenas nunca habían enfrentado un momento tan convulsionado como el actual, según reconocen ellas mismas. Sobre todo, porque la arremetida del gobierno tiene como objetivo “abrir” el mercado farmacéutico y que el Estado actúe como “intermediador” en la compra y venta de medicamentos, como reconocen en el ministerio de Salud (Minsal).

Las cadenas de farmacias saben que la embestida viene en serio y algunas de ellas están encargando estudios jurídicos, para lo cual contrataron a importantes abogados (incluso a un ex fiscal económico) y activaron sus contactos con parlamentarios de todos los sectores, incluida la Alianza, la DC y el PPD.

“Se echa de menos un debate técnico. Uno tiene la impresión de que la mayoría de las acusaciones tienen una connotación política”, dice el gerente general de Salcobrand, Roberto Belloni.

¿Por qué tanto nerviosismo? Porque por primera vez se tramita en el Congreso un proyecto de ley que permitiría establecer puntos de venta de remedios en consultorios, hospitales y centros de salud municipal, al que las cadenas farmacéuticas han denominado el proyecto para crear una “farmacia estatal”. La iniciativa legal es patrocinada por un grupo transversal de diputados que incluye al PPD Enrique Accorsi y a los representantes Fulvio Rossi (PS), Osvaldo Palma (RN), Juan Lobos (UDI) y Alberto Robles (PRSD), entre otros. De prosperar esta propuesta –se votaría en la comisión de Salud de la Cámara en agosto– implicaría, “el ingreso del Estado al negocio farmacéutico”, como explica el gerente general de Farmacias Ahumada, Sergio Purcell.

Con todo, la iniciativa –digitada por el senador del PPD, Guido Girardi– podría “morir” en el Congreso, como estiman algunos, pero eso no significa que la historia termine ahí. Y no significa el fin del cuento, porque el propio Girardi advierte que si el proyecto no es aprobado pedirá al Minsal que, mediante decreto, instaure estos “puntos de venta” estatales. En ese ministerio, por su lado, aseguran que si la iniciativa parlamentaria no cuenta con los votos necesarios “ya se están manteniendo contactos con el ministerio de Economía para poner en práctica otro mecanismos”, como indica la subsecretaria de Salud, Jeanette Vega.

La otra propuesta es un proyecto de acuerdo presentado por un grupo de congresistas RN, encabezados por Roberto Sepúlveda, que propone abrir almacenes farmacéuticas en aquellos poblados con menos de 10 mil habitantes y sin presencia de cadenas privadas. Este proyecto debiera ser votado en la sala de la cámara baja en las próximas semanas.

 

 

 

¿Enemigos o socios?

Cada día, las tres grandes cadenas de farmacias –Cruz Verde, Fasa y Salcobrand– gastan entre 4 y 6 millones de pesos para comprarle productos a su competencia… Sí, leyó bien. Lo que sucede es que las mismas firmas que desde hace años se enfrentan con dientes y uñas por atraer al mayor número posible de usuarios desembolsan varios millones al día para saber en cuánto está vendiendo medicamentos la farmacia vecina.

Ese es el principal argumento –la competencia desatada que mantienen desde 2004– que usan para blindar su flanco número dos: la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por eventual colusión. “Somos empresas que nos hemos sacado los ojos; entonces… cómo alguien puede pensar que nos vamos a coludir para subir o bajar los precios”, protesta el gerente general de Cruz Verde, Miguel Celedón.

El ejecutivo agrega que la mejor prueba de esta guerra a muerte son las variaciones en las participaciones de cada uno. “Que Cruz verde tenga un 41% de participación, cuando el 2004 teníamos un 29%, significa que nuestros competidores no deben estar nada de contentos”, deduce. Para defenderse ante la FNE, Cruz Verde –controlada por el empresario Guillermo Harding– contrató nada menos que al ex fiscal nacional económico, Pedro Mattar –antecesor del actual fiscal, Enrique Vergara–, y la firma está convencida de que en este caso primará la razón. Sobre todo, porque los precios, sostiene Celedón, han crecido en promedio un 4% en toda la industria, en el período 2003-2007.

Al interior de la FNE afirman que la idea “es probar que ha habido prácticas anti-libre competencia”. Para ello se están elaborando modelos que demuestren que las alzas se han producido en el mismo día y con los mismos medicamentos. La respuesta de las cadenas es una sola: las “cotizaciones” diarias de precios –compras millonarias a la competencia– que realizan con sus contendores hacen que efectivamente los cambios se produzcan en cuestión de horas.

 

 

Sergio Purcell
Farmacias Ahumada
Miguel Celedón
Cruz Verde
Roberto Belloni
Salcobrand

{mospagebreak}

 

Paralelamente, la FNE investiga desde abril pasado la alianza entre Socofar –matriz de Cruz Verde– y Salcobrand para que la primera de las firmas venda medicamentos genéricos a la cadena de propiedad de la familia Yarur. Quienes han seguido las indagaciones sostienen que esa causa se anexó a la de eventual colusión. “Lo que ocurra en el caso Socofar va a ser relevante, porque se trata del laboratorio de una farmacia que le vende medicamentos a ambas. Es decir, hay un acuerdo comercial explícito entre las dos”, afirma el senador Girardi.

 

 

Habla la autoridad

Pero no sólo la FNE tiene dudas respecto a los timing de los cambios de precios. La subsecretaria de Salud, Jeanette Vega, señala a Capital que “hay un patrón de comportamiento del mercado que es preciso estudiar”. A juicio de la personera, este “patrón” fue lo que motivó que se entregaran todos los antecedentes de que disponen a la propia FNE y al Sernac, organismo que hoy negocia con las farmacias la publicación de los listados de precios.

La subsecretaria Vega agrega que uno de los hechos que pretende despejar es que “los medicamentos de invierno suben en esta época”. Este punto es refutado por las compañías del rubro, las que señalan que lo que ha ocurrido es una “recuperación en los precios”, como señala Roberto Belloni. El ejecutivo explica que la guerra entre las cadenas llevó a que los precios de los medicamentos cayeran, en algunos casos, bajo el 30% de su valor real. Pero en diciembre del año pasado, y en vista de los resultados en rojo de estas tres cadenas en el último trimestre de 2007, comenzaron a subir los valores de los remedios desde esa fecha. “Hay productos en los que todavía tenemos márgenes en rojo y los márgenes de los medicamentos para enfermedades crónicas cayeron a la mitad en los últimos dos años”, añade el gerente de Salcobrand.

Para replicar a sus críticos, tanto Celedón como Belloni destacan que Chile tiene los precios más bajos de América latina, después de Uruguay; dato que es refutado por los detractores de la industria farmacéutica.

 

 

 

 

Dos estrategias, un objetivo

Para enfrentar el polémico proyecto en el Congreso se han formado dos bandos. Los que planean apelar a la inconstitucionalidad del ingreso del Estado a este negocio y los que sostienen que, llegado ese momento, lo lógico sería permitir a las cadenas privadas comprarle a la distribuidora estatal, Cenabast (ver recuadro).

En el caso de la primera estrategia, con la respuesta legal los afectados buscan establecer que en la iniciativa hay una abierta inconstitucionalidad, porque el Estado penetraría en una industria que hoy está perfectamente abastecida y que es competitiva. De entrar, sostienen además, lo haría en condiciones de privilegio que atentarían justamente contra la capacidad de emprender del sector farmacéutico establecido. En esta postura, ha trascendido, están Cruz Verde y Salcobrand.

Otros planean enfrentarlo de una forma distinta, y así lo señala Ahumada. Sergio Purcell lo explica de la siguiente forma: “si esas son las reglas del juego con las cuales se va a trabajar en la industria farmacéutica, entonces yo quiero que esas reglas sean transparentes y abiertas para todos, incluidas las cadenas privadas”. A juicio del gerente de Fasa, si hoy los laboratorios le venden a un determinado valor un medicamentos al Estado, los privados tienen derecho a exigir esas mismas condiciones.

¿Cómo se resuelve el entuerto? Habrá que esperar, pero, por lo pronto, la subsecretaria Vega adelanta a Capital que el proyecto que se tramita en el parlamento “podría ser complejo de implementar”. Agrega que lo más probable es que se llegue a un punto medio en el que el Estado –a través de Cenabast– intermedie con el público, vendiendo sus productos a cadenas independientes y de barrios.

Los privados están analizando el escenario y Salcobrand ya propuso –mediante una carta enviada por su gerente a principios de este mes a sus dos pares en la industria– formar una asociación gremial, para tener una sola voz. Cruz Verde ha manifestado su acuerdo, mientras el gerente de Fasa, Sergio Purcell indica que “es algo que no hemos considerado”.

 

 

El misterio de Cenabast
Para esta semana, la senadora de la UDI Evelyn Matthei planeaba presentar un informe ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) –que investiga a las cadenas farmacéuticas por colusión–, solicitándole investigar las abismales diferencias de precios con que los laboratorios le venden al Estado versus las farmacias. Según la parlamentaria, las diferencias llegan “hasta un 100%”. Sin embargo, con los datos que pudo obtener Capital del portal ChileCompra, la brecha supera en algunos casos el 1.000%.

El tema funciona así: la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema de Servicios de Salud (Cenabast), que depende del ministerio de Salud y que fue creada en la década de los 70, compra las partidas de medicamentos a los laboratorios (chilenos o extranjeros) vía licitación, y luego los vende –sin sobrecosto– a los hospitales y consultorios. Estos últimos los entregan gratuitamente a los pacientes asociados a dichas unidades hospitalarias y a la población de menores recursos. Lo llamativo es que del total de lo que venden los laboratorios –nacionales y extranjeros– en Chile, menos del 15% va al sector público y todo el resto se les vende a las cadenas de farmacias, por lo que es lógico preguntarse cómo los privados no obtienen mejores precios, dados sus altos volúmenes de compra.

¿Por qué tantas diferencias? (ver tabla). La subsecretaria de Salud basa estas diferencias en que Cenabast compra con antelación y con un cronograma perfectamente definido, a lo que añade la nula existencia de gastos asociados (promoción y marketing, por ejemplo), además de la “capacidad de negociación” con que cuenta el Estado.

El vicepresidente de Labomed, de capitales locales, Francisco Medone, afirma que en el caso de los productos que muestran diferencias (Hidroronol y Cardicon), “se trata de sustancias muy antiguas que están siendo reemplazados por terapias más modernas, siendo el sistema público actualmente su gran demandante”.

El gerente general de Laboratorio Chile, Hernán Pfeifer, explica a Capital que dicho fabricante participa con más de 200 productos en el sistema público y que el caso consultado (Tonaril) “es una excepción”. El ejecutivo agrega que los valores con los que participan en Cenabast responden a “una estrategia del laboratorio de sustituir la promoción médica por un acceso masivo”.

A las farmacias, las explicaciones no les resultan suficientes. Para el gerente general de Cruz Verde, “nada justifica esas altísimas diferencias. Simplemente no nos parece correcto”. El gerente de Fasa, Sergio Purcell, añade que si las cadenas de farmacias tuvieran acceso a esos precios, no cabe duda de que ello se reflejaría en sus valores a públic o”