• 23 febrero, 2010


Me temo que la moralidad estatal puede entrar en conflicto con los buenos negocios. ¿Estará preparado nuestro futuro presidente para reconocer este conflicto y enfrentarlo debidamente?


Cuando Sebastián Piñera asuma la presidencia en marzo, tendrá que adoptar una nueva forma de pensar el comportamiento ético. La ética empresarial que guió su conducta hasta ahora deberá ceder paso a una ética estatal.

Esta diferencia la captó bien Jaime Guzmán, el fundador e inspirador de uno de los partidos de la coalición política con la que gobernará Piñera. En su editorial Moralidad y sensatez política en actividades empresariales, publicado en la revista Realidad en julio de 1981, Guzmán analiza las cuestiones éticas que involucran la actividad empresarial y sus efectos políticos. Su posición al respecto
demuestra un claro compromiso con la ética neoliberal.

Señala Guzmán que las economías de libre mercado permiten juzgar con mayor transparencia la ética de los agentes económicos, facilitando así una sanción más inmediata para quienes transgredan las reglas morales. Además de las sanciones jurídicas que correspondan, los productores reciben sanciones morales en la forma de una pérdida de la confianza pública. “La deshonestidad se paga a un precio mayor y en forma más automática que en los sistemas estatistas.” Los consumidores, por su parte, deben asumir los riesgos de haber depositado su confianza en quienes no la merecían.

No sucede lo mismo en los sistemas estatistas. Según Guzmán, en este caso el Estado busca legislar la moral para proteger anticipadamente, y en forma paternalista, a los consumidores frente a las consecuencias de malos negocios privados. Pero es erróneo, según Guzmán, fundir las esferas del derecho y la ética, las sanciones jurídicas y las morales, como ocurre en las economías reguladas. Aunque
el abuso y la deshonestidad merezcan sanción moral, ello no implica que deban también merecer sanción jurídica. Y ello porque el “derecho es solo una parte de la moral, y no todos los actos inmorales
deben ser castigados jurídicamente.”

En la idea de minimizar la regulación jurídica del mercado y de expandir el ámbito en que tiene lugar la confianza mutua que se da espontáneamente entre los agentes económicos, queda a la vista la adhesión de Guzmán al neoliberalismo. Su postura al respecto implica, por ejemplo, que si los productores traicionan la confianza que los consumidores han depositado en sus productos, la responsabilidad por cualquier mal negocio privado recae sobre estos últimos. Se privilegia aquí, por tanto, la doctrina liberal del caveat emptor. Los deberes se generan a partir de un contrato entre las productores y consumidores en el que ambas parte son consideradas en igualdad de condiciones.

A la teoría contractualista del caveat emptor se opone la teoría del cuidado debido (caveat vendor), según la cual no existe igualdad entre consumidores y productores. Debido a que estos últimos poseen necesariamente mayor conocimiento de sus productos, el Estado debe intervenir para proteger a los consumidores de posibles daños.

La teoría del costo social va aun más allá del caveat vendor y postula la noción de responsibilidad estricta o ilimitada de los productores. Estos deben responsabilizarse por cualquier daño causado
por defectos de sus productos, aun en el caso en que hayan tomado todo el cuidado debido. Deben asumir los costos de defectos previstos y también de los no previstos.

Estas dos últimas teorías suponen una presencia estatal mucho más fuerte que la que Guzmán está dispuesto a aceptar. En concordancia con el neoliberalismo, Guzmán postula la autosuficiencia moral del mercado. Esto significa que la eficiencia, y no la justicia, se constituye en el valor moral supremo. La tarea moral de los empresarios se reduce a cumplir con las reglas objetivas e impersonales que impone el mercado. El mercado es el regulador exclusivo de la moralidad de los agentes que operan en su interior, y es celososamente autoficiente en esta tarea. Determina con exclusividad lo que debe ser considerado
deshonesto o inmoral y la imposición de los castigos automáticos que merezcan los violadores de sus reglas objetivas e impersonales. Lo moral es lo eficiente, y no necesariamente lo justo. Si el mercado
requiere del soporte jurídico que aporta el Estado, ello es sólo en la medida que sirva para asegurar su eficiencia, es decir, su competitividad y transparencia internas. Guzmán, sin embargo, sostiene que los
empresarios deben también cultivar un alto sentido ético para evitar caer en la frivolidad y la ostentación (lo que implicítamente involucra el valor de la justicia). Pero cuando afirma esto no se desvía de su postura neoliberal. El empresario debe aspirar a la virtud por razones prudenciales de sensatez, y no por un imperativo moral de justicia.

Guzmán, conforme con el republicanismo de la tradición conservadora chilena que representa, tiene que admitir que la autosuficiencia moral del mercado no es absoluta. Piensa que la moralidad de los
agentes económicos no se define sólo por la obediencia a las reglas de la oferta y la demanda. Se requiere también que esos agentes alcancen un alto nivel ético personal y eviten la frivolidad y la ostentación. Y ello no por razones morales, sino sólo prudenciales. Se trata de lo que Guzmán denomina “sensatez”, es decir, que esa conducta ética y el cultivo de la virtud por parte de los empresarios asegure una viabilidad política duradera al esquema neoliberal. En buenas cuentas, sensatez significa concebir a la moralidad como un buen negocio.

Me temo que la moralidad estatal, que tiene como finalidad última el bien común y se ciñe a criterios dictados por la justicia social, puede entrar en conflicto con los buenos negocios. ¿Estará preparado nuestro futuro presidente para reconocer este conflicto y enfrentarlo debidamente?