• 12 junio, 2008

 

Cuando hay plata –dicen– todo se soluciona. Pero la experiencia del actual gobierno prueba que las cosas también se complican.

 

Aunque la presidenta Bachelet en diversas ocasiones calificó las políticas sociales del gobierno militar de asistencialistas, lo cierto es que, tal como van las cosas, su gobierno pasará por lejos a la historia como el que más dinero ha desembolsado y repartido para acallar protestas amenazadoras, comprar apoyos transitorios y ganar aplausos fáciles en el salón de honor del Congreso Nacional. Si esto no es asistencialismo puro, bueno, habrá que convenir en que se le parece bastante. Aunque también podría tratarse derechamente de populismo.

La Moneda, en cualquier caso, entre otras cosas porque nunca el Estado chileno fue tan rico ni la caja fiscal tan próspera, ahora se da el lujo de despilfarrar el dinero de todos en gastos que difícilmente sortearían una evaluación social medianamente rigurosa. Un ejemplo notable es lo ocurrido con el Transantiago, donde el Estado hizo todo mal –el diseño, los contratos, el cálculo de flujos, los recorridos, el tipo de buses, las licitaciones– y no encontró mejor salida que imputar al presupuesto público el cuantioso déficit mensual del sistema resultante. Donde antes Santiago tenía un sistema de transporte público discutible bajo distintos prismas pero eficiente en coberturas y frecuencias y, dato importante, que al Estado no le costaba un solo peso, ahora tenemos un sistema peor y que desvía recursos de áreas supuestamente prioritarias –pobreza y educación, salud y vivienda, trabajo y seguridad ciudadana– para dejarnos como país donde mismo.

Flor de política pública: gastamos más y de manera indiscriminada para quedar peor que antes. Con el anunciado proyecto de aporte del gobierno al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles podríamos estar yendo en la misma dirección. Es otro subsidio asistencialista, muy poco transparente en su cuantía y operatoria, de escala multimillonaria sin duda, puesto que alcanza a los mil millones de dólares, cifra que en menos de dos años se haría humo según los cálculos de los especialistas, y que está orientado por igual tanto al pobre poblador de los suburbios, que consume más que nada parafina, como al próspero vecino del barrio alto que prefiere desplazarse en un atronador 4×4. El gobierno es bueno para repartir pero no para focalizar.

Como lo ha recordado hace poco Vargas Llosa, el viejo Karl Popper postulaba que para medir la madurez de una democracia deberíamos fijarnos más en los impedimentos que tienen los gobiernos para hacer daño que en sus posibilidades de hacer aportes sustantivos al desarrollo de una sociedad. Si así fuera, vaya que le falta cocción a la democracia chilena. Todavía los gobiernos pueden hacer mucho mal. El efecto de estos dos subsidios, sin ir más lejos, podría ser fatal porque ambos introducen distorsiones serias en el sistema de precios –que al fi nal son las mejores señales para orientar las decisiones económicas de las personas– y porque, tal como las drogas adictivas, producen acostumbramiento. Es fácil establecer los subsidios: es cosa de girar un cheque y recibir los aplausos. Lo difícil es quitarlos, porque una vez concedidos entran de inmediato en la carpeta de los derechos adquiridos.

Es cierto que estos desafueros son puntuales y que se producen en un contexto de opulencia y de responsabilidad fiscal casi admirable. Aunque durante esta administración el gasto público ha subido más que en ninguno de los gobiernos anteriores, la ley de responsabilidad fiscal y el establecimiento del Fondo de Estabilización Económica y Social –que resguarda gran parte del excedente generado por los altos precios del cobre– son decisiones visionarias y no exentas de coraje político. No debe ser fácil al interior un gobierno de centroizquierda, y que tiene el corazón bastante más a la izquierda que los tres anteriores, resistir las recurrentes presiones de gasto que formula el aparato político. Además debe costar el doble decir que no cuando hay plata. En este plano, el de los equilibrios macroeconómicos, Hacienda y Andrés Velasco, el ministro más poderoso del actual gobierno, han tenido un gran desempeño. En lo que no han sido tan notables es en materia de imaginación y fuerza para volver a poner en movimiento a la economía, puesto que estamos creciendo menos de lo que podríamos y muchísimo menos de lo que debiéramos.

En el seminario que organizó Capital, Michael Porter dijo que a Chile le faltaba una estrategia-país para mejorar su competitividad, y su comentario cayó mal en La Moneda. Dos o tres ministros, incluso, salieron a desmentirlo. Pero la idea de los mil millones de dólares para neutralizar en parte el alza de los combustibles prueba que, además de andar fallos en estrategia competitiva, también andamos extraviados en términos de prioridades. En lo básico, el primer problema es técnico. El segundo, político.