María José Montero siempre ha tenido una inquietud por el desarrollo social. Tras graduarse de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica, en 1997, fundó junto a un equipo Un Techo para Chile y hoy es gerenta del Fondo de Innovación Social (FIIS).  El año pasado, a través del encuentro “Cataliza” -organizado para […]

  • 19 diciembre, 2019

María José Montero siempre ha tenido una inquietud por el desarrollo social. Tras graduarse de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica, en 1997, fundó junto a un equipo Un Techo para Chile y hoy es gerenta del Fondo de Innovación Social (FIIS). 

El año pasado, a través del encuentro “Cataliza” -organizado para movilizar la industria de la inversión de impacto y finanzas sostenibles en Chile-, los caminos de Montero y la directora de Sistemas B, la abogada de la UC Josefa Monge, se unieron. ¿Su sueño en común? Lograr que las administradoras de fondos de pensiones inviertan con impacto. Este tipo de inversión consiste en un negocio con fines de lucro -es decir, no es filantropía-, en el que existe un retorno financiero competitivo, o al menos acorde al mercado, con foco en desafíos sociales, medioambientales y con medias de mitigación en estas áreas. 

Tanto Montero como Monge tienen la visión de que el financiamiento sustentable se ha desarrollado en Chile principalmente a través de fondos privados y de family office, y que se puede explorar más.

En el encuentro Cataliza realizado en 2018 hubo mesas de trabajo en que participaron distintas AFP –como Capital y Provida–, la Asociación Chilena de Fondos de Pensiones y el entonces superintendente de pensiones, Alejandro Ferreiro. En este, se sentaron las bases para que inversionistas reenfoquen su mirada y obtengan el triple resultado propio de la inversión con impacto.

Lo que buscan es que los fondos inviertan en infancia, adultos mayores, salud, educación y falta de comunidad… La principal barrera, explican ambas, es el paradigma de que invertir con criterios ASG -es decir, asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo- es menos rentable.

En sus reuniones con diferentes AFP, ambas aseguran que debido a su mandato se ven restringidas. “El mandato para ellos es la seguridad y rentabilidad de los fondos. Asumen que eso sería sacrificar rentabilidad, y eso no está comprobado”, señala Monge. 

La empresa de gestión de inversiones BlackRock publicó un estudio que asegura que, en el peor de los casos, la inversión de impacto tiene la misma rentabilidad que la regular en países desarrollados, mientras que en los países en vías de desarrollo tiene mejor rentabilidad.

Esta idea -explican- tiene como referente a Canadá, Australia y varios países de Europa, como Holanda, entre otros. “No es algo aislado”, agrega Monge. “Una cosa es que los fondos de pensiones o los institucionales avancen en medidas ASG, que son ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ese es un gran paso. Otro paso más allá es la inversión de impacto”, explica Montero.

Ambas perciben un interés del sector público por avanzar hacia las finanzas sostenibles, de la mano de los fondos de pensiones. Esto se refleja, por ejemplo, en la consulta pública para incorporar conceptos de finanzas sostenibles a los reportes de Sociedades Anónimas Abiertas realizado por la Comisión para el Mercado Financiero. “Están en un proceso de consultas, no sabemos en qué van a terminar”, dice Montero, que se declara optimista. 

Según el último estudio con instituciones que le reportan al Gobal Impact Investing Network, hoy día la inversión de impacto mueve 239 mil millones de dólares. “Si queremos salir de esta crisis social y ambiental, tenemos que llevar las finanzas y los fondos hacia una inversión cada vez más ASG y ojalá de impacto, porque ellos son los que mueven el mundo”, concluye Monge.