Por Cristóbal Bellolio

Académico de la Escuela de Gobierno UAI

Me cuenta una amiga que en una de las recientes manifestaciones contra las negligencias del Servicio Nacional de Menores, uno de los líderes habría declarado que ellos, a diferencia de los estudiantes, no pedían plata para ellos sino para mejorar el bienestar de los niños. La frase sugiere que el movimiento estudiantil promueve sus propios intereses. Lo que nos lleva a una de las discusiones que rodearon la renuncia de Claudia Peirano a la Subsecretaría de Educación: ¿representan los estudiantes organizados –principalmente universitarios– un grupo de interés particular, o es mejor caracterizarlos de una forma que resalte sus anhelos de justicia para todo Chile?
Los propios movimientos estudiantiles rechazan el apelativo de “grupo de interés”. En su visión, pertenecer a uno de estos sectores es sinónimo de perseguir una cuota de ventajas o beneficios en desmedro de las ventajas o beneficios que pueda obtener otro actor. Para ellos, los empresarios son un grupo de interés. O el gremio de los exportadores. O la asociación de Isapres. En cada uno de estos casos uno podría construir un argumento para establecer que estas organizaciones buscan mejorar su propia posición sin tomar mucho en cuenta lo que piensa o necesita el resto de los chilenos. Es decir, son grupos de interés –o de presión, como también se les llama cuando pasan a la acción– porque buscan influir en el poder en nombre de sus afiliados.
El movimiento estudiantil, en cambio, piensa en sí mismo de manera distinta. Fue el entonces dirigente Giorgio Jackson que en el fragor de las marchas de 2011 dijo rimbombante “somos el pueblo”. En efecto, si uno cree que porta las banderas del clamor popular extendido, no se puede ser al mismo tiempo un mero grupo de interés. A diferencia de lo que expresa el ciudadano que se toma el Sename “por los niños”, los estudiantes movilizados tienen la convicción de que sus demandas son necesarias para el conjunto de la sociedad. Que les digan que están buscando educación gratuita porque en el fondo quieren ahorrarse el arancel universitario les parece una afrenta. No, no están pidiendo plata para ellos. Están pensando en el bienestar de Chile. Como reza el Himno por la Paz, “son la conciencia universal: cuando vencen no hay vencidos”.
El problema de esta versión idealizada es que todos los grupos de interés pueden articular sus peticiones a la autoridad de manera que parezcan estar pensadas en el beneficio general y no particular. Para algunos será más difícil que para otros. Sin embargo, no es imposible hacerlo: la Iglesia Católica y las sectas evangélicas promueven una agenda de interés particular que se presenta como remedio nacional. La ciudadanía determinará cuán convincentes son esas razones.
Por esto me parece que no hay drama conceptual alguno con referirse al movimiento estudiantil como un grupo de interés o de presión. El término, para aquéllos que venimos de la Ciencia Política, no tiene ninguna carga de valor negativa. Son actores legítimos del sistema político que buscan orientar el proceso de toma de decisiones en su favor. Todas las democracias sanas del mundo tienen grupos de interés relacionándose con las estructuras de poder formal. Si además la opinión pública se muestra mayoritariamente favorable a la agenda de alguno de ellos, mucho mejor para las perspectivas de dicha agenda. Pero que sea un interés ampliamente compartido no lo despoja de su naturaleza. Las prioridades del movimiento estudiantil bien pueden colisionar con las de otros grupos que no necesariamente son malévolos o egoístas. La famosa carta donde Peirano exigía prioridad financiera y normativa para la educación preescolar es un ejemplo. Las posiciones de los estudiantes son importantes, serias y dignas de la mayor consideración. Pero no es correcto verbalizarlas ni pretender su imposición como expresión de voluntad general rousseauniana. Sin duda, entran al debate revestidas de una especial fuerza y legitimidad. Sin embargo, no son la bala de plata capaz de satisfacer todos los objetivos y principios presentes en el debate educacional. Algunos de estos son inconmensurables –como la libertad de elegir que defiende la derecha– y no obedecen necesariamente a un interés en dinero.
En conclusión, no veo que sea incompatible reconocer a la Confech o a otro órgano similar del movimiento estudiantil como un grupo que participa del debate público para promover ciertas ideas potencialmente controvertidas (intereses en un sentido amplio), con la posibilidad de que dichas ideas e intereses sean además compartidas por parte importante de la población y puedan formularse discursivamente como beneficios generales o incluso imperativos de justicia. Esto, en cualquier caso, importa poco. La carne de la discusión está en si los estudiantes tienen o no la razón en sus demandas. Pero no está de más ofrecer una clarificación conceptual para que no se ofendan la próxima vez que alguien se refiere a ellos como un grupo de interés. •••