• 24 junio, 2009


¿Tiene sentido introducir cambios a la institucionalidad que regula, fiscaliza y fija tarifas a distintas áreas de servicios? Aunque está funcionando con cierto grado de efectividad, yo diría que hacer ajustes sí se justifica.

Hace pocos días fui invitado a comentar una investigación del economista de la Universidad de Chile Aldo González. Su trabajo tiene mérito. Entre otras cosas, porque se anima a abordar una de las temáticas menos sexy de los últimos años: la institucionalidad de los organismos que regulan las tarifas de los sectores eléctrico, de telecomunicaciones y de agua potable. Y eso es valioso porque, haciendo honor a la mejor tradición de la academia, nos invita a poner atención no sólo en lo urgente sino también en lo importante.

Un acierto del trabajo, me parece, es reconocer la efectividad que ha demostrado en el tiempo una institucionalidad que combina de manera poco ortodoxa arquitecturas institucionales variadas.

Por ejemplo, mientras en servicios sanitarios las funciones de regulación y fiscalización se concentran en una superintendencia, en telecomunicaciones ambas funciones se concentran en una subsecretaría. La primera es parte del sistema de Alta Dirección Pública, la segunda es una designación política. En el sector eléctrico, mientras la función de regulación está radicada en una comisión con rango de subsecretaría, la fiscalización es asignada a una superintendencia. En el primer caso nuevamente encontramos una designación política. En el segundo, una de Alta Dirección Pública.

¡Qué decir de las interacciones entre los ministerios de Economía, Transportes y Telecomunicaciones y Obras Públicas! Una coordinación que puede convertirse en verdadero ejercicio de prestidigitación.

Y sin embargo, como nos diría Galileo, “se mueve”. Parecen funcionar al menos sus tareas más fundamentales. Entonces, ¿tiene sentido introducir cambios?

Yo creo que sí.

Las “cuestiones orgánicas” tienen importancia. La misma oposición, siempre renuente a incorporar estas variables en su análisis, hoy lo reconoce como necesario. ¿Qué otra cosa si no es el anuncio de eliminar la Secretaría General de Gobierno y crear un nuevo ministerio social? Es un esfuerzo por mejorar el “músculo” destinado a diseñar y ejecutar políticas que se consideran prioritarias.

Lo mismo ocurre en regulación de servicios básicos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la variedad de diseños institucionales que conviven genera barreras de entrada para nuevos actores. Si queremos más inversionistas, nacionales y extranjeros, en sectores intensivos en inversiones y con niveles crecientes de competencia –como ocurre en telecomunicaciones–, la simplicidad de las reglas y de la arquitectura institucional que las sostiene es fundamental.

Concuerdo en esto con González. Superintendencias con funciones de regulación y fiscalización, cuyos directivos sean designados como parte del sistema de Alta Dirección Pública, parecen razonables no sólo para servicios sanitarios, como hoy ocurre, sino también para energía y telecomunicaciones.

En segundo lugar, no veo razón para mantener diluidas las responsabilidades de formulación de políticas en tres ministerios copados por múltiples otras tareas. En vez de mantener al ministerio de Economía como recipiente de aquello que no sabemos dónde va, sugeriría concentrarlo en lo que sabe hacer mejor: políticas de regulación de servicios y fomento productivo. Eso significa que las superintendencias de los tres sectores pasen a relacionarse con el gobierno a través de este ministerio. Fin de las dobles dependencias. El mismo ministerio puede además hacerse cargo, esta vez como complemento de sus tareas de política, de los diversos programas de fomento que existen asociados a estos servicios.

En tercer lugar, aún podemos mejorar la relación entre los reguladores sectoriales y los organismos de defensa de la libre competencia. Al menos dos cuestiones atraen de inmediato la atención. Por una parte, la necesidad de articular inteligentemente los objetivos sectoriales de nuestros reguladores, típicamente asociados a asegurar el financiamiento de inversiones eficientes, con la necesidad de evitar normas o prácticas que debiliten o impidan la competencia. Por otra parte, el desafío de evitar que en el ejercicio de sus denominadas funciones no contenciosas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dicte instrucciones que por falta de información o conocimiento de los mercados pueden resultar innecesarias, de escaso efecto o de difícil fiscalización.

Finalmente, es tiempo de asumir que nuestros reguladores requieren de mayor flexibilidad para contratar y retener profesionales de primer nivel. La gran calidad de muchos de quienes hoy, con vocación e inteligencia, desempeñan estas tareas no puede inhibirnos de reconocer el desborde cotidiano a que se ven enfrentados, dada la multiplicidad y complejidad de los desafíos que deben abordar.

Es cierto, no es sexy… ¡pero cómo ayudaría!