• 29 junio, 2007

Después de su triunfo político en el Senado con motivo del Transantiago, el gobierno paradójicamente quedó más débil. Por Hector Soto

La experiencia demuestra que es muy difícil para los parlamentarios unir su suerte a un proyecto gubernativo errático o perdedor. Posiblemente es en este factor donde están muchas de las explicaciones de la ensombrecida escena política actual. Siendo así, no cabe más que reconocer que la discusión respecto de la naturaleza del liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet está algo sobredimensionada. Tampoco correspondería hacer tanto caudal de la indisciplina de la coalición gobernante y ni siquiera de las llamadas agendas personales de los diputados y senadores, porque de hecho los políticos no hacen otra cosa que moverse en función de los incentivos que les provee la actual coyuntura.

Cuando no hay éxito ni credibilidad, y cuando tampoco existe mucha confianza en cuanto a que las cosas se están haciendo de la mejor forma posible, efectivamente no hay liderazgo que valga, por mucho que se hable golpeado y por numerosas que sean las amenazas que los ministros o los presidentes de partido anden profiriendo a diestra y siniestra. Si el presidente Lagos fue capaz de ordenar a la coalición de gobierno, en realidad fue entre otras cosas porque, aparte de ser una figura respetada y temida de lado a lado en el arco político, adicionalmente le iba bien en las encuestas, en las elecciones y en el test que le gustaba rendir noche a noche en la televisión.

Ahora, el contexto ciertamente ha cambiado. No obstante que el desempeño de la economía ha mejorado mucho en relación al año pasado, el Transantiago ha contaminado y comprometido al conjunto de la administración con percepciones tan negativas que hasta en La Moneda reconocen que si no logran corregir las deficiencias del plan de transporte y revertir este fracaso difícilmente la Concertación podrá aspirar a retener el poder en 2009. Si así fuera, los parlamentarios del sector no tienen dónde perderse y la propia lógica del sistema político –no solo consideraciones de protagonismo personal– los inducen a desmarcarse y separar aguas.

Es una ironía que la enorme concentración de poder que la constitución del 80 radica en la presidencia de la República sirva de poco a la hora de ordenar al oficialismo. Más paradójico aún es que mientras mayores son las holguras de la caja fiscal más expuesta ha quedado La Moneda a los chantajes y condicionamientos de los parlamentarios para aportar sus votos a iniciativas tan inciertas como la reciente inyección de recursos al Transantiago. Puesto que nada garantiza que esas platas van a servir para instalar recorridos donde faltan, mejorar las frecuencias donde fallan o quitar buses donde sobran, el Ejecutivo debió pagar caro –muy caro– cada uno de los votos con que logró salvar el proyecto en el Senado. Por eso se trata de un triunfo político muy curioso: lejos de fortalecer las percepciones de la autoridad presidencial sobre el conglomerado terminaron debilitándola. Los gobiernos poderosos no son los que están obligados al pago de peajes en cada barricada y el espectáculo de tener que hacerlo sienta un pésimo precedente para el futuro. Como esta ronda en busca de apoyos para lo mismo se repetirá en unos cuantos meses más, la presidenta Bachelet tiene un duro camino por delante.

Es lo que ocurrirá, claro, a menos que consiga escapar del cajellón sin salida donde las circunstancias han ido colocando a su gobierno. Escapar es una forma de decir solamente. Si la Concertación mira con angustia y con ansiedad el Transantiago es porque se trata de la primera vez en que una política pública hiere directa y frontalmente a los más pobres, poniendo en entredicho su razón de ser como coalición política y debilitando sus justificaciones históricas para permanecer en el poder. El problema para el gobierno ya no se reduce a ver forma de corregir los disparates y la espesa trama de garantías y desincentivos que incluyó el desastroso diseño heredado de la administración Lagos. Ahora también tendrá que rectificar sus propios errores en este plano –desde la gestión del Metro hasta la incorporación de buses interprovinciales al sistema– con el agravante de que mientras más se demore en hacerlo el costo será mayor.

El gobierno, que ya lleva más de cuatro meses dando explicaciones palos de ciego en este plano, necesita con urgencia operarse del Transantiago para lograr instalar su propia agenda de iniciativas y prioridades. Su error fue no haber reconocido en su momento que el sistema difícilmente era viable. Ya es tarde para hacerlo y, por lo mismo, lo único que está a su alcance de momento es la política de parches. La duda es si los parches serán suficientes y si la gente tendrá la paciencia de aguardarlos apelando a la misma resignación con que espera en los paraderos.