Revisa el video del Foro Capital "Un Estado para el siglo XXI"

  • 30 octubre, 2008

 

La frase es del propio Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, al definir el nivel de modernización del Estado. Los expertos recalcan que no se necesitan más leyes. Sino usar bien los instrumentos de gestión. Un debate que hoy se renueva ante la crisis financiera mundial y el rol que le compete al Estado. Por Elena Martínez; fotos, Verónica Ortiz.


Veal el video aquí.

 

El diagnóstico está más que claro. La modernización del Estado es crucial para el progreso del país, pero significa enormes esfuerzos de todos los sectores, algo que nadie sabe con certeza si será factible. Hay avances, pero son lentos para lo que exige la globalización. Es cierto que si se revisan las evaluaciones de Chile respecto de sus pares latinoamericanos surgen sonrisas de satisfacción, pero éstas desaparecen al compararnos con quienes hoy “la llevan”, como Nueva Zelanda o Australia.

Todos quieren reforma y avances ¡ya!, pero el tema es tan amplio que incluso su simple análisis resulta disperso. Porque hablar de optimizar el aparato público y hacerlo más eficiente supone transitar por áreas como salud, educación, transparencia, seguridad ciudadana… Eso, para comenzar. Porque el abanico de materias puede ser infinito. Y, por cierto, la mirada tiene que ser de largo plazo, algo que trasciende la capacidad ejecutora de un solo gobierno.

Hay también concordancia en que si bien hay ejemplos de reformas bien hechas, “todavía falta mucho por hacer”, como sostiene el economista y director del Instituto Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet.

Un punto de vista que también subyace en el planteamiento del ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo. “Comparto en que hay problemas –argumenta–. Pero piensen esto: hemos puesto en marcha la reforma previsional. Seiscientas mil personas han podido recibir el cheque el primer mes y teníamos el justo temor de que iba a haber equivocaciones, que esto iba a provocar un descalabro… y la verdad es que ha sido bastante ejemplar”.

Y va más allá en la mirada global de cómo se ha avanzado en una tarea que es debate de años: “el Estado chileno tiene luces y sombras. Tienes cosas que funcionan muy bien y que debiéramos tomar como ejemplo para poder extenderlas. Y tiene cosas que funcionan muy mal”. Para Larroulet, “es verdad que hay luces y sombras”, pero cree que en el corazón del problema lo que hay es ausencia de fuerza y de convicción.

Como buenos ejemplos se mencionan unánimemente la reforma procesal penal, la puesta en marcha de la Alta Dirección Pública y las innovaciones operativas en servicios como Impuestos Internos, Registro Civil o Tesorería General de la República.

Con nota roja figuran el sector municipal y la reforma en salud. Esta última enfrenta serias dificultades para cumplir con la certificación de los 56 hospitales tipo 1 y 2 que deberían pasar a la categoría de “autogestionados” a contar de enero próximo. ¿El obstáculo? La imposibilidad de que los establecimientos cumplan con los parámetros establecidos, punto reconocido incluso por las propias autoridades. “No llegamos ni a la mitad”, admite el ministro Viera Gallo.

También es cuestionado por los expertos el alto número de cargos de exclusiva confianza. Chile cuenta con 4 mil de estos puestos, mientras que países como Inglaterra tienen un máximo de 500. Otro punto en el ring: que los funcionarios públicos no sean incentivados según desempeño y se privilegie la antiguedad, problema que se ha acentuado en los últimos años, en opinión de Larroulet.

¿HOJA DE RUTA?

Más allá de evaluar logros o fracasos, para algunos, como la investigadora Catalina Mertz, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, la mirada hay que fijarla antes y la pregunta es dónde están la hoja de ruta y la visión compartida de la urgencia de cambios. Y critica que personeros como el propio Viera Gallo y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma –quien presentó este año una ambiciosa agenda de modernización– expresen diferencias en la prioridad que asignan al tema: “no se percibe un relato común por parte de los actores políticos que lleven en este momento la pelota”, manifiesta.

La clave está en consolidar al Estado como un proveedor de bienes públicos, dicen los especialistas, además de ser una herramienta para corregir las externalidades y lo que suceda en los mercados.

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Para Juan Carlos Eichholz, director del Centro de Liderazgo Estratégico de la Universidad Adolfo Ibáñez, poco se puede lograr si las inversiones hechas en educación, sistema carcelario o salud no van acompañadas de cambios en la cultura de las personas encargadas de ejecutar estas reformas. “Me preocupa que se busquen resultados efectistas y no darse el tiempo y no asumir el costo de tener que ir en contra de alguna gente”, plantea. En otras palabras, resulta difícil pensar en una reforma educacional si ésta no supone ir en contra de algunas posturas de los profesores. Toda reforma exige incluir a sus protagonistas, pero también obligar a cambiar lo que no está funcionando. “¿Cuán dispuesto está el sistema político a poner flexibilidad, a sacar a la gente del estado de inmovilidad y a cambiar hábitos y cultura?, añade Eichholz.

Es un tema en que “todos deberíamos ser aliados”, comenta, añadiendo que no ve la actitud de provocar que las cosas sean distintas.

El análisis oficial reconoce que es una necesidad modificar el Estatuto del Funcionario Público. Hoy, los profesionales de planta son una minoría. La mayoría es a contrata u honorarios. Un escenario claro para todos pero que nadie ha podido resolver hasta ahora, sea del color político que sea.

“Nadie le pone el cascabel al gato en cuanto al Estatuto Administrativo”, dice el ministro Viera Gallo, pero a renglón seguido justifica que no es fácil, porque cualquier aparato público está sometido a presiones políticas.


LO QUE HAY QUE HACER

¿Cómo actuar ante este panorama? Hay planteamientos que hablan de sana ambición. No mirar sólo a los vecinos sino apuntar alto: a los países que son líderes en modernización, como Nueva Zelanda. Bajar radicalmente el cuoteo político en los puestos públicos. Y echar a andar un sistema que premie la buena gestión.

Otras voces rechazan el camino de nuevas leyes y apuestan a usar mejor los instrumentos de gestión que existen. Una defensora de esta vía es la miembro de Icare y de la Alta Dirección Pública, Rosanna Costa.

Para ella, parte del problema reside en que “hay una suerte de poca relevancia en la gestión, más que falta de instrumentos”. Y cuestiona que indicadores de gestión tengan una total incapacidad para demostrar que algo anda mal, como los de ChileDeportes. “No me extrañaría que los hospitales de Talca y Arica tuviesen buenos indicadores de gestión también”, comenta.

Crear una Escuela de Formación de Altos Funcionarios Públicos, similar a la que existe en Francia, es parte de la solución, según el ministro Viera Gallo. El miraría, por ejemplo, las nuevas formas de modernización del Estado en Europa central. Esto porque, en su opinión, Chile tiene cultura de la burocracia similar a esa zona del mundo, lo que se refleja en que todo tiene que tener varios timbres y copias.

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Pero en un sector que todos defi nen como clave para dar el gran salto –la educación–, la meta parece ser modesta a nivel gubernamental. En materia de universidades, por ejemplo, el titular de la Segpres sostiene que en lo que resta del actual gobierno las reformas “van a ser pequeñas”: tal vez, el Aporte Fiscal Indirecto, AFI, y algún avance en un plan de retiro adecuado para los funcionarios de los planteles estatales. La gran reforma de la enseñanza superior, indica, “es tarea del próximo gobierno”.

Hay, claro, casos que aportan una cuota de esperanza. Uno de ellos es el Sistema de Empresas Públicas, SEP. Su presidente, Rodrigo Azócar, es de aquellos que creen que hay cosas que no requieren leyes sino, fundamentalmente, la voluntad de hacer innovaciones. Y, de paso, anuncia que en noviembre próximo el SEP va a dar examen ante la OCDE como gobiernos corporativos y empresas públicas. Es también de los que creen en un escenario de luces y sombras: “hay cosas en las que se ha avanzado rápido y cosas en las cuales tenemos
retrasos importantes”.

La propuesta educacional del movimiento ciudadano Educación 2020, liderado por Mario Waissbluth, es mencionada por algunos como un ejemplo de que, pese a los éxitos aislados, la ciudadanía está empezando a protestar.


LA LECCION DE LA CRISIS

La crisis financiera mundial ha renovado el debate sobre el rol del Estado, en un análisis que pareciera ir más allá de la coyuntura. Cristián Larroulet afirma que no será la oportunidad que algunos creen de volver al Estado de los años 50 ó 60. Y la razón es muy simple: la experiencia mundial ha demostrado que cada cual tiene un papel que desempeñar. Hay consenso, añade, en que nadie pretende que el Estado no cumpla su tarea.

“Lo otro que me atrevo a decir con toda claridad es que los días van a ir marcando cada vez más en esta crisis que la responsabilidad no es del mal uso del mercado, sino que la responsabilidad está en el corazón de la institucionalidad pública”, enfatiza. En consecuencia, no habrá para el economista una estatización más fuerte, como ocurrió en los 30, porque al final el país está en un esquema más global.

Para el ministro Viera Gallo, lo sucedido es el fin de lo que llama “la utopía de la autorregulación”. Y sostiene que lo que está en discusión es el modelo de la escuela de Chicago, con rasgos asociados a partidos más conservadores, y también modelos más regulados, como los del Partido Demócrata de Estados Unidos y del equipo que está detrás del candidato presidencial Barack Obama.

En su análisis, Chile cuenta con dinamismo y un sistema serio, con una banca sin problemas y regulada y un Banco Central que cumple bien sus funciones. Apuesta al equilibrio al final del camino: un camino que tiene que ser propio para cada país.

 

 

 

 

 

 

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