Dónde poner el acento Por Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos (CEP) “En educación superior no soy partidario de la gratuidad. Me parece mejor un sistema de crédito contingente al ingreso”. Los mayores déficits de financiamiento en educación están en la educación escolar y luego parvularia. La propuesta en esta dimensión apunta a […]

  • 27 junio, 2014

Reforma tributaria

Dónde poner el acento

Por Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos (CEP)

TAPAS ARMADAS MKTG.indd

“En educación superior no soy partidario de la gratuidad. Me parece mejor un sistema de crédito contingente al ingreso”.

Los mayores déficits de financiamiento en educación están en la educación escolar y luego parvularia. La propuesta en esta dimensión apunta a asegurar en educación escolar un esfuerzo relativo por estudiante, similar al que hacen los países de la OCDE. Con ello se podría, por ejemplo, asegurar una mejor carrera docente que atrajera a jóvenes destacados y con vocación a esta profesión. Los recursos destinados a educación parvularia permitirían satisfacer una cobertura para el 70 por ciento de los niños de hogares de menos recursos, antes del PK, con un estándar de calidad superior al actual. El desafío, por cierto, es asegurar que esos estándares se satisfagan.

En educación superior no soy partidario de la gratuidad. Me parece mejor un sistema de crédito contingente al ingreso que devuelven los egresados, con porcentajes máximos de sus ingresos futuros: el tope un 10 por ciento. Me parece sí necesario fortalecer las becas de mantención a los jóvenes de menos ingresos para financiar su permanencia en el sistema de educación superior. Los recursos que postulo, junto con que ya se destinan a este propósito, podrían financiar un sistema apropiado de créditos contingentes con las becas mencionadas. Por cierto, esto debe ir acompañado de un mejor sistema de aranceles de referencia que el actual, de modo de ir desincentivando los programas profesionales que se ofrecen en educación superior y que tienen nulo o incluso negativo retorno.

Me parece necesario apoyar a nuestras universidades con mayor capacidad de investigación, con recursos competitivos asignados por períodos de cinco a diez años que sean sometidos después de este período a un ejercicio de evaluación, asegurando a través de esta vía el mejor uso posible de estos recursos. Éste es un monto que debería ir creciendo en el tiempo con una parte de los nuevos fondos que aporte el crecimiento económico (hasta alcanzar un monto cercano, en mi opinión, a aproximadamente 0,3 puntos del PIB).

Veo necesario en esta etapa hacer crecer el presupuesto de la atención primaria, promoviendo, por una parte mayor prevención y, por otra, una mejor atención en los consultorios y centros de mediana complejidad. Partiría priorizando aquellas unidades donde se observa en la actualidad una mayor derivación hacia los hospitales públicos. Por cierto, ello requiere también una reorganización del sistema público de salud con hospitales que cuenten con directorios con participación de la comunidad y también servicios de salud con consejos consultivos que integren a expertos e integrantes de la ciudadanía.

Finalmente, creo que el país requiere mayores transferencias monetarias a los hogares para paliar en el corto plazo pobreza y desigualdades. Hay dos instrumentos que me parecen efectivos para ese propósito. Por una parte, el pilar solidario del sistema de pensiones que ha funcionado bien y que se puede apuntalar con más recursos para fortalecer su énfasis redistributivo y hacerse cargo, también, de un creciente envejecimiento de nuestra población. Por supuesto, ello también requiere un esfuerzo por elevar la densidad de cotizaciones de nuestros trabajadores. Por otra parte, me parece que el subsidio al empleo, actualmente vigente para jóvenes y mujeres, es muy modesto y debe fortalecerse. Creo, además, que el beneficiario debe ser el hogar. Mantendría la idea de incentivar el esfuerzo a través de la participación laboral, pero con un programa que fuese más generoso, autofocalizado y atendiese al número de integrantes del hogar que son dependientes.

En esta etapa del desarrollo de nuestro país y de sus carencias me parece innecesaria la meta de asegurar un déficit estructural de cero. Por tanto, postulo un déficit de 0,5 por ciento, que significa un crecimiento leve de nuestra deuda pública, pero no respecto de nuestro PIB. Por tanto, perfectamente manejable. Se puede estipular, además, que ese déficit debería converger a cero una vez que, por ejemplo, se alcance un determinado nivel de ingreso per cápita o de pobreza y desigualdad.

Educación escolar: US$ 2.790 millones
Educación parvularia: US$ 930 millones
Educación superior (perfeccionamiento de apoyos estudiantiles): US$ 620 millones
Educación superior (apoyo investigación y universidades complejas): US$ 460 millones
Impuesto negativo a los ingresos (subsidio al empleo): US$ 910 millones
Reforzamiento del Pilar Solidario Pensiones: US$ 990 millones
Salud con especial énfasis en atención primaria: US$ 960 millones
Reducción de déficit estructural a 0,5%: US$ 540 millones

TOTAL: US$ 8.200 millones

 

Todavía insuficiente

Por Carlos Ominami, ex ministro de Economía

Carlos Ominami

“Hay amplio consenso en que las pensiones que hoy día otorga el sistema requieren de un aumento considerable”.

La reforma planteada por el Gobierno es importante en el cuadro chileno. Es, sin embargo, moderada de acuerdo a los patrones internacionales. Suponiendo que ella llegara a recaudar US$ 8.2 mil millones, la carga tributaria alcanzaría en Chile a unos 23 puntos del PIB. El promedio para los países de la OCDE es de 27 puntos de PIB.

No tiene mucho sentido encasillarse en una discusión acerca de la distribución de esos US$ 8.2 mil millones. Hay varias razones para ello. En primer lugar, el proyecto está todavía en debate en el Senado. Habrá que ver cuál será la recaudación de la ley que efectivamente salga del Parlamento. Me temo que sea inferior a lo estimado por el proyecto inicialmente presentado. En segundo lugar, se trata de una reforma progresiva. Los US$ se podrían en teoría recaudar hacia 2017/18. Es decir, corresponderá al nuevo gobierno la definición de los usos del total de los recursos que se espera recaudar. En tercer lugar, esa recaudación podría evolucionar negativamente producto de la marcada desaceleración que está afectando a la economía chilena.

Desde mi punto de vista, tiene más sentido poner en la discusión lo que se estima son las cuestiones más prioritarias.

Lo esencial de la nueva recaudación debiera concentrarse en educación. Un cambio sustantivo en este plano requiere de unos US$ 4.500 millones. Esta cifra resulta de US$ 500 millones para educación pre escolar, US$ 1.500 millones para terminar con el copago en educación básica y media y US$ 2.500 millones para asegurar gratuidad en educación superior.
Un segundo rubro importante es salud. Para resolver los problemas planteados se requiere por lo menos de unos US$ 1.600 millones para financiar la construcción de nuevos hospitales, mejorar la atención primaria de salud y ampliar el número de camas.

Por otra parte, hay amplio consenso en que las pensiones que hoy día otorga el sistema requieren de un aumento considerable. Un reforzamiento del pilar solidario requiere de una cifra que algunos estudios estiman en US$ 1.800 millones.

Por otra parte para sustentar el crecimiento, mejorar la competitividad, diversificar la estructura productiva, etc. es necesario poner en práctica programas que sustenten un amplio esfuerzo de innovación tecnológica. Ésta es un área que todos estiman esencial, pero en la cual los esfuerzos realizados siguen siendo marginales. La puesta en práctica de estos programas necesita de un financiamiento del orden de los US$ 1.400 millones.

Esos cuatro rubros suman US$ 9.3 mil millones. Hay otras necesidades que no están consideradas. Por ejemplo en vivienda, infraestructura, seguridad ciudadana.

Este ejercicio muestra que la cifra de US$ 8.200 millones, suponiendo que se pudiera alcanzar una vez que la reforma entrara en régimen, es insuficiente para financiar adecuadamente el conjunto de necesidades planteadas. De manera progresiva, Chile debiera acercarse a una presión fiscal del orden de los 25 puntos de PIB, todavía por debajo del nivel promedio de la OCDE. •••

Educación preescolar: US$ 500 millones
Fin copago educación básica y media: US$ 1.500 millones
Gratuidad educación superior: US$ 2.500 millones
Salud (construcción de hospitales, más camas y mejor atención primaria): US$ 1.600 millones
Pensiones (reforzar Pilar Solidario): US$ 1.800 millones
Competitividad, innovación: $ 1.400 millones

TOTAL: US$ 9.300 millones

 

Combatir la inequidad

Por Mario Waissbluth, presidente Fundación Educación 2020

Mario Waissbluth

“El país ya no da más en educación, cuyo gasto público es 4% del PIB, comparado con 6% en la OCDE”.

Sin pronunciarme sobre la manera de recaudar los recursos, tema que desconozco, aumentar la recaudación en US$ 8 mil millones anuales, adicionales al crecimiento tendencial, es ineludible si no queremos que el país se desmorone en su ya escasa cohesión social, y su crecimiento se estanque por carencia de incrementos de productividad.

Estos recursos debieran repartirse del orden de US$ 5 mil millones anuales en educación, mil millones de dólares en salud, mil millones de dólares en pensiones, y el remanente en el reforzamiento de varias instituciones públicas.

El país ya no da más en educación, cuyo gasto público es 4% del PIB, comparado con 6% en la OCDE. Los problemas de calidad (mediocre y estancada), inequidad de resultados (peor que América Latina), segregación (la peor del mundo), desmoronamiento de la educación pública, y una educación superior que ha culminado en una oferta cara y fraudulenta para una fracción significativa de estudiantes, son conocidos.

Las prioridades dentro de educación deberán mutar en el tiempo. En una primera etapa, deben destinarse prioritariamente a preescolar, carrera docente y parvularia (que absorberá US$ 2 mil millones anuales), rescate de la educación pública, desegregación, educación técnico profesional, y marginalmente a gratuidad en educación universitaria. A medida que transcurra el tiempo y estos problemas se vayan solucionando, el énfasis debe traspasarse a gratuidad en educación superior, pero en un modelo corregido, avanzando hacia la desaparición de las fronteras entre universidad, instituto y CFT, por medio de “universidades politécnicas”.

Los indicadores agregados de salud (mortalidad y esperanza de vida) son comparables a la OCDE, pero no así los de indignidad en el trato, y de una vida incapacitada por enfermedades crónicas en mayores de 50 años. La mayor parte de estos recursos debieran ir a salud primaria. El mismo razonamiento se aplica a pensiones: otra de nuestras bombas de tiempo es la creciente población de adultos mayores pobres y enfermos crónicos.

Por último, el país tiene una serie de instituciones públicas famélicas, inconsistentes con los desafíos del futuro. Por nombrar algunas: ONEMI, CONAF, SERNAGEOMIN, Municipios, Gobiernos Regionales, Medio Ambiente, la capacidad analítica del Congreso, gestión del agua. •••

 

La Srta. Lidia

Por Martín Subercaseaux, miembro del Consejo Político de Evópoli

Martin Subercaseaux

“El mejor destino para los recursos que se están solicitando es formar miles y miles de profesores excelentes”.

Si el ministro Eyzaguirre en vez de estudiar en un colegio de “imbéciles” hubiera empezado en la Escuela Rural de Tapihue, pondría sus énfasis en otro lado del problema. La Srta. Lidia se las ingeniaba para enseñarnos a 120 niños en una sala de clases. Primera preparatoria en la parte delantera, segunda al medio y tercera al final. En una corrida de bancas y mesas todos los niños y en la otra las niñas. Más de cien niños campesinos, hijos casi todos de padres analfabetos, aprendimos nuestras primeras letras ahí.

No volaba ni una mosca, la profesora, varilla en mano, enseñaba algunas letras en primera y mientras los más chicos hacían palotes, se iba a segunda a explicar los decimales, dejaba a éstos con unos ejercicios y seguía con tercera. A fin de año venía una comisión de Cauquenes, tomaba los exámenes y eran escasos los que repetían. Nadie preguntaba de quién era el inmueble, si había copago o cómo se seleccionaba a los postulantes. Lo único que importaba era lo que sucedía en la sala de clases. Lo verdadero y relevante era el esfuerzo y el talento de la Srta Lidia.

Y eso es lo que me preocupa de esta reforma educacional. No se habla de lo que sucede en la sala de clases. Se pierde el tiempo estigmatizando a sostenedores que cobran en promedio $12.000 mensuales y que no son precisamente multinacionales de la educación.

Se olvida que los colegios municipales reciben $22.000 mensuales más de subvención que los particulares y que, pese a ello, cada año se van más niños de éstos, probablemente porque los padres incautos se dejan seducir por el impresionante marketing de su competencia.

Creo que el mejor destino para los recursos que se están solicitando es formar miles y miles de profesores excelentes, capacitar e incentivar a todos los actuales y pagarles a todos los que se merecen por una de las labores más trascendente que pueda realizar un ser humano: ser maestro de nuestros hijos. •••

 

Educación y ahorro

Por Hernan Larraín, director Ejecutivo de Horizontal e Ignacio Paro, subdirector de Horizontal

Larraín y Paro

“Usaríamos US$ 2.050 millones para aumentar el ahorro público, cerrando así el déficit estructural”.

Consideramos que para lograr una sociedad más justa y reducir las brechas de origen, la prioridad debe ser la educación. En esta línea, pensamos que –en caso de haber disponibles US$ 8.200 millones– se debiesen destinar US$ 5.800 a tal ítem, enfocados en la educación inicial y escolar.

En educación inicial se debiesen gastar US$ 1.000 millones, destinados a aumentar la cobertura, pero principalmente a mejorar la calidad a través de mayores subvenciones. También se incluye en tal gasto la extensión de la beca vocación de profesor para las educadoras de párvulo.

En educación escolar se deben aumentar fuertemente las subvenciones, las que suplementadas en US$ 4.500 millones significarían un aumento promedio de la subvención de alrededor de 80%, el que debiese ser usado principalmente para reformular el sector docente. Por último, asignaríamos US$ 100 millones para aumentar las subvenciones de la educación técnico-profesional y US$ 200 millones para consolidar el sistema de créditos de educación superior y rediseñar el sistema de acreditación.

En la línea económico-social, una buena medida sería potenciar los subsidios al trabajo aumentando la cobertura e incluyendo a los hombres, lo cual costaría US$ 150 millones. También duplicaríamos el gasto de rehabilitación de viviendas sociales, lo que tendría un costo de US$ 100 millones.

En la línea político-institucional existe un grupo de medidas que creemos importantísimas para la modernización de nuestro país: la creación de una agencia evaluadora de políticas públicas independiente, el rediseño del financiamiento de la política y el fortalecimiento del sistema de Alta Dirección Pública para disminuir la dependencia política de los altos cargos. Lo anterior tendría un costo de alrededor de US$ 100 millones.

Finalmente, usaríamos los US$ 2.050 millones restantes para aumentar el ahorro público, cerrando así el déficit estructural y asegurándonos una posición fiscal sólida que nos permita enfrentar escenarios más complejos en el futuro.

Foco en preescolar y escolar

Por Gonzalo Blumel, director ejecutivo Avanza Chile

Gonzalo Blumel

“Para avanzar hacia una sociedad más justa y con mejores oportunidades, una alternativa es extender el Ingreso Ético Familiar”.

Si bien existe consenso en la necesidad de aumentar los recursos para la educación, las autoridades aún no precisan con claridad el destino que le darán a estos fondos. Peor aún, se sabe que gran parte serán usados para financiar la compra de colegios particulares subvencionados (los “fierros”), y para brindar gratuidad en la educación superior (incluso a los “poderosos de siempre”).

En primer lugar, el foco debiese estar puesto en la educación preescolar y escolar. Como mostró elocuentemente la prueba SIMCE, la brecha de rendimiento entre los estudiantes de nivel socioeconómico bajo y alto prácticamente se duplica entre 2° básico y II medio. Es por esto que debiese promoverse el acceso universal y gratuito a salas cunas y jardines infantiles, en el marco de una nueva institucionalidad que asegure la calidad (US$ 900 millones). En materia escolar debiese modernizarse la carrera docente, mejorando su formación, incentivos y exigencias (US$ 500 millones). También resulta primordial aumentar la subvención escolar, llevándola en el caso de los alumnos más vulnerables a lo menos a $150 mil mensuales, monto similar a los estándares de la OCDE (implicaría duplicar la SEP y aumentar en un 50% la subvención escolar, lo que costaría US$ 3.300 millones). En la misma línea, debiese extenderse la subvención preferencial a la clase media (US$ 500 millones). En materia de educación superior, convendría avanzar hacia un sistema que permita estudiar gratis, pero pagar al momento de egresar en función de las remuneraciones, tal como lo propuso el gobierno anterior, combinando un sistema de becas y créditos subsidiados contingente al ingreso, siguiendo las recomendaciones y prácticas mayoritarias de la OCDE (US$ 300 millones). En resumen, dos tercios de los recursos serían destinados a educación.

Para avanzar hacia una sociedad más justa y con mejores oportunidades, una alternativa es extender el Ingreso Ético Familiar, fortaleciendo el Subsidio de Empleo Femenino (US$ 200 millones). También debiese seguir fortaleciéndose la salud primaria a través de aumento del per cápita en un 20%, así como la infraestructura de la red pública de hospitales, la formación de especialistas y la libre elección para todos los usuarios de FONASA (US$ 800 millones).

Por último, y con el objetivo de redistribuir los recursos de los impuestos en beneficio de los sectores más vulnerables, podría reducirse el IVA en un 1%, de forma de cumplir la promesa hecha por la Concertación en cuanto a que las sucesivas alzas que aplicó serían transitorias (US$ 1.200 millones). •••

Gobernar con objetivos

Por José Ramón Valente, Econsult

Jose Ramon Valente

“Hay algo que no puede quedar afuera: hay que mejorar la calidad de los docentes”.

Antes de gastarse un peso más, el gobierno chileno requiere comenzar a gobernar con datos y objetivos concretos y dejar de lado las consignas. Chile tiene condiciones de país desarrollado en muchos rankings internacionales: en el manejo macroeconómico, la estabilidad política, los niveles de corrupción y hasta el nivel de desarrollo humano que calcula la ONU. En cambio, cuando comparamos la calidad de nuestra educación escolar, Chile vuelve a ser un país subdesarrollado.

Los chilenos mayoritaria y transversalmente están conscientes de la necesidad de impulsar políticas públicas que tengan como objetivo nítido mejorar la educación de nuestros jóvenes. Por alguna razón difícil de entender, en vez de enfocar la reforma educacional y su financiamiento, vale decir la reforma tributaria, en este objetivo, el Gobierno ha decidido enviar proyectos que nada tienen que ver con él.

La reforma tributaria está diseñada en torno a una consigna, “los que más ganan deben pagar más”. Lo cual nada tiene que ver con el propósito original que era buscar formas de financiamiento para la reforma educacional. Por su parte, la reforma educacional nada dice de mejorar la calidad de la educación. Como quien saca un conejo de un sombrero, ahora los ejes del proyecto de reforma educacional son el término del lucro, la prohibición de que los padres aporten a la educación de sus hijos, es decir, el término del copago, y hacerle la vida más difícil a los alumnos más talentosos y esforzados, en palabras del ministro, sacarles los patines a los alumnos más talentosos. Ninguno de estos tres elementos tiene nada que ver con el objetivo original que es mejorar la calidad de la educación.

Si retornáramos a la sensatez, y elaboráramos un plan de financiamiento adecuado para la reforma tributaria, obviamente que habría que gastarse la plata en educación, pre básica, básica, y media y no en la gratuidad universitaria. Habría que reforzar los programas exitosos como el subsidio a la mujer trabajadora, que tiene el doble beneficio de permitir que los niños de más escasos recursos comiencen tempranamente su educación formal y a la vez mejorar la dignidad de sus madres. Habría que subir la subvención preferencial que permite acceder a una mejor educación a los escolares de más bajos recursos y habría que entregarles a los padres de los sectores más necesitados un subsidio para que elijan una sala cuna y un jardín infantil para mandar a sus hijos. La lista puede ser muy larga, pero hay algo que no puede quedar afuera de ella: hay que mejorar la calidad de los docentes. El maestro es el principal responsable de la educación en el colegio. Lamentablemente, el mismísimo Colegio de Profesores ha sido uno de los principales impedimentos para que esto suceda. •••

 

El costo de la modernidad y solidaridad

Por Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial

MEO

“El total de las reformas en educación, salud, vivienda, previsional y desarrollo productivo demandará una suma mínima de US$ 13.000 millones, aproximadamente el 5,5 del PIB”.

Lo que parecían circunstancias inherentes al modelo de desarrollo de nuestro país –entiéndase por ello lucrar en educación y en salud con fondos públicos, contar con un sistema previsional que garantiza una pensión promedio inferior al sueldo mínimo, no tener ni siquiera un laboratorio nacional de medicamentos que pueda garantizar accesibilidad a bienes de primera necesidad, entre otros ejemplos– se transformaron en la cara más cruel de un sistema que dejó hace tiempo de generar consenso.

Hoy más que nunca el desafío es hacer de Chile un país no sólo más justo, libre e igualitario, sino también moderno y competitivo. Lo anterior requiere de reformas de fondo en al menos cinco ámbitos fundamentales: 1) Educación, 2) Salud, 3) Sistema previsional), 4) Vivienda y 5) Desarrollo Productivo.

Los 8.200 millones de dólares que pretende recaudar el fisco con el proyecto de ley de reforma, hoy en su segundo trámite legislativo en el Senado, a mi modo de ver, no alcanzan a financiar las reformas enunciadas en el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Los cambios son imprescindibles para iniciar la construcción de un nuevo Chile y, además, reducir la enorme brecha entre ricos y pobres. Da vergüenza el comprobar que nuestro país figure en primer lugar en los índices que miden la desigualdad entre las naciones que integran la OCDE.

Para cubrir la reforma que ofreció el actual Gobierno, según mis cálculos, sería necesaria la suma de 13.000 millones de dólares; en consecuencia, suponiendo que la reforma tributaria logre recaudar un total de 8.200 millones de dólares, tendríamos un déficit fiscal de 4.800 millones de dólares, lo cual exigiría al Estado recurrir a empréstitos o, en su defecto, gastar los ahorros que Chile tiene en la banca internacional.

Solamente la reforma educacional ascendería a un monto de 5.800 millones de dólares, que se desglosarían de la siguiente manera: 1) aumento de las salas cuna, 500 millones de dólares; 2) el fin del copago, 1.600 millones de dólares; 3) universidades estatales gratuitas, y universidades privadas con arancel diferenciado, 3.000 millones de dólares; 4) acceso a internet en los espacios públicos, 100 millones de dólares; 5) IVA diferenciado, editorial pública, 300 millones de dólares; 6) cultura, 300 millones de dólares. Todos estos ítems son fundamentales para lograr una educación gratuita, universal y de calidad.

En salud, si se quiere lograr un sistema de salud público de calidad sería necesaria la inversión de 2.000 millones de dólares, para cubrir los siguientes ítems: 1) 200 nuevos consultorios, 100 millones de dólares; 2) staff permanente en consultorios, 192 millones de dólares; 3) 18.000 camas-hospital, 1.400 millones de dólares; 4) 10 nuevos hospitales, 1.200 millones de dólares; 5) política nacional de medicamentos, 500 millones de dólares.

El pilar solidario en el sistema previsional tendría un costo de 1.997 millones de dólares; el subsidio “vivir mejor en tu vivienda” costaría 600 millones de dólares; el desarrollo productivo demandaría un gasto de 2.600 millones de dólares. El total de la reforma en educación, salud, vivienda, previsional y desarrollo productivo demandará una suma mínima de 13.000 millones de dólares, aproximadamente el 5,5 del PIB –no los tres consignados en el proyecto de ley que presentó el Gobierno.

El Chile de hoy exige cambios profundos que no pueden seguir postergándose. La recaudación a lograr con la reforma tributaria no alcanza para cubrir las demandas de la ciudadanía. Es un primer paso que se debe aprobar, pero es insuficiente. A veces parece más un casi cambio. •••

 

Educación y capacitación

Por Cecilia Cifuentes y Alejandra Candia, economista y directora del Programa Social de LyD

LyD

Si bien creemos que no son absolutamente necesarios los US$ 8.200 millones que se busca recaudar con la reforma tributaria, en materia de educación si lo que se busca es aumentar las oportunidades de los niños más vulnerables, se requiere un perfeccionamiento y refuerzo a la SEP, que asegure acceso real a cualquier escuela que reciba subvención, independiente del nivel socioeconómico de sus familias. Esta propuesta por si sola podría tener un costo de más de US$ 1.000 anuales, los cuales a diferencia de la propuesta del gobierno, sí serían una inyección directa a los que más lo necesitan.

Por otra parte, en pro de la equidad, un objetivo prioritario debería ser la capacitación laboral. Considerando que cerca de un 40% de los trabajadores no terminó el colegio, es evidente que su opción de mayores ingresos se ve limitada por su capital humano. Si pensamos que durante un período de 10 años se entregue una capacitación efectiva al 5% de los trabajadores cada año, para llegar al 50% más vulnerable, se requerirían cerca de US$ 700 millones al año. El gasto fiscal actual en este ítem es de US$ 400 millones, por lo que habría que focalizar mejor y adicionar US$ 300 millones para lograr un impacto en los ingresos de esos trabajadores.