• 1 junio, 2007

La gente está bastante más al tanto de sus derechos de lo que suponen los políticos y las autoridades. Por Hector Soto
Hay buenas razones para pensar que la expansión y protagonismo de la nueva clase media está detrás prácticamente de todos los grandes cambios que el país ha registrado en las últimas dos décadas. El tema desde luego va mucho más allá de las mediciones estadísticas sobre crecimiento de los ingresos, cobertura de la educación media, profesional o universitaria, cantidad de automóviles, explosión de los malls, desarrollo del retail o creación de nuevos barrios en las ciudades.
El cambio más sustantivo –lejos– tiene que ver con un asunto de empoderamiento y mentalidad. Forjada por las dinámicas del mercado, esta nueva clase media no necesita que los políticos le anden recordando sus derechos y prerrogativas. Más bien es al revés: los políticos deberían comenzar a tener en cuenta más a menudo que están bajo el escrutinio permanente de una percepción ciudadana que ya no admite excusas, que ya no se traga cualquier promesa ni discurso y que no perdona una a la hora de exigir cuentas. Episodios como Chiledeportes, como el Transantiago, como las becas presidenciales, han colocado a las autoridades en la necesidad de entregar demasiadas explicaciones, quizás muy atendibles en muchos casos, pero que igual tienen costos importantes en términos de desaprobación según las encuestas.
La cita que hizo la presidenta al cardenal Silva Henríquez en su último mensaje –la única de su extenso discurso del 21 de mayo–, en la cual el prelado exhortaba al reconocimiento de una serie de derechos –a la tierra y a la vivienda, a la educación y a salud, al trabajo y al descanso, a asociarse y agremiarse, a expresarse e informarse, a la participación en las decisiones públicas y a elegir en conciencia su camino y fe–, al menos respecto de la clase media, está superada. Tan superada que la propia mandataria está enfrentando situaciones y emplazamientos incómodos para la autoridad presidencial en sus visitas a distintos lugares del país. No es que a ella se le estén cargando los dados. Es, simplemente, cosa de ver cómo está reaccionando la gente cuando una cola del supermercado está tomando más tiempo de la cuenta por la impericia de un cajero o la indignación que se desata cuando un tren del metro, congestionando y asfi xiante, sufre ahora un desperfecto con el consiguiente retraso del viaje. La gente está bastante al tanto de cuáles son sus derechos y, fundamentalmente porque siente que está pagando por lo que debiera ser un buen servicio, exige, reclama, y si no encuentra respuestas válidas va acumulando frustraciones o rencores que destruyen los antiguos respetos y lealtades.
Este también es un rasgo nuevo: el debilitamiento o la pérdida de las jerarquías que ordenaron a la sociedad chilena durante décadas, si es que no siglos. En esto ni los políticos ni los grandes empresarios, ni la gente poderosa y ni siquiera la propia Iglesia pueden llamarse a engaño. Posiblemente al cardenal Silva no le gustaría saber que una buena parte de los chilenos para quienes él reivindicaba el derecho a elegir en conciencia su camino y fe, bueno, a estas alturas ya tomaron una decisión que está haciendo de la nueva clase media el sector más descreído del país. La Iglesia sigue gravitando con fuerza en los estratos altos y los sectores populares de la sociedad chilena, pero es un hecho que la autoridad y el magisterio eclesiástico se encuentran severamente amenazados en amplios sectores de la población, resueltamente agnósticos en algunos casos o con muy frágiles conexiones con el mundo de la fe en otros, y que tienen opiniones muy propias en temas como el divorcio, las relaciones prematrimoniales, la píldora y las opciones de vida unidas a la sexualidad.
El cambio también se advierte con fuerza en los medios de comunicación. En cosa de pocos años el antiguo control sobre las audiencias ha cedido lugar a un esquema donde ahora son precisamente las audiencias las que imponen los contenidos. La industria mediática se está adaptando con franca celeridad a las nuevas reglas del juego y la recomposición del mapa de la televisión, la prensa y la radio es un proceso que dista mucho de haber terminado.
En el esfuerzo de adaptación a las nuevas realidades los que se han llevado la peor parte han sido los partidos políticos y el aparato estatal. El Estado, en particular, ha sido bastante menos exitoso que las empresas y los medios en su aggiornamento. Es una ironía que la presidenta Bachelet esté donde está por efecto de la profundidad de los cambios culturales que operaron en Chile en años recientes, pero que su gobierno aparezca sobrepasado en términos de exigencias, demandas y cuentas por cobrar. Ni su desempeño ha estado a la altura de las expectativas ni su proyecto gubernativo se hace cargo de la necesidad de cambiar los ejes de la orgánica estatal. Cuando la presidenta hizo el 21 de mayo último numerosos anuncios en el marco de la mayor expansión del gasto público que el país ha visto en años, una corriente de escepticismo acogió sus palabras. Entre otras cosas porque este cuento no es tan nuevo. El gasto público en Chile subió en proporciones enormes desde 1990 a esta parte y la verdad de las cosas es que para amplios sectores de la ciudadanía esto, más que una solución, fue parte del problema.