• 16 abril, 2008

 

El gobierno obtendría un éxito gigantesco si su segunda mitad está definida por la implementación de un gran acuerdo que reforme la estructura y el funcionamiento del Estado.

 

Veo con mucho interés y expectativa el llamado que el ministro del Interior realizó el pasado 8 de abril en ICARE, para que todas las fuerzas políticas de nuestro país se involucren en un proceso de transformación y modernización del Estado. Concuerdo con el diagnóstico y en la gran mayoría de las propuestas que apuntan a tener un mejor sector público para el Chile del futuro.

Aunque no hay, como lo han dicho algunos sectores, propuestas nuevas en su planteamiento, el hecho de atreverse a hacer este discurso y ponerlo con fuerza en la agenda pública es un gran aporte para Chile. Especial énfasis merece el llamado a orientar los estímulos públicos hacia el resultado, en avanzar decididamente hacia gobiernos locales empoderados, en asumir sin complejos la potencialidad del trabajo conjunto público-privado, en elevar la transparencia y la probidad al más alto de los valores públicos.

Como aporte adicional a las palabras del ministro, creo que se pueden formular tres comentarios básicos. Primero, la reforma debe ser mucho más profunda que la planteada por el premier: el Estado no sólo debe tener el personal suficiente, sino que éste debe ser idóneo, profesional, y los procesos deben ser mucho más eficientes de lo que son hoy. El sistema de alta dirección pública debe extenderse a muchos más cargos. El uso de head hunters que trabajen sobre la base de currículos ciegos debiera ser la regla general, de forma tal que tengamos una administración pública 100% técnica, sin operadores políticos, con estabilidad de gobierno a gobierno y donde los cargos de confianza política sean mínimos.

Una administración profesional es garantía de eficiencia en el uso de los recursos, de estabilidad en la aplicación de las políticas y de mayores grados de confi anza del ciudadano. En definitiva, fortalece nuestra democracia.

Hay que avanzar también hacia la administración descentralizada del Estado. Los municipios necesitan mayores grados de transparencia y profesionalización. No hay duda de que en la medida en que las sociedades avanzan se vuelven más complejas y la aplicación de políticas uniformes para todo el país no es la manera más eficiente de abordar los problemas. Por ello requerimos mayores grados de descentralización, pero eso no será posible mientras no invirtamos fuertemente en el capital humano de los gobiernos locales.

Un segundo problema es la necesidad de que el ministro Pérez Yoma reciba el respaldo del gobierno, particularmente de la presidenta y de la Concertación. Porque si queremos abrir una agenda ambiciosa, que vaya mucho más allá de lo planteado en ICARE, se requiere piso político. No dudo que el titular de Interior es un ministro poderoso, pero eso no basta, aquí se necesitan grandes consensos, que no se van a lograr si no se percibe un respaldo decidido de todos los sectores políticos. El acuerdo alcanzado en su oportunidad entre el presidente Lagos y Pablo Longueira demuestra que es posible y que el país gana con estos compromisos.

La primera mitad del gobierno de la presidenta Bachelet está marcada por el acuerdo para la reforma previsional, que significó un avance enorme para los pensionados y para los más pobres. Esa experiencia demuestra que cuando se une el trabajo técnico serio con el respaldo político, se pueden hacer grandes cosas. El gobierno obtendría un éxito gigantesco si su segunda mitad está definida por la implementación de un acuerdo semejante respecto de la estructura y funcionamiento del Estado. La gracia es que este tipo de éxitos no se obtiene a costa de una derrota de la oposición; al contrario, es un juego en el que todos ganan.

Por último, la oposición cometería un error tremendo si pensara que un acuerdo de este tipo podría favorecer las posibilidades electorales de la Concertación en la próxima elección presidencial y, a la luz de esos análisis, optara por torpedear la iniciativa. Por ello, creo que el país y el gobierno deberían entender que en la reacción de los presidentes de la UDI y Renovación Nacional hay una gran oportunidad, pues ambos han recibido la propuesta con lo que yo llamaría escepticismo constructivo. Vale decir, no se ha criticado el fondo de la propuesta, sino que se ha pedido claridad de su alcance y su respaldo. O sea, si hay audacia para avanzar en cambios mayores, el acuerdo es posible. Esta es una buena noticia para el país.

En momentos en que la economía internacional amenaza con causarnos problemas y en que abundan las disputas internas, casos de corrupción y acusaciones constitucionales de por medio, el ministro Pérez Yoma ha dado en el blanco y ha tomado el toro por las astas, abriendo un espacio diferente para que el país avance. Si todos empujan un poquito más, este carro empezará a moverse en la dirección correcta.