Política y economicismo

Por décadas predominó en Chile la idea –originada en los textos de Milton Friedman, asumida por sus discípulos chilenos, encarnada en la Constitución de 1980 e incluso en sectores del actual gobierno– de que la economía de mercado es la base de un sistema político adecuado. Mario Góngora reparaba en que nos hallábamos aquí ante una especie de marxismo primitivo, según el cual la infraestructura económica es fundamento de la política. La última crisis y la historia republicana chilena son, sin embargo, evidencias de lo contrario.

El orden político es base del orden económico y de tal suerte que, como ocurrió en las semanas recientes, si el orden político se descompone, la economía se resiente. La incapacidad de comprender políticamente la situación, desencadenó una crisis que se venía incoando hace lustros. Esa crisis amenaza hacer caer al país en una recesión. El pacto constituyente alcanzado ha suspendido rápidamente algunos de los efectos económicos más notorios. Lo que cabe esperar, consecuentemente, es que del correcto transcurso del proceso de conformación institucional dependa la recuperación de la economía.

Pero hay todavía más. Ha sido un egregio discípulo de Friedman, Rolf Lüders, quien ha mostrado, en un estudio histórico-económico (“The comparative economic performance of  Chile: 1810-1995”, en: Estudios de Economía 25, 1998), que el período más largo de desarrollo económico nacional, y que va desde 1830 hasta alrededor de 1900, coincide con el período más largo de estabilidad institucional y política en Chile.

Vale decir, hasta donde alcanza la información disponible, no puede inferirse que sea la economía la base de un orden político adecuado, sino, mucho más, un orden político-institucional el fundamento del florecimiento nacional, incluido el desarrollo económico. El pacto constituyente nos permite reparar de nuevo en estas relaciones y de tal suerte que se pueda pensar en el lugar central de la política, entendida como actividad de comprensión de la situación concreta del pueblo en su territorio, incluidas las aptitudes populares y telúricas para las actividades productivas.

Política y moralismo

El tiempo de la política en el que nos introduce el pacto constituyente es, asimismo, una oportunidad para reconsiderar el vínculo entre la moral y la política más allá de los límites estrechos dentro de los cuales él ha venido siendo entendido en el discurso fuertemente moralizante de la izquierda académica y frenteamplista.

El pacto constituyente alcanzado es el resultado elocuente de una negociación intensa, que incluyó importantes transacciones. La política ha irrumpido, entonces, en uno de sus momentos culminantes, como un modo de comprensión en el cual es menester discutir y emplear las fuerzas prospectivas y persuasivas de la mente, pero que también hace necesaria la negociación, el arreglo entre posiciones, la transacción entre intereses que, en muchos casos, lucen ser irreductibles entre sí, indirimibles según argumentos racionales.

Si a un lado hay aún una derecha economicista, existe, al otro, una izquierda académica radical que viene entendiendo a la política como una actividad que coincide, en el ideal, con un proceso público-deliberativo cuyo logro requiere la marginación del mercado como institución, del egoísmo mercantil, del interés puramente individual; incluso del escepticismo, tenido como expresión de ese egoísmo, de una mentalidad de mercado. En esa concepción moralizante, la negociación y la transacción no son consideradas como resultados virtuosos de una moderación de las propias pretensiones, sino, antes que eso, como las viciosas expresiones de una actitud que corrompe el ámbito político y a la praxis público-deliberativa.

De ahí la dramática presión a la que ha estado sometido el Frente Amplio en el proceso que decantó en el pacto constituyente; de ahí las alusiones descreídas e incluso destempladas de algunos de sus miembros a “la cocina”, para referir al lúcido y amplio esfuerzo colectivo de las diversas fuerzas políticas por llegar a un entendimiento basal; de ahí, en fin, el sarcasmo con el cual se habló en ciertos sectores suyos de la transacción, considerada por mentes cerrilmente consecuentes hasta como traición.

Un proceso específicamente político

El pacto constituyente viene a desencadenar un proceso político en sentido descollante. Él rompe, con su sola irrupción, tanto los cercos estrechos de una racionalidad eminentemente económica, tipo Friedman o Libertad y Desarrollo; cuanto las barreras más cerriles de la concepción moralista que domina en una parte del Frente Amplio y en los escritos tipo Atria, que condenan moralmente al mercado como institución, al interés no subsumible al colectivo y hasta al escepticismo.

Se trata ahora, desde el pacto, de un proceso en el cual los diversos sectores quedan persistentemente vinculados por las exigencias de una convivencia compatible, de un lado, con la división institucional y republicana del poder social, y, del otro lado, con la consideración atenta de las pulsiones y anhelos del pueblo en su territorio.

El desafío del tiempo que adviene puede formularse de la siguiente manera: ¿cómo erigir –constituir– un orden social y político en el cual, a la vez, se asegure la libertad mediante una división republicana del poder social, y se abran, adecuadamente, sendas de sentido al pueblo en su tierra, de tal guisa que ese pueblo pueda sentirse reconocido en aquella institucionalidad? La respuesta exige la disposición a entender qué ocurre con el pueblo, pensar en las maneras más adecuadas de lograr su integración, su despliegue territorial; también la disposición a discutir con los otros, a abrirse a los otros, a negociar y transar con los otros, bajo la exigencia política de alcanzar un orden institucional no partisano, en el que quepan todos, incluida su alteridad y sus heterogéneos intereses y concepciones.