Por: Macarena Navarrete, socio principal de EY Chile Habrán escuchado que el fisco es un socio silencioso en nuestros negocios. Aunque no es controlador de nuestro quehacer económico, sí tiene una influencia significativa. ¿Y cómo no iba a serlo, si de las utilidades tributarias se lleva un 25% o 27% en el caso de las […]

  • 22 noviembre, 2018

Por: Macarena Navarrete, socio principal de EY Chile

Habrán escuchado que el fisco es un socio silencioso en nuestros negocios. Aunque no es controlador de nuestro quehacer económico, sí tiene una influencia significativa. ¿Y cómo no iba a serlo, si de las utilidades tributarias se lleva un 25% o 27% en el caso de las empresas y hasta un 44,45% en el caso de las personas?

La relación con nuestro Socio Silencioso ha variado en el tiempo. Solía ser una relación más bien basada en la confianza. Sin embargo, por allá por el año 2000, la relación empezó a deteriorarse y comenzó a desconfiar; las fiscalizaciones se volvieron más duras; el SII empezó a fiscalizar “razones de negocio” y “sustancia económica”; se dictó la Ley Contra la Evasión en 2001; en 2002, el SII comenzó a interponer querellas criminales por el uso de las que después se llamaron empresas “zombies”, mismo año en que se dictó una ley “rápida” para evitar que una minera fuese vendida indirectamente. Aunque hubo altos y bajos en esta relación, a grandes rasgos, podríamos decir que esta siguió deteriorándose hasta que alcanzó su peor nivel al final del gobierno anterior, cuando el contribuyente vio más mermadas sus facultades en beneficio del Socio con Influencia Significativa (fisco).

En agosto de 2018, la actual administración mandó el proyecto de Ley de Modernización Tributaria que parece contener un intento de volver a una relación de confianza. ¿En qué se ve esto? Bueno, salvo el caso de relaciones entre partes relacionadas, el Socio Silencioso estaría volviendo a confiar que el Socio Administrador (contribuyente) se comportaría de forma adecuada y racional en beneficio del negocio común (producción de utilidades).

Es así como el proyecto de ley propone que se puedan castigar los incobrables que permanecen impagos por más de 365 días y se presuma que los precios pactados entre independientes son de mercado. Esto es, en el negocio común con el fisco, se estaría presumiendo una buena fe al Administrador (contribuyente) ampliándose sus facultades. El Socio Silencioso (fisco) asumiría que sus intereses y los del Socio Administrador coinciden y que este último ha hecho todo lo razonablemente posible para que al negocio le vaya bien.

La nueva buena ola no llegaría al extremo de todos modos, pues lo que ocurre entre partes relacionadas seguiría siendo sospechoso. Así las cosas, habría que sumar los ingresos de partes relacionadas para determinar si se puede optar al beneficio de la Cláusula Pyme, o para acceder a la flexibilización de requisitos en los pagos medioambientales o por cláusulas penales. El Socio con Influencia Significativa aún estaría preocupado de que no se le hiciera trampa fraccionando las empresas o llevando a cabo pagos indebidos a partes relacionadas.

Hay uno que otro problema en todo caso, porque más de uno quiere ser la voz del Socio Silencioso. El gobierno pretende ser su voz estableciendo nuevas reglas que propendan a la confianza y la Asociación de Funcionarios del SII quiere ser la voz de quien no habla defendiendo sus, hasta ahora, crecientes facultades. Solo nos queda esperar para saber con qué voz hablará el Socio Silencioso finalmente.