La inédita experiencia de primarias de la Concertación fue ninguneada por la derecha. El presidente de la UDI las calificó de “secundarias “.Pero tal punto de vista olvida el valor de consultar a los ciudadanos en las designaciones de los candidatos en un sistema político cerrado como el nuestro.

Recuerdo haber escuchado a Jaime Guzmán, en los inicios de la transición, hacer un entusiasta alegato en contra de la elección directa de los alcaldes. Así lo hizo también al considerar superiores los méritos de los senadores designados respecto de los elegidos por la ciudadanía. La restricción a la democracia representativa, bajo distintos pretextos, es una matriz de pensamiento muy instalada en ese sector de la derecha chilena.
Quizás no exista conciencia de que estamos construyendo un polvorín. La percepción de una sociedad desigual y de abusos es acompañada por un sistema político excluyente que la gobierna y la hace inmutable. Porque, junto a la crítica al modelo económico, surge también en el discurso de los intelectuales más respetados por el liderazgo social alternativo, tales como Gabriel Salazar, una dura crítica a la democracia del modo en que la hemos conocido en el siglo 20, antes del golpe de Estado y, por cierto, a la que hemos vivido desde el fin de la dictadura.
Después de las movilizaciones estudiantiles y regionales del año pasado, una de las reflexiones más recurrentes fue la importancia de reformar el sistema para conseguir tres propósitos de gran valor simbólico e institucional: incrementar los espacios de representación, ampliar la competencia entre quienes disputan esta representación y aumentar el número de electores.
Pero el balance es desalentador: con la excepción de la ley de inscripción automática y voto voluntario (de impacto impredecible), nada ha pasado. Todo parece inmutable.
La ley de primarias está paralizada, el propósito de cambios al binominal está desaparecido, la elección directa de los consejeros regionales duerme en alguna comisión del Parlamento, el voto de los chilenos en el exterior se fue al olvido.Ni qué decir de las ilusiones abiertas por el acuerdo RN-DC que hablaba de cambiar el régimen de presidencialismo precario que tenemos actualmente en Chile.
Pese al crecimiento de la economía y del empleo, los conflictos sociales aumentan y se refuerzan por la falencia de las instituciones y una ausencia de diálogo político. Y se hacen cada vez más violentos. No es inédita esta escalada. La única solución a un problema de esta naturaleza es un mejor gobierno que resuelva problemas y no los agudice. Y también, que se desplieguen reformas que ofrezcan a los ciudadanos la esperanza de instituciones más abiertas a todas las sensibilidades y más disponibles a escuchar y acoger demandas.
Es sorprendente que en el contexto en que los conflictos se empiezan a resolver a punta de barricadas y fuerzas especiales de Carabineros, y cuando se perciben crecientes problemas de gobernabilidad en el país, se insista en no enfrentarlos partiendo por dotar de prestigio y legitimidad a nuestras instituciones políticas. ¿Qué se espera?
El gobierno tiene la responsabilidad de poner urgencia a los proyectos ingresados en el Congreso y la Concertación, que tiene mayoría en el Senado, posee la fuerza para presionar por que se muevan o que al menos se debatan.
Probablemente exista un sentimiento transversal entre algunos parlamentarios en cuanto a mantener el estatus actual y no dar más poder a los consejeros regionales, negarse a reformar el binominal, no acelerar ni hacer obligatorias las primarias y, por cierto, no limitar las reelecciones. Pero no son todos. Y es urgente que se demuestre que tampoco son la mayoría.
Es obvio que el lanzamiento de candidaturas presidenciales, en cada uno de los bloques, provoque más morbo y entusiasmo, pero es inconcebible que el perfeccionamiento de las instituciones democráticas quede una vez más postergado. Esta es una irresponsabilidad mayúscula. Se requiere que el gobierno y la oposición asuman su gran responsabilidad, retomen el trabajo y concreten la agenda que duerme en las comisiones del Congreso.