Tres jovenes formaron la fundación Proyecto B, cuya misión es apoyar a través de capacitaciones remuneradas o de acceso a préstamos a menores de 18 años condenados por robo o hurto, para que puedan emprender. Pero el respaldo tiene una condición: el que vuelve a delinquir pierde su –probablemente única– oportunidad. Así de claros. Y les ha ido bien. Por Carla Sánchez M.; Fotos, Verónica Ortiz y Luis Cáceres.

 

 

  • 10 marzo, 2011

 

Tres jovenes formaron la fundación Proyecto B, cuya misión es apoyar a través de capacitaciones remuneradas o de acceso a préstamos a menores de 18 años condenados por robo o hurto, para que puedan emprender. Pero el respaldo tiene una condición: el que vuelve a delinquir pierde su –probablemente única– oportunidad. Así de claros. Y les ha ido bien. Por Carla Sánchez M.; Fotos, Verónica Ortiz y Luis Cáceres.

 

Es una de las típicas tardes de febrero. Esas en las que el calor aletarga todo. Pese a ello, más de 70 jóvenes deambulan por el patio de la sección juvenil de la cárcel de Puente Alto. Lucen los mejores modelos de zapatillas. Todas nuevas. Unos toman mate, otros conversan y varios están simplemente ahí, esperando que pasen las horas. Los días. Los años.

Por los pasillos aparece Rafael Rodríguez, psicólogo de profesión y creador de Proyecto B, un plan cuya misión es reinsertar a jóvenes infractores de ley. “Hola, compadre”, le dice uno. “Este es un grande”, nos dice otro.

Tras callejear un rato por la cárcel, ingresamos a una sala con 5 computadores. En las murallas se leen las normas del taller de alfabetización y animación digital: no faltar al respeto; los problemas de afuera no entran al taller y el que sabe más ayuda al que sabe menos. Esa es la idea: promover el respeto mutuo y que los jóvenes reclusos aprovechen la oportunidad que esta fundación les ofrece.

Equipo de Proyecto B: Agustín Riesco, director comercial, Rafael Rodríguez, director ejecutivo, y Francisca Rivas, directora comunicaciones.

A juicio de Rodríguez, el modelo de reinserción actual no funciona. Según las cifras que maneja, el 70% vuelve a delinquir. ¿Las razones? “Si nos ponemos en las cabezas de estos jóvenes, es muy difícil dejar de robar, porque no ven otras alternativas. Si algunos quisieran empezar un negocio no podrían hacerlo porque los bancos no les dan préstamos. ¿Quién le va a prestar a alguien que tiene una condena? Además, tienen baja escolaridad y sus papeles están manchados. En general, las ofertas laborales no compiten con el delito”.

A través del emprendimiento, Proyecto B busca reintegrar a los jóvenes en la sociedad (ver recuadro). “Hay algunos que no son emprendedores. Por eso, existen empresas dispuestas a prestar otro tipo de ayuda. Entonces nos dimos cuenta de que podíamos generar una segunda línea de intervención: las capacitaciones remuneradas”, comenta Agustín Riesco, cofundador y director comercial de Proyecto B. La idea es ofrecerles una posibilidad concreta de trabajo que compita con los beneficios de seguir cometiendo delitos, porque hasta los 17 años “el costo de delinquir es prácticamente cero. Si te pillan, te condenan, por ejemplo, a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Pero a los 18 –edad en que comenzamos a trabajar con ellos– la ley cambia, por lo que aumenta significativamente el costo de delinquir. Es ahí cuando le asignan más valor a la libertad. Y, también, cuando tienen que decidir si siguen delinquiendo, con el costo asociado que ello implica”, agrega este ingeniero comercial. ¿Tienen claro cuál es el precio? “Son muy pillos, saben qué robar para que les den una menor condena. Si roban menos de 2 UTM es hurto, por lo que la pena es más baja”, detalla.

La realidad es cruda. Por ejemplo, C.I. (sus iniciales) está condenado a 7 años por cometer 4 robos con intimidación. Algo común dentro de su ámbito. Nos cuenta que “cuando vives en una población, levantas una piedra y encuentras una pistola”. Lleva 30 meses preso –habla de meses y no de años, porque transcurren más rápido–. “Mi problema no pasa por la droga, sino por otros factores. Cuando uno nace en un entorno de pobreza y riesgo social y ve que alguien que tiene más que uno… hace cosas que a la larga son negativas. Pero cuando uno es más chico, lo ve positivo, te vistes bien, comes, etc.”, explica C.I. mientras mueve el mouse. En este taller aprendió a hacer tablas en Excel, presentaciones en Power Point y, ahora, se prepara para hacer animaciones digitales. Emu Films se encarga de dictar las clases. “Televisa se comprometió con estos jóvenes para digitalizar los dibujos de la revista Condorito. Y van a pagar por ello. Así, cuando terminen su condena tendrán algo de dinero. Porque si sales de la cárcel y no tienes nada, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a robar?”, se pregunta Rodríguez.

“La” oportunidad

El próximo 4 de abril, R.T. (sus iniciales) empieza su capacitación pagada en Komatsu Cummins, empresa que distribuye maquinaria de alta tecnología a los sectores minero, construcción y forestal, entre otros. Fue elegido con pinzas. Cada mes recibirá 150 mil pesos, más un bono de locomoción y almuerzo. Sabe que será contratado si lo hace bien. De hecho, ese es justamente uno de los compromisos que asumen las empresas que adhieren al programa. También sabe que sólo tiene una oportunidad para no volver a caer.

Las capacitaciones operan en conjunto con privados. Proyecto B selecciona a los candidatos y las compañías se comprometen a capacitarlos, lo que incluye una nivelación de estudios. “Una de las tendencias mundiales es que las empresas, al no encontrar mano de obra calificada en el mercado, la capacitan puertas adentro”.

A los empresarios les dicen “lo que te vamos a ofrecer es un negocio arriesgado. Pero es lo mejor que te podemos ofrecer dentro de este grupo”, anota Rodríguez.

“No podemos pecar de asistencialistas. Si los jóvenes ven que tienen a su alcance un sistema que los va a apoyar una y otra vez, no le agarran el valor a la oferta. Nosotros les hacemos firmar un contrato que establece que tienen una sola oportunidad con nosotros y depende de una sola cosa: que no vuelvan a cometer un delito”, puntualiza Rodríguez. Algo que R.T., a sus 18 años, tiene más que claro: “una hermana mía está presa por microtráfico de pasta base. Yo no puedo seguir robando. Si caigo preso, mi familia quedaría tirada”, concluye.

Pese a que aún está en fase piloto, Proyecto B ya suma 20 casos en capacitación y 5 en emprendimiento. Trabaja con una red de 30 voluntarios, municipalidades (Colina, Lampa y Quilicura), fundaciones (Probono y Banigualdad) y la empresa privada (Gespro, Komatsu Cummins y Emu Films). Se concentra en con jóvenes condenados por robo y hurto, delitos asociados a la falta de dinero. Algunos están presos, otros cumplen reclusión nocturna y un tercer grupo está en libertad. Fuera del programa quedan los jóvenes con una adicción activa o con problemas siquiátricos severos. “Tenemos casos de muchachos que han tenido problemas de consumo en su historia, pero no podemos gastar recursos ni tiempo en un problema que es primero de salud”, detalla Rodríguez.

En lo que sí gastaron tiempo y recursos fue en echar a andar la fundación. Y los comienzos no fueron fáciles. Cuando partieron, en marzo de 2010, un cura jesuita le dijo a Rodríguez: “mira, creo que esto no va a funcionar, pero ya tienes una idea muy buena en la cabeza y no podrías vivir tranquilo si no lo haces”. Un impulso que lo motivó a seguir puliendo el plan, hasta que llegó a oídos del presidente de Codelco, Gerardo Jofré. En una reunión les advirtió que “casi todo depende de la gestión. Hay ideas malas, que siempre van a fracasar. Hay otras regulares que, con buena gestión, pueden mantenerse a flote; y hay ideas muy buenas que con una gestión adecuada pueden llegar a ser grandes empresas. Creo que tienen una excelente idea”. Por estos días, Jofré asiste 4 veces al año a las reuniones del comité asesor de Proyecto B, que también integran, entre otros, Miguel Bejide (Fundación Miguel Kast), Patricio Cordero (Banigualdad), Ciro Colombara (abogado, fundador de Probono), Janet Spröhnle (People and Partners), Javiera Blanco y Catalina Droppelmann (Paz Ciudadana).

Rodríguez & compañía saben que Proyecto B no es la panacea para terminar con la delincuencia, aunque hasta ahora tienen una tasa de reincidencia del 4% en 6 meses de trabajo. Este año pretenden aumentar a 40 los casos de capacitación y a 10 los de emprendimiento. “Ya con un número más grande podemos sacar mejores conclusiones y generar una política pública para el trabajo con jóvenes infractores de la ley”, anticipa Riesco. De hecho, según relatan, el Instituto de Economía de la Universidad Católica, a través del J-PAL (centro de investigación sobre desarrollo y pobreza), quiere trabajar con la fundación. Pero antes necesitan unos 500 casos. “Ahí tenemos un incentivo para llegar lejos”, confiesan. Y si de distancias se trata, ya están preparando su arribo a Concepción, una más de las novedades que tienen para este año. La otra es que el Sename les financiará el costo del equipo de trabajo durante todo 2011.

“Para ser delincuente tienes que reunir una serie de habilidades: astucia, liderazgo, capacidad para tomar riesgos, fidelidad –muchos están presos por no delatar a sus compañeros–. Si somos capaces de reorientar todas esas destrezas hacia el camino del trabajo y del emprendimiento, probablemente logremos generar un cambio”, deducen.

El modus operandi del emprendimiento
Los jóvenes que acceden al grupo de emprendedores pueden obtener préstamos de hasta 1 millón de pesos. El destinatario es la madre del candidato la que, además, opera como cobradora y se le paga con el 15% del total de lo recuperado. De no devolver el dinero se inician acciones legales. El emprendimiento cuenta con el apoyo de una red de voluntarios, –capacitadores– empresarios y distintas instituciones. Una vez que el usuario devuelve el dinero prestado, inicia el siguiente emprendimiento.

Las reglas las tienen claras. F.B., quien a los 16 años fue condenado por robo con intimidación, recibió un préstamo para montar un almacén en Lampa.

Hoy, María, su señora, atiende el negocio mientras F.B. trabaja en la construcción. “Ha sido complicado lo que hemos tenido que pasar para estar bien”, comenta esta joven de 19 años mientras sostiene a una hija en cada brazo. Según cuenta, aún no obtienen ganancias, pues todos los ingresos se destinan a pagar la deuda y a seguir creciendo: “nuestra idea es montar un minimarket. Queremos comprar máquinas para poder vender cecinas y lácteos”.