BUENOS AIRES — Históricamente, las investigaciones por corrupción en Argentina han avanzado a un ritmo lentísimo y trabajosamente a través de un sistema judicial laberíntico, que a menudo se considera comprometido con los que tienen el poder y poco dispuesto a declararlos responsables. Sin embargo, en las últimas semanas, los argentinos se han quedado pasmados […]

  • 27 agosto, 2018

BUENOS AIRES — Históricamente, las investigaciones por corrupción en Argentina han avanzado a un ritmo lentísimo y trabajosamente a través de un sistema judicial laberíntico, que a menudo se considera comprometido con los que tienen el poder y poco dispuesto a declararlos responsables.

Sin embargo, en las últimas semanas, los argentinos se han quedado pasmados por una serie de acontecimientos súbitos en una enorme pesquisa por corrupción: al menos veintiséis arrestos de actores importantes, con quince de los detenidos aún en prisión.

Esta serie de arrestos fue seguida rápidamente por una carrera sin precedentes entre quince empresarios prominentes y dos políticos de alto rango para llegar a acuerdos con los fiscales, comprometiéndose a contar todo lo que saben.

Luego, la semana pasada, los investigadores allanaron propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina.

“Todo este proceso es completamente nuevo en Argentina”, dijo Manuel Garrido, un exfiscal anticorrupción que renunció en 2009 a modo de protesta después de que muchos de sus casos llegaran a un punto muerto. “Realmente no tenemos idea de a dónde nos puede llevar”.

La investigación actual comenzó cuando un juez obtuvo unos cuadernos que contenían meticulosos registros llevados por Óscar Centeno, el exchofer de un poderoso funcionario del Ministerio de Planificación, quien recogió y entregó bolsas llenas de dinero por toda la ciudad.

Desde que las noticias sobre los cuadernos se hicieron públicas, poderosos personajes del mundo empresarial y del gobierno implicados en el escándalo han hablado, ofreciendo a los fiscales descripciones de un vasto sistema de sobornos que implica contratos oficiales que habrían proliferado durante las administraciones del expresidente Néstor Kirchner y de su viuda y sucesora, Cristina Fernández, quien gobernó el país de 2003 a 2015.

Los cuadernos y otras pruebas relacionadas expusieron una “organización delictiva conformada por funcionarios”, dirigida por los Kirchner y el exministro de Planificación Julio De Vido, que “entre los años 2008 y 2015 buscó el pago de sumas ilegales de dinero de numerosos ciudadanos, muchos de ellos contratistas de obras públicas”, señala un informe publicado el viernes en la noche por la corte de Claudio Bonadio, un juez federal, que conduce la investigación.

Los argentinos han estado tan cautivados por las revelaciones desde que surgieron los cuadernos a finales de julio que el presidente Mauricio Macri comparó el caso con una serie de televisión adictiva.

“Esto es superior a ver Netflix”, dijo Macri, rival político de Fernández, en una entrevista reciente con CNN en español.

Una serie de arrestos por cargos de corrupción, incluyendo a el exvicepresidente Amado Boudou y al exministro de Planificación Julio de Vido, fue lo primero que llamó la atención del país en los últimos meses.

Pero lo que ha mantenido a los argentinos absortos son las colaboraciones a gran escala de figuras tan conocidas, ya que se trata de algo nuevo. Estos acuerdos legales son posibles desde hace poco gracias a una ley firmada en noviembre de 2016, que estableció un mecanismo por el cual los sospechosos de crímenes pueden negociar su indulgencia a cambio de cooperar con los funcionarios judiciales.

Conocida como la “ley del arrepentido”, esta norma permitió acuerdos de reducción de penas en varios crímenes, incluyendo corrupción, narcotráfico y tráfico humano.

Un cambio similar en los procedimientos criminales en Brasil preparó el camino para la investigación Lava Jato, que condujo al existoso juzgamiento de decenas de políticos y empresarios poderosos, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una sentencia de doce años.

Las investigaciones que surgieron a partir de los cuadernos de Centeno, que contenían listas de nombres de contratistas, funcionarios y otros, parecían hechas a medida para la nueva ley, dijeron los expertos.

Las confesiones de delitos comenzaron como un goteo: los líderes empresariales fueron los primeros en hablar, entre ellos un primo de Macri, Ángel Calcaterra. Los reportajes publicados señalaron que estos empresarios primero habían tratado de explicar que el efectivo se trataba solo de contribuciones forzadas para campañas.

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Para ver la entrevista completa de Revista Capital a Diego Cabot, el periodista que destapó el Lava Jato Argentino ingresa aquí.