Director Revista Capital

Puede ser hace cosa de dos años (poco más, poco menos) que The Economist publicó un artículo que entonces pasó un tanto inadvertido por estas latitudes. En su estilo sobrio, riguroso, libre de pulsiones y con la precisión quirúrgica que lo caracteriza, el semanario daba cuenta de un ejercicio estadístico cuyo activo subyacente eran las constituciones políticas a nivel global: básicamente lo que hacía era identificar qué naciones se contaban entre las con mayor estabilidad en sus andamiajes constitucionales y cuáles eran las campeonas mundiales de lo perecedero en materia institucional.

Y bueno, como a estas alturas ya se sospecha, América Latina campeaba (y, por lo visto, aún campea) a la hora de competir por quién lleva más veces al diván a sus sociedades para reformular sus cartas magnas. En cifras: algo así como 16 años es la expectativa de vida de una constitución por estos arrabales, mientras que casi ocho décadas es la vigencia promedio de una carta magna en Europa occidental.

Eso para quedarse con los promedios, porque a la hora de los casos extremos se contabilizaba naciones nóveles que han tenido más de 30 constituciones en poco más de 130 años de existencia, y otras que se precian de mantener las bases fundamentales de sus modelos de sociedad intocados a lo largo de su historia, recurriendo al expediente de las enmiendas y modificaciones legales como forma de adaptación a la realidad cambiante.

En momentos que Chile comienza a recorrer los primeros casilleros en el tablero del llamado proceso constituyente, estas cifras son dignas de tener a la vista, no con el propósito mañoso de desestimar los argumentos de quienes promueven un cambio constitucional, sino que sólo como un insumo que cada cual sabrá cómo agregar a su propio caldo.

En efecto. Porque a la hora de ponderar la racionalidad de un proceso de este tipo las preguntas deben ser: cuán relevante y necesario es para el ciudadano de a pie una nueva constitución, qué se quiere hacer con ella, en qué falla y en qué se puede mejorar (o empeorar, a la luz de las últimas modificaciones legales hechas en el país) el modelo de sociedad en el que conviven los chilenos.

Hoy, sólo una parte de esas preguntas tiene respuesta, ya que las encuestas nos informan que este tema no es prioritario ni comprendido por las personas. Lo que aún no se devela (aunque se intuye) es qué modelo de sociedad quiere establecer la actual coalición mayoritaria de gobierno tan afanada con la reforma, la que más temprano que tarde deberá hacerse cargo de si lo que los chilenos quieren es incorporarse al modelo que ha imperado en los últimos años o lo que buscan es desmantelarlo.

Asumiendo que quienes promueven un proceso de esta envergadura evaluaron el costo-beneficio (para las personas de carne y hueso) de abrir este proceso que se prolongará por años y que, tras explorar otros caminos, concluyeron que no queda otra alternativa, la historia será finalmente la que juzgará las implicancias de lo que estamos comenzando a vivir, una historia que escriben todos y cada uno de sus ciudadanos. •••