• 18 noviembre, 2011

Como nunca desde el histórico presupuesto legislado en 1990, el que se define este año es tan políticamente importante. Hace dos décadas, el sistema pasó la prueba. Hoy, ante el descrédito de las instituciones, el escenario exige del gobierno y de la oposición un esfuerzo mayúsculo. ¿Estarán a la altura?

Esta columna se escribe antes del cierre del presupuesto fiscal de 2012. La discusión de este año ha estado cruzada por el tema educacional. Es un debate que cuestiona el sistema escolar y superior actual; su acceso, el carácter público o privado de su provisión, su discutible calidad y su rol –o no– como factor de movilidad social en nuestra sociedad.
Se discute también cómo se financiará el gasto en educación en el futuro, el que obviamente será creciente. Y si la sustentabilidad de esos mayores costos se conseguirán vía crecimiento económico, reforma tributaria, venta de activos o a través de una combinación de las formulas anteriores.
Como nunca desde el histórico presupuesto legislado en 1990, en el gobierno de Patricio Aylwin, cuando Sebastián Piñera era un novel pero destacado senador integrante de la comisión de Hacienda, el presupuesto que se legisla este año es tan políticamente importante. No sólo porque le otorga legalidad al gasto fiscal del año entrante, sino porque constituye un verdadero test de esfuerzo para un sistema político extenuado y hostilizado por una ciudadanía exigente y expectante.
En el año 1990 lo que se discutía era cómo se financiaba, vía reforma tributaria, el incremento de las prestaciones sociales (subsidios familiares, pensiones asistenciales, reajuste de los esmirriados salarios del sector público) proveyendo así de nuevos ingresos para los sectores pobres de la población; para aquellos grupos que habían sufrido la crisis de los años 80 y que eran el sustento del apoyo popular a la democracia naciente.
En esa oportunidad, el sistema político pasó la prueba. Más allá del ideologismo anti estatal, más allá de los prejuicios contra la coalición de la centro izquierda, gracias al acuerdo entre la CUT y la CPC (pacto Bustos-Feliú) y el apoyo de la mayoría de los senadores (todavía con nueve designados por el régimen de Pinochet, de un total de 47 integrantes de la Cámara Alta) se logró aprobar, con el voto de parte de la oposición de la época, un presupuesto que ayudó a funcionar a la democracia recuperada. A aquello se le llamó gobernabilidad.
Hoy la historia se repite. El presupuesto que se tramita actualmente es varias veces más voluminoso que el de 1990. Su importancia también es grande. Política y simbólicamente; en el ámbito cultural e institucional.
En primer lugar, la opinión pública evaluará si el gobierno será capaz de liderar este proceso de modo de ordenar su discusión, respecto de lo que se propone y de lo que está en litigio. Probablemente se espera que no se repita el caso, bochornoso, del tratamiento del proyecto del pos-natal o del salario mínimo, donde la impericia respecto del manejo práctico, y también substantivo, transformó en conflictivos un par de asuntos que, en un plan cotidiano de funcionamiento, deberían haber sido resueltos como tópicos de fácil despacho.
Enfrente, la oposición tiene desafíos muy importantes. Primero, deberá ser capaz de articular entre todos sus parlamentarios –una verdadera Babel– visiones comunes que le permitan constituirse en un interlocutor válido del Ejecutivo, el que en este proceso y en nuestro orden constitucional vigente, es el responsable único de organizar la discusión de esta ley.
Porque este Ejecutivo requiere como nunca de una contraparte que ponga los puntos sobre las íes, que fiscalice el cumplimiento del presupuesto del año en curso, que contrachequee y dispute las prioridades, que corrija todo lo que haya que corregir, pero que en su momento, y sin timideces, sea capaz de cerrar los acuerdos que signifiquen avances para el país.
Es importante que se sepa que, aun cuando el gobierno tiene la iniciativa exclusiva para poner y sacar partidas del presupuesto, no tiene los votos para imponer lo que quiera, so pena de meter a toda la nación en un enredo innecesario; más, en un año de conflictos como el actual. Un escenario en que, además, la popularidad del Ejecutivo está tan baja y estamos a las puertas de un 2012 lleno de incertidumbres acerca de la evolución de la economía mundial.

El Congreso y los estudiantes
La significación del rol de la oposición no sólo es importante por la ley que se tramita. Lo es también porque en nuestra actual y chilena geometría política. A ella le corresponde asumir la interlocución con los movimientos estudiantes que han protagonizado el año. Éstos, sin embargo, se han planteado explícitamente opuestos, a partir de desconfianzas esenciales, a buscar en una sede legislativa la solución de los problemas educacionales que han planteado con tanta fuerza en las calles de Chile.
Su opinión no es solitaria. Muchas voces intelectuales, Gabriel Salazar la más importante de ellas, cuestionan la democracia representativa y la sitúan como un instrumento esencial en la reproducción del carácter desigual de la sociedad chilena. Salazar, autor de una valiosa obra historiográfica, propone otras formas de ejercicio de la soberanía popular, distintas de las formas tradicionales de representación por delegación a través del voto, clásicamente expresadas en el parlamento.
Pero más allá del apasionante debate que sugiere el historiador Salazar, discusión que no es nueva en la izquierda chilena, lo importante es entender que efectivamente el descrédito de las instituciones, en este momento mayor que nunca desde 1990, requiere ser enfrentado con una doble y contundente respuesta: una profunda reorganización de procedimientos y estructuras y, simultáneamente, con el despliegue de renovadas actuaciones prácticas, abiertas y escrutables.
El problema entonces es de forma y fondo. Formal porque los parlamentarios son depositarios de un mandato de representación que los obliga a legislar. Y aquello deben hacerlo bien y en el tiempo dispuesto. Y de fondo, porque deben intentar sintonizar con esa población que se manifestó masivamente y que ha expresado amplia simpatía por la causa estudiantil, sus demandas y sus propuestas. La oposición, independientemente de plantear críticas a las limitaciones de las instituciones y proponer la urgencia de reformarlas profundamente, está obligada a integrar en los contenidos de la legislación presupuestaria que surja del parlamento progresos tangibles en favor de una mejor educación.
Más que eso, también debería agotar esfuerzos para sumar activamente a los dirigentes más destacados del movimiento estudiantil al debate, para revalidar en ese acto el valor y la utilidad de la democracia y sus instituciones. Y asumir, con esos líderes, que la reforma educacional que Chile requiere exige tanto de acciones inmediatas como de un despliegue de tiempos largos. Y que las soluciones originales que se precisan resultarán de un debate en que se deben tener la convicción y la inteligencia para aportar argumentos lúcidos, pero también para escuchar todos los juicios y las experiencias.
Lo importante es el sentido del proceso que se tiene que poner en marcha. Y la unidad que se requiere para sacarlo adelante. No hay otra.
Es evidente que este no es un presupuesto cualquiera. Ojala no quedemos, al final, en números rojos.